El hombre que llamó a "echar a patadas el gobierno" y "desaparecer funcionarios" en la asamblea del 9 de abril en la Sociedad Rural de Santa Fe, tenía que prestar declaración indagatoria pero su abogado pidió dos días de plazo por hipertensión. Declarará el 11 de noviembre.
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El productor agropecuario que propuso "echar a patadas" a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y "hacer desaparecer" a los funcionarios del gobierno logró postergar su indagatoria hasta después de las elecciones del 27 de octubre, en una causa judicial que investiga a los agitadores de la última asamblea de la Mesa de Enlace, en Santa Fe. Daniel Stechina tenía que declarar como imputado por supuesta "incitación a la violencia colectiva" el 5 de setiembre, pero presentó un certificado médico que le recomendaba "48 horas de reposo" por un cuadro de "hipertensión" para justificar el faltazo. Pidió una prórroga de dos días, pero el juez federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez le concedió dos meses, hasta el 11 de noviembre, a las 10.30. Una fecha en la que ya habrán transcurrido cuatro meses desde el 1º de julio, cuando el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria de Stechina, después de promover la acción penal e imputarlo por un delito que tiene penas de tres a seis años de prisión.
La asamblea de la Mesa de Enlace se realizó el 9 de abril en la Sociedad Rural de Santa Fe. Stechina fue uno de los oradores que arengó a 500 ruralistas de la provincia para voltear al gobierno nacional ("echarlo a patadas"?, dijo) y propuso "métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer" a los funcionarios. "En nuestra zona (Avellaneda, en el norte santafesino) los productores están dispuestos a que este gobierno, o esta porquería que está gobernando, se vaya a patadas", dijo. "Nosotros no venimos para ver si ponemos un político más o un político menos, pero sí sabemos que mientras este gobierno se siga quedando, no va a haber... Entonces, ¿qué se hace? ¿Nos vamos a ir nosotros del país? No. Se van a tener que ir ellos. Ahora, la modalidad, si es por las buenas o por las malas, no sé. Eso va a tener que programarlo las entidades. Pero esto se tiene que terminar (...) hay muchos métodos psicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. El problema es la gente que está en el gobierno... Así que la propuesta es que si vamos a hacer algo concreto y conciso que sea duro, pero duro, duro", tiró.
La investigación se inició el 15 de abril por una denuncia de la abogada Rosana Mattarollo ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, en Capital Federal, que llegó a Santa Fe el 30 de abril. El juez Rodríguez delegó la instrucción de la causa en el fiscal N° 2, Walter Rodríguez.
Tras una serie de "medidas preliminares", el 3 de junio, el fiscal Rodríguez promovió "la acción penal" y citó a comparecer a Stechina el 11 de junio, a las 10.30, para notificarlo de la causa, "invitarlo a designar abogado defensor" y disponer que se le extraigan "fichas dactilares a los efectos de verificar la existencia de antecedentes penales ante el Registro Nacional de Estadística Criminal". Stechina no concurrió a la audiencia.
Ante el faltazo, el fiscal Rodríguez pidió la indagatoria de Stechina. "Considero que se ha verificado la existencia de un estado de sospecha (...) indicativo de que están dadas las condiciones necesarias para que sea llamado a prestar declaración indagatoria respecto de los hechos descriptos y calificados como incitación a la violencia colectiva", dijo. Era 1º de julio. El juez Rodríguez fijó la audiencia para dos meses después, el 5 de setiembre.
"La incitación a la violencia colectiva que le adjudico a Stechina -explicó el fiscal- desplegada en forma genérica al mencionar la alternativa de destitución de autoridades y desaparición de personas, dan cuenta de ciertos elementos que componen graves figuras delictivas, tipificadas en el Código Penal en el capítulo de \'Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional\' que sancionan a quienes atenten contra la seguridad interna de la Nación, afectando su organización política o atacando los poderes que la representan".
El 29 de agosto, Stechina presentó un escrito ante el juez Rodríguez, a quien le informó que había encargado su defensa al penalista Martín Risso Patrón. Y le pidió que "ponga a disposición" de su abogado "las pruebas" de la causa, entre otras, el audio de lo que había dicho en la asamblea del 9 de abril porque ya "ha pasado un tiempo importante" y "no recuerdo" (lo que dijo).
El 3 de setiembre, dos días antes de la indagatoria, Risso Patrón aceptó "el cargo para ejercer la defensa técnica" de Stechina y juró "desempeñarlo fiel y legalmente". Pero el 5 de septiembre, una hora antes de la indagatoria, Risso Patrón presentó en el Juzgado del doctor Rodríguez un certificado médico del cardiólogo de Reconquista, Gerardo Schiffo, extendido el día anterior, que recomendaba a Stechina "48 horas de reposo" por un cuadro de "hipertensión". "Acompaño certificado médico justificando la inasistencia de mi cliente", escribió. El escrito del segundo faltazo ingresó al Juzgado a las 10 de la mañana. El 9 de setiembre, el juez resolvió "tener presente" el informe médico y postergó la indagatoria hasta el 11 de noviembre, a las 10.30. Stechina pidió dos días y el juez le concedió dos meses.
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