Simulado. Para la fiscalía, la investigación que dirigieron Brusa y Tripicchio fue una “simulación” y sirvió para procurar impunidad. UNO de Santa Fe/Manuel Testi
El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez impulsó, esta semana, la apertura de la causa que investiga el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, ocurrido entre 1979 y 1991. El funcionario realizó la presentación judicial ante la Cámara Federal de Rosario y reclamó que se revierta el fallo que declaró impertinente la pesquisa. La sentencia judicial cuestionada había sido dictada en 1993 por los jueces Héctor Tripicchio y Víctor Brusa, que luego fue condenado por delitos de lesa humanidad.
El reclamo de Rodríguez fue materializado en un recurso de apelación contra la decisión del juez federal de la capital provincial, Reynaldo Rodríguez, quien había desechado el planteo formulado por la Fiscalía y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La fiscalía pretende que en esta causa se anule lo actuado desde el 25 de abril de 1991,cuando Tripicchio y Brusa dictaron “dos decisiones apoyadas en el desarrollo de una actividad jurisdiccional fraudulenta”.
Por ese motivo, el fiscal requirió que se declare en la causa “la cosa juzgada írrita” o “cosa juzgada fraudulenta”, es decir, dejar sin efecto una sentencia firme cuando se compruebe que se arribó a ella de manera ilegal, y que se siga adelante con la investigación.
Concretamente, la Fiscalía y la Procelac pidieron la nulidad de todo el procedimiento porque “existió un plan de acción común entre Tripicchio, Brusa y el sucesivamente juez y fiscal subrogante Gerardo Yebra, dirigido a simular el curso de un proceso penal con el fin de garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos investigados”.
En efecto, la intervención de Tripicchio y Brusa fue posterior a la separación del caso del juez Raúl Joaquín Dalla Fontana, quien había convocado a prestar “declaración informativa” a eventuales imputados. Dalla Fontana fue separado por la Cámara Federal de Rosario el 7 de marzo de 1991.
El 11 de junio de 1993, luego de una serie de recusaciones y de un nulo avance de la investigación, Brusa decretó el sobreseimiento provisorio de la causa, decisión de las previstas en el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, que es el que se aplica en este expediente, y que implica el archivo de facto de las actuaciones. La causa fue remitida al año siguiente a un Juzgado Civil y Comercial de la 6ª Nominación, de la Justicia ordinaria, donde estuvo sin ningún trámite durante 14 años, hasta que el 4 de febrero de 2008 fue devuelta al Juzgado Federal Nº 1. El juzgado entonces corrió traslado a la fiscal subrogante Cintia Graciela Gómez, quien el 28 de mayo de 2008 pidió que se declare extinta la acción penal por prescripción.
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