el reclamo que le hizo el Consejo de Procuradores al Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak. “Las escuchas deberían ser realizadas por el organismo de investigaciones científicas. Las máquinas que hay que comprar son accesibles”, remarcó De Olazábal.
Diario UNO |
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal propusieron que las intervenciones telefónicas judiciales queden a cargo de las provincias. Lo hicieron durante una reunión de sus representantes con el ministro de Justicia, Julio Alak.
Consultado sobre esto, Julio De Olazábal, Fiscal General, expresó que “las comunicaciones privadas tiene garantías constitucionales. Únicamente se puede vencer esta garantía si algún juez abre una causa. En el orden provincial, los que dan esta autorización son los jueces penales provinciales. Sería bueno que no lo haga un organismo nacional; que lo haga la Justicia provincial. A raíz de la modificación de la ley de inteligencia, el Consejo de Procuradores le pidió al ministro Julio Alak que las provincias puedan manejar las escuchas legales”.
Además, Olazábal agregó en diálogo con LT10 que “las escuchas deberían ser manejadas por las Procuraciones generales en el orden nacional y la fiscalías generales en el orden provincial".
En este sentido explicó: "En nuestra provincia, las escuchas deberían ser manejadas por el organismo de investigaciones científicas. Este órgano sólo depende del fiscal; no tiene contactos con el poder Legislativo y Ejecutivo. Los defensores están pidiendo que este organismo dependa de las Cortes Supremas de Justicia. Este tema está en discusión”.
Consultado sobre quién posee la capacidad tecnológica para escuchar, el Fiscal General sostuvo que “en este momento, las provincias no tienen las máquinas necesarias. Hoy se lo tenemos que pedir a la SIDE. Hoy en días estos aparatos son relativamente baratos. Por lo tanto, las provincias lo pueden comprar”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario