La Asociación de Abogados del departamento Caseros protestó en una conferencia por las malas condiciones de trabajo, a las que calificó de "caóticas".
La Capital |
La Asociación de Abogados del departamento Caseros reclamó al Ejecutivo provincial una serie de medidas tendientes a mejorar las actuales condiciones de funcionamiento del servicio de Justicia en Casilda y su zona de influencia, a las que calificó como "caóticas". Los letrados visibilizaron su malestar en una reunión pública desarrollada ayer en el Salón Dorado del Palacio Municipal que contó con la presencia de funcionarios políticos y judiciales, entre otros actores.
En ese marco se consensuó elevar sendas notas al gobernador, Antonio Bonfatti, y al ministro de Justicia, Juan Lewis, en las que se da cuenta del estado de deterioro que presenta el edificio de los Tribunales casildenses, ubicado sobre la calle Casado, al lado del municipio, así como de las necesidades en materia de recursos humanos y otras que dificultan la labor judicial y "terminan perjudicando a la comunidad", sostuvieron.
La misiva insta a que se tome la decisión de priorizar en el presupuesto venidero la ejecución del nuevo edificio de Justicia para Casilda, cuya obra está aprobada por ley desde hace algunos años pero nunca se concretó, pese a que el municipio suscribió oportunamente un convenio con la Corte Suprema de Justicia para llevar adelante el emprendimiento en un terreno ubicado en el parque Sarmiento. De todas maneras, hasta que ello ocurra se solicita adecuar el actual Palacio de Justicia a los requerimientos que imponen las circunstancias.
Asimismo se requiere la puesta en marcha del creado y aún no instrumentado Juzgado de Familia, incluyendo la designación del magistrado y la partida correspondiente para su funcionamiento, así como el nombramiento de un juez de Instrucción cuyo cargo, al encontrarse vacante luego de que se jubilara Silvia Nogueras, es ocupado provisoriamente por el titular del juzgado Correccional, Carlos Pareto. Este, además desde hace algunos días, también atiende el de Menores porque la magistrada a cargo, Cristina Pecoraro, está de licencia.
También se reclama "la pronta designación de jueces comunitarios" y finalmente una audiencia para profundizar y discutir la compleja y preocupante problemática por la que atraviesa el distrito judicial Nº 7, con asiento en Casilda y que, además de las localidades del departamento Caseros, también abarca algunas que corresponden a San Lorenzo como Fuentes y Pujato.
Apoyo. El pedido fue avalado por el intendente de Casilda, Juan Carlos Bacalini, así como por el senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi, y los jefes comunales de la zona que también participaron de la convocatoria.
El planteo además es compartido por los funcionarios judiciales que estuvieron presentes en el encuentro aunque no suscribieron la misiva enviada a los estamentos provinciales.
En el edificio de Justicia situado a la par de la Municipalidad funcionan los juzgados Correccional y de Instrucción, además del Civil, Comercial, Laboral y de Familia donde están los magistrados Gerardo Marzi y Alejandro Lanata. A ello se suma que la provincia también alquila otros dos inmuebles para que funcionen el Juzgado de Menores, sobre calle Beltrán, y el de Faltas, a cargo de Laura Babaya, entre Yrigoyen y España.
"Este reclamo no es un capricho de un grupo de abogados sino una necesidad que hacemos pública y merece una respuesta a fin de adaptar las estructuras edilicias actuales a los nuevos requerimientos legales, entre otros problemas que venimos planteando desde hace tiempo sin encontrar respuestas", coincidieron en señalar la presidenta y el vice de la Asociación de Abogados del departamento Caseros, Mariana Roldán y Diego Haro Martínez, respectivamente.
En ese contexto resaltaron que se está ante una situación límite que requiere soluciones a "corto, mediano y largo" plazo.
A su turno, el titular del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, comparó la situación de "colapso judicial" de Casilda con la que atravesó Cañada de Gómez y que también derivó en una movida que, remarcó, deparó en algunas soluciones. "Desde que se crearon los tribunales en nuestra ciudad, el poder político acompañó y en esta oportunidad nos sumamos a los reclamos y a las gestiones porque todos bregamos por una mejor calidad de Justicia en beneficio de la sociedad", dijo Bacalini.
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