Es si la Legislatura aprueba el
proyecto de reforma tributaria que elevó el Ejecutivo provincial. Las
diferencias entre las valuaciones oficiales actuales y los precios
reales difieren entre 23 a 40 veces.
El proyecto de reforma tributaria que
presentó el gobierno provincial prevé la convergencia del valor fiscal
de los inmuebles rurales con los valores de mercado para el 2018, año en
que se prevé la eliminación total de los topes a los incrementos
surgidos de la revaluación fiscal de los campos y la "progresividad"
prevista, entre otros aspectos, con la creación de las Unidades
Económicas Agropecuarias (UEA).
El proyecto que ingresó la semana
pasada en la Cámara alta santafesino contempla una suba del impuesto
inmobiliario rural con progresiones que van del 50 por ciento al 600 por
ciento.
El relevamiento del Poder Ejecutivo
incluido en el mensaje de la iniciativa resalta que las diferencias
entre valor fiscal versus de mercado promedian, según el departamento de
la provincia auscultado, entre las 23 y 40 veces. Las mayores
diferencias se registran en los campos considerados de "alta
productividad".
Casos. Por ejemplo,
una hectárea en El Trébol, del departamento San Martín, tiene un valor
fiscal máximo de 1.411 pesos, mientras que el valor de mercado sería de
56.000 pesos, según el análisis realizado por el Servicio de Catastro e
Información Territorial de la provincia. Las menores diferencias —23
veces— se registran en los departamentos de San Lorenzo y Rosario,
donde, en este último caso, el valor fiscal máximo de una hectárea en
Funes es de 2.800 pesos, mientras que el valor de mercado ronda los
64.000 pesos.
De todas formas, al interior de cada
departamento también se registran diferencias entre los valores máximos,
en algunos casos de forma significativa. Así está reflejado en el anexo
del artículado del proyecto.
"El valor promedio del inmobiliario
rural es de 11 pesos por hectárea", se quejó el gobernador Antonio
Bonfatti al día siguiente de la presentación del proyecto ante la
prensa.
Casi medio siglo. "Los
valores fiscales que actualmente componen la base de datos del Servicio
de Catastro e Información Territorial, se elaboraron sobre la realidad
agropecuaria provincial en el año 1974 y luego se actualizaron en forma
uniforme en 1992", apunta el Ejecutivo en el mensaje del proyecto, y
agrega que en Santa Fe los valores fiscales de la hectárea están "muy
por debajo del resto de las provincias de la Región Centro". Y pone como
ejemplo que la emisión en 2012 del inmobiliario rural no llegó a los
160 millones de pesos, siendo en Córdoba 630 millones y en Entre Ríos
680 millones para el año en curso.
Unidades económicas. La iniciativa propone una progresividad en función de la superficie.
Además del incremento resultante por la
suba de la valuación y de la cuota a pagar, los propietarios que
acumulen varias unidades económicas, pagarán un extra.
El proyecto establece un adicional a
grandes propietarios cuando se acumulen entre 5 y 10 inclusive UEA del
50 por ciento del impuesto para ese período; más de 10 y hasta 15
inclusive del 75 por ciento; y cuando se acumulen más de 15 UEA, el
adicional será igual al 100 por ciento.
Todos estos aspectos, algunos de los
cuales recogen las demandas de la Federación Agraria Argentina (FAA),
son temas aún debate entre los senadores del oficialismo y la oposición,
y de malestar entre algunos los productores.
Si bien hay consenso entre los
distintos bloques legislativos sobre el atraso del inmobiliario rural,
las mayores diferencias estriban sobre la "progresividad" que busca
imprimir el Ejecutivo provincial al impuesto.
La iniciativa es similar, en su concepción, a la llevada adelante por el socialismo en Rosario años atrás con la tasa municipal.
Método de cálculo. Los
cambios que propone el Ejecutivo establecerían que "se actualizarán en
forma anual los precios básicos máximos y mínimos por hectárea y por
distritos para los inmuebles rurales conforme a las variaciones de
precios que se produzcan en el mercado e identificados por el
observatorio de valores, debiendo rendir información al Poder
Legislativo".
De este modo, a través del observatorio
que elabora el Servicio de Catastro e Información Territorial
provincial, el gobierno tendrá la potestad de revaluar los valores de
los campos sin necesidad de contar con una aprobación legislativa
previa, que sólo tendría ingerencia en caso de que se busquen modificar
las alícuotas.
En el artículo 32 del proyecto de
reforma se elabora un cuadro con los topes de incrementos de acuerdo a
la valuación fiscal de los campos, pero también establece que estos
topes "se eliminarán gradualmente conforme lo establezca la
reglamentación que se dicte al efecto, hasta su eliminación definitiva
en 2018".
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