Restan dos sesiones de este primer período y ése es uno de los temas centrales a resolver. El otro, el cambio para la TGI.
Antes del receso de invierno, el Concejo Municipal santafesino se
apronta a tratar dos grandes temas vinculados en forma directa a las
arcas del municipio. Uno de ellos es el proyecto del Ejecutivo que
propone un nuevo método para el cálculo de la Tasa General de Inmuebles
(TGI). El otro, pretende introducir modificaciones en la ordenanza Nº
7.882 –Régimen de Infracciones y Penalidades–, con la intención de
actualizar las multas correspondientes a diferentes faltas.
El primero comprende una adecuación del valor de cada inmueble según los servicios que efectivamente recibe. La propuesta dispone, entre otros cambios, la división de la ciudad en 43 zonas inmobiliarias y la creación de un coeficiente de infraestructura y servicios. Según anticiparon desde el Ejecutivo, para el 32 por ciento de los contribuyentes no habrá modificaciones; y a otro 60 por ciento le va a significar menos de 10 pesos por mes.
En cuanto al segundo, la Municipalidad destacó que esa normativa presenta desactualización en los montos de infracciones. El 64 por ciento de los artículos fijó su valor en 1992; el 15 por ciento antes de 2000; el 9 por ciento previo a 2007 y un 12 por ciento, de 2010 a la fecha. El proyecto “pretende resolver de manera directa y especial las sanciones previstas en determinadas áreas críticas, tales como: actividades comerciales, limpieza e higiene en la ciudad, preservación del espacio público y de la vía pública en particular, la estética pública, entre otras”.
El retraso en los valores genera que, en muchas situaciones, es más ventajoso en términos económicos para el ciudadano mantenerse al margen del ordenamiento jurídico, ya que resulta más barato afrontar el eventual pago de la multa en caso de constatarse la infracción, que el costo de los materiales o recursos indispensables requeridos para obrar conforme a derecho.
En este marco se enumeran el vaciamiento de piscinas en la vía pública, el arrojo de escombros, tierra y residuos y hasta mezcla en la vía pública, los cuales tienen particular importancia en lo que atiene al uso responsable del agua y el resguardo del sistema de drenaje de la ciudad para las situaciones de emergencia hídrica.
Por otra parte, el Ejecutivo hace referencia a “la inestimable cantidad de recursos que la Administración debe destinar para subsanar las deficiencias generadas a partir de las infracciones referidas en estas áreas específicas, particularmente en el citado caso del sistema de emergencia hídrica y en la reparación de la vía pública que resulta sumamente deteriorada por estas infracciones”.
Por otra parte, según los relevamientos efectuados por la Secretaría de Control, la cantidad de ciudadanos empadronados en la ciudad que registran la comisión de una infracción desde el 2007 hasta la fecha alcanza el 24,6 por ciento del total, siendo un 14 por ciento los que cometieron multas graves.
El primero comprende una adecuación del valor de cada inmueble según los servicios que efectivamente recibe. La propuesta dispone, entre otros cambios, la división de la ciudad en 43 zonas inmobiliarias y la creación de un coeficiente de infraestructura y servicios. Según anticiparon desde el Ejecutivo, para el 32 por ciento de los contribuyentes no habrá modificaciones; y a otro 60 por ciento le va a significar menos de 10 pesos por mes.
En cuanto al segundo, la Municipalidad destacó que esa normativa presenta desactualización en los montos de infracciones. El 64 por ciento de los artículos fijó su valor en 1992; el 15 por ciento antes de 2000; el 9 por ciento previo a 2007 y un 12 por ciento, de 2010 a la fecha. El proyecto “pretende resolver de manera directa y especial las sanciones previstas en determinadas áreas críticas, tales como: actividades comerciales, limpieza e higiene en la ciudad, preservación del espacio público y de la vía pública en particular, la estética pública, entre otras”.
El retraso en los valores genera que, en muchas situaciones, es más ventajoso en términos económicos para el ciudadano mantenerse al margen del ordenamiento jurídico, ya que resulta más barato afrontar el eventual pago de la multa en caso de constatarse la infracción, que el costo de los materiales o recursos indispensables requeridos para obrar conforme a derecho.
En este marco se enumeran el vaciamiento de piscinas en la vía pública, el arrojo de escombros, tierra y residuos y hasta mezcla en la vía pública, los cuales tienen particular importancia en lo que atiene al uso responsable del agua y el resguardo del sistema de drenaje de la ciudad para las situaciones de emergencia hídrica.
Por otra parte, el Ejecutivo hace referencia a “la inestimable cantidad de recursos que la Administración debe destinar para subsanar las deficiencias generadas a partir de las infracciones referidas en estas áreas específicas, particularmente en el citado caso del sistema de emergencia hídrica y en la reparación de la vía pública que resulta sumamente deteriorada por estas infracciones”.
Por otra parte, según los relevamientos efectuados por la Secretaría de Control, la cantidad de ciudadanos empadronados en la ciudad que registran la comisión de una infracción desde el 2007 hasta la fecha alcanza el 24,6 por ciento del total, siendo un 14 por ciento los que cometieron multas graves.
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