El proyecto descansa en la
Cámara alta sin que los representantes lo traten. Un grupo de ONG
impulsan una campaña para reflotarlo y pide más restricciones.
El Centro de Protección a la Naturaleza
(Cepronat) y el espacio Encuentro por los Derechos Humanos lanzaron en
esta ciudad la campaña provincial para impulsar el tratamiento y la
modificación de la ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en la
provincia de Santa Fe. Entre otros puntos destacados solicitan que se
incluya en el proyecto inmovilizado en la Cámara de Senadores prohibir
las fumigaciones aéreas y la utilización de químicos agrarios a no menos
de 800 metros de poblados, viviendas y escuelas rurales y espejos de
agua.
Tal como lo hicieron la semana anterior
en Reconquista, los organismos ambientalistas expresaron esta semana la
necesidad de que el Senado santafesino se ocupe de debatir el tema.
"Pretendemos que este año Santa Fe pueda contar con una nueva ley de
agroquímicos que contemple los intereses de los vecinos", expresó Carlos
Manessi, presidente del Cepronat, una de las organizaciones que
conforman el colectivo "Paren de Fumigarnos" que integran más de 70
comunidades de la provincia.
"Conseguir la aprobación de la ley será
todo un logro y el segundo paso será que la cumplan. Pero como nos va
la vida en esto, acá estamos. La campaña trata de buscar la toma de
conciencia de que los venenos pueden causar daños porque, como lo dijo
la Universidad Nacional del Litoral, no existen venenos inocuos",
explicó Manessi.
"La mal llamada «ley de fitosanitarios»
es una norma obsoleta, de 1995, que fue sancionada para otra
agricultura y otra realidad de la zona rural santafesina. Quedó
totalmente desactualizada y de alguna manera las fumigaciones llegan a
la vera de los pueblos porque la ley vigente lo permite y el productor
haciendo las debidas recetas sanitarias puede fumigar hasta frente a
nuestras casas", continuó.
"En 2010 conseguimos en la Cámara de
Diputados la media sanción de un proyecto de ley que decía que no se
podía fumigar a menos de 500 metros de los vecinos pero fue al Senado y
como no se la trató durante un año perdió vigencia parlamentaria. En
noviembre del año pasado el senador Juan Carlos Zabalza volvió a
presentar el proyecto que había caducado. Ahora tendrán que tratarlo
antes de noviembre y como tenemos noticias de que no hay voluntad de los
senadores para abordarlo, la campaña quiere crear un clima donde la
gente entienda que es importante que se trate seriamente de una buena
vez", sostuvo.
Los impulsores de este lobby pidieron
que al proyecto de ley que reingresó Zabalza se le agreguen dos puntos.
El primero es la prohibición de las fumigaciones aéreas en toda la
provincia y damos los fundamentos por el cual agregamos esa
modificación. El segundo es que las distancias que deben existir entre
las poblaciones y los campos donde se fumigan deben tomar el fallo de
San Jorge como referente donde un juez ya dijo que tienen que ser 800
metros.
"Este es un tema de salud y medio
ambiente porque en esos 800 metros que hay que dejar entre las
fumigaciones y las poblaciones tenemos que volver a recrear los
cinturones verdes con el que siempre se alimentó nuestra gente. Hoy eso
se perdió totalmente porque la soja llegó hasta los pueblos", remarcó
Manessi.
Las modificaciones. En
resumen, el proyecto que los ambientalistas y vecinos fumigados
pretenden impulsar incorpora como modificación a la ley 11.273 la
prohibición de aplicaciones aéreas de productos líquidos o sólidos de
cualquier tipo excepto cuando los fines sean exclusivamente sanitarios y
bajo autorización expresa de las autoridades sanitarias y
medioambientales.
Respecto a las aplicaciones terrestres,
impulsa la prohibición de la aplicación de cualquier producto liquido o
sólido de cualquier tipo dentro de un área de 800 metros de las plantas
urbanas, establecimientos educacionales rurales, de parques
industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y
caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas; de
las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la
cartografía oficial.
También incorpora la prohibición para
todo el ámbito provincial del tratamiento en camiones o vagones mediante
productos fitosanitarios de cualquier tipo de granos, semillas o
subproductos. Respecto a este punto prohíbe la venta libre y la
utilización de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina,
bromuro de metilo o cualquier otro producto que los contenga. En razón
de su peligrosidad extrema, en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia
ordinaria o excepcional podrán utilizarse los productos mencionados
dentro de zonas urbanas.
El proyecto elaborado por los
ambientalistas elimina además el párrafo que habilita a municipios y
comunas a dictar normas modificatorias o que posibiliten disminuir las
restricciones.
Más allá de que estos reclamos sean o
no tenidos en cuenta en la redacción final de la norma, lo cierto es que
el proyecto para modificar la ley de fitosanitarios descansa en el
Senado sin que se vislumbre una voluntad de convertirlo en ley. La
intención de las organizaciones que iniciaron ahora esta cruzada es,
justamente, que el proyecto no quede en el olvido y vuelva a perder
estado parlamentario. Tienen para difundir su prédica varios meses, pero
saben que los tiempos se acortan y que el peor enemigo es el silencio.
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