En su informe anual, el Departamento de Estado advirtió sobre la "corrupción institucionalizada" durante la era K y resaltó que el cepo favoreció el crecimiento de los delitos económicos. Destacó que el nuevo presidente "rápidamente" puso en marcha reformas.
Infobae |
Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos planteó esta semana un crítico escenario sobre la realidad Argentina en materia de narcotráfico y lavado de dinero, al advertir sobre la "corrupción institucionalizada" y el favorecimiento de los delitos económicos por la aplicación del cepo cambiario durante el gobierno anterior.
"Esta es la segunda suspensión del intercambio de información entre la FinCEN y la UIF, debido a la divulgación no autorizada de la Argentina de la inteligencia de que la FinCEN había compartido con la UIF. La primera suspensión se llevó a cabo en julio de 2009, y tuvo una duración de tres años y medio. Este es un delito grave y FinCEN está evaluando los siguientes pasos", alerta el trabajo.
De todos modos, el reporte que se presentó el miércoles último ante el Congreso norteamericano resaltó que con la llegada en diciembre de 2015 de Mauricio Macri a la Casa Rosada se pusieron en marcha reformas de política económica para hacer "frente a una serie de problemas económicos, como la alta inflación y las disputas con los acreedores extranjeros".
El voluminoso informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, según la nomenclatura en inglés), de más de 600 páginas al que tuvo acceso Infobae, adquiere especial relevancia porque "se cumple el trigésimo aniversario" de la presentación de ese tipo de relevamiento y porque la Asamblea General de las Naciones Unidas convocará a la comunidad internacional en abril a una sesión especial, la primera en casi veinte años, paraanalizar políticas de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.
En el capítulo sobre la Argentina, el informe advierte que el país enfrenta "un reto significativo la corrupción institucionalizada, el tráfico de drogas, los altos niveles de comercio informal, el contrabando y un activo mercado de cambio informal". En al menos 13 páginas de los dos volúmenes del INCSR, el Departamento de Estado señala los problemas que enfrenta el país en narcotráfico y lavado de dinero y alerta sobre las "fronteras porosas" donde se registran transacciones ilegales, tanto con Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
"Corrupción institucionalizada, tráfico de drogas, altos niveles de comercio informal, contrabando y un activo mercado de cambio informal"
"El contrabando se introduce al país a través de la Triple Frontera, Argentina, Paraguay y Brasil", como así también desde Bolivia, alerta el INCSR, y agrega una definición sobre el cepo cambiario que rigió durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, que al tiempo que buscaba evitar la fuga de divisas y la devaluación, fomentó el mercado informal, más conocido como el dólar blue. "El uso de la administración anterior de controles cambiarios para evitar problemas de balanza de pagos fomentó un floreciente mercado negro de divisas".
"Durante los primeros diez meses de 2015, la tasa de cambio no oficial del dólar era 60 por ciento superior a la tasa oficial del gobierno. Argentina controla el acceso a las divisas para tratar de mantener la baja de sus reservas del Banco Central", indica el trabajo, aunque aclara que Macri "adoptó rápidamente las políticas económicas para hacer frente a una serie de problemas económicos, como la alta inflación y las disputas con los acreedores extranjeros".
Desdolarización fallida
El reporte del Departamento de Estado reconoce que "muchos argentinos prefieren mantener sus ahorros en dólares estadounidenses y/o activos denominados en dólares como una cobertura contra la inflación y la devaluación del peso potencial. Incluso durante los períodos de cambio de divisas más liberales, Argentina tiene una larga historia de fuga de capitales y evasión de impuestos".
"Los argentinos sostienen miles de millones de dólares estadounidenses fuera del sistema financiero formal, tanto a nivel nacional como en el exterior, gran parte de ella legítimamente ganado, pero no gravados. Las vulnerabilidades generales en el sistema financiero argentino también exponen a un riesgo de la financiación del terrorismo", consigna. También resalta que el no pago de impuestos "es el delito determinante en la mayoría de los casos de lavado de dinero".
La descripción que hace el Departamento de Estado revela la fallida política que encaró la administración de Cristina Kirchner, apenas se impuso en 2011 por más del 54 por ciento de los votos, por forzar la pesificación de la economía. José Sbattella fue el funcionario ultrakirchnerista que mejor resumió esa decisión política tomada por la último administración: "Vamos a desdolarizar por las buenas o por las malas", había prometido, pero no pudo lograr.
Filtraciones delictivas
En el informe también se revela que la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos, "suspendió en junio de 2015 el intercambio de información" con el organismo que presidía hasta el año pasado el propio Sbatella, la Unidad de Información Financiera (UIF), debido a filtraciones de datos confidenciales que ahora se investiga en la Justicia por "violación de secretos".
"Esta es la segunda suspensión del intercambio de información entre la FinCEN y la UIF, debido a la divulgación no autorizada de la Argentina de la inteligencia de que la FinCEN había compartido con la UIF. La primera suspensión se llevó a cabo en julio de 2009, y tuvo una duración de tres años y medio. Este es un delito grave y FinCEN está evaluando los siguientes pasos", alerta el trabajo.
También, el Departamento de Estado revela que organismos como la Procelac, que conduce el kirchnerista Carlos Gonella, realizó investigaciones que "se han centrado en la investigación de la salida de divisas y evasión de impuestos", que estaban en sintonía con el objetivo del gobierno de Cristina Kirchner de combatir la compra y venta de dólares.
Como corolario de esas debilidades institucionales, el INCSR incluye a la Argentina entre "los principales países lavadores de dinero", junto a una larga lista de más de 50 países, entre los que están desde las "Islas Vírgenes Británicas, Isla de Man, Zimbabwe y Venezuela", a "Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia". Para los Estados Unidos, un país es importante en materia de lavado de dinero por tener "instituciones financieras que participa en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos y otros delitos graves".
Argentina es mencionada entre los principales países que proveen precursores y productos químicos esenciales utilizados en la producción de narcóticos ilegales
Argentina y sus fronteras
Paraguay: alerta que hay en la Triple Frontera "un centro importante de tráfico de drogas y lavado de dinero, contrabando de miles de millones de dólares, alimentado en parte por la corrupción institucional endémica". En Ciudad del Este "representan el corazón de la economía "informal" del Paraguay, y el lavado de dinero. Además, es uno de los mayores países del mundo de origen de la marihuana del hemisferio occidental: la mayoría se exporta a Brasil y Argentina.
Uruguay: "Desde 2013, ha habido al menos cinco casos de lavado de dinero de alto perfil, incluyendo uno relacionado con la FIFA y varios vinculados a presunto lavado de fondos de Perú, Argentina y España. Producto del delito del blanqueo derivan principalmente de las actividades extranjeras relacionadas con las organizaciones de tráfico de drogas", alerta el INCSR, y resalta que "los servicios financieros offshore de Uruguay atienden principalmente a clientes de América Latina, especialmente a los argentinos de clase media. No es un país productor de narcóticos importante y tiene bajos niveles de relación de droga y corrupción. Sin embargo, los traficantes de drogas extranjeros se aprovechan de sus porosas fronteras con Argentina y Brasil,
Bolivia: "Continúa promoviendo el uso de la coca en otros países al no prohibir la exportación de hoja de coca para el consumo de los bolivianos que residen en la Argentina (prohibidos por la Convención de las Naciones Unidas 1961). Bolivia sigue siendo un país de tránsito de precursores químicos desviados para el procesamiento de cocaína. Un fiscal argentino se quejó públicamente en octubre de 2015 de que la droga boliviana está "invadiendo" la Argentina y ha criticado la falta de cooperación de Bolivia.
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