Las próximas salidas serán
monitoreadas por la Dirección de Control y Asistencia post penitenciaria
y por fuerzas de seguridad provincial. La protección de los testigos.
En los primeros días de 2012 se conoció la decisión de la
Justicia Federal en Santa Fe de conceder salidas transitorias a
condenados por delitos de lesa humanidad, en beneficio de Víctor Brusa,
Eduardo Ramos y María Eva Aebi. Los tres fueron condenados el 22 de
diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe,
junto con otros imputados, en el marco de la denominada Causa Brusa.
Como esa sentencia fue apelada y aún no se confirmó, la Justicia les
concedió el 29 de diciembre de 2011 el beneficio mencionado, por el
tiempo que llevan detenidos en prisión preventiva.
En diálogo con Diario UNO, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz, se refirió una vez más a esta situación y anticipó: “Como el Tribunal Oral Federal delegó en el Poder Ejecutivo la fijación de las medidas de control de las salidas transitorias otorgadas a Brusa, Aevi y Ramos, y como habíamos expresado en el escrito remitido al Tribunal la semana pasada, hemos decidido en conjunto con el Ministerio de Seguridad que tanto el traslado como el control de dichas salidas (que deben ser a los domicilios) sean efectivizadas por la Dirección de Control y Asistencia post penitenciaria (ex patronato de liberados), pero al mismo tiempo sean monitoreadas por alguna fuerza de seguridad”.
-¿Cuál será la fuerza de seguridad a cargo de la tarea?
—Lo estamos evaluando, teniendo en cuenta que dos de los condenados son ex policías; y el otro, un ex juez. Analizando esas cuestiones, estamos definiendo qué fuerza realice dicho control. Estas medidas serán notificadas a la totalidad de los testigos que se encuentran dentro del programa de Protección a Testigos y Querellantes en causas de Lesa Humanidad.
-En los últimos días se conocieron críticas por parte de Patricia Isasa –principal testigo en la causa Brusa–, quien calificó de "ineficiente" al sistema de protección de testigos que ideó la provincia, ¿cuál es su opinión al respecto?
—No vamos a polemizar con ningún testigo o querellante por quienes tenemos un gran respeto pero si creo importante resaltar que nuestro programa de Protección a Testigos fue reconocido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde fue puesto junto con el de la provincia de Córdoba como ejemplos a seguir. Y allí se resaltaron, entre otras cosas, las medidas de protección y asistencia integral para los testigos, querellantes y familiares que incluyen asistencia legal, económica, psicológica y médica.
Y continuó: “También destacaron la creación de una unidad especial de protección que se encuentra separada de la fuerza policial y que depende directamente del ministro de Seguridad, y cuyos integrantes fueron previamente observados y controlados por los organismos de derechos humanos y por los testigos, y por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados; además de reconocer la firme voluntad política de apoyo al proceso de verdad y justicia por parte de las más altas autoridades provinciales”.
Las cifras
“El programa asiste a casi 200 testigos, ha intervenido en todos los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia, y en los juicios en Tucumán, Chaco y Entre Ríos. Entre las medidas efectuadas (que no son sólo de protección), se han efectuado más de 3.150 acciones de acompañamiento, contando con equipos interdisciplinarios en Santa Fe, Rosario y Reconquista. Creemos firmemente que se puede y debe mejorar el programa, y en eso estamos trabajando, pero es mucho y muy valioso lo que hasta hoy se ha hecho en esta provincia en la materia”, enumeró Coutaz a Diario UNO.
En cuanto a la postura del gobierno acerca de este programa, el funcionario recalcó: “La protección a testigos es parte de una política muy clara y firme de respeto, promoción y protección de derechos humanos que desde 2007 ha tenido la provincia como política de Estado. Y en esto, y sólo en lo que al proceso de Memoria, Verdad y Justicia (que es uno de los pilares más importantes de la Secretaría de Derechos Humanos, pero no el único), podemos mencionar múltiples tareas realizadas”.
Entre las mismas, remarcó “el aporte permanente a partir del equipo de Investigaciones y Apoyo a las causas de Derechos Humanos y el Archivo Provincial de la Memoria de pruebas importantísimas a cada uno de los juicios que se desarrollaron en la provincia y en provincias vecinas y en causas que se encuentran en instrucción. Orgullosamente podemos decir que no hay causa en Santa Fe que no tenga un aporte importante de prueba documental e investigaciones de parte de la Secretaría de Derechos Humanos”, agregó.
En una breve enumeración, Coutaz resaltó también la televisación, a través de la página oficial del gobierno de la provincia, de las etapas fundamentales de los juicios orales, o el otorgamiento de licencias para testigos, víctimas y querellantes empleados públicos para que pudieran asistir a todas las audiencias de los históricos juicios.
Por último, el secretario de Derechos Humanos se refirió a la continuidad de estas políticas y concluyó: “Es importante resaltar la labor desarrollada por la doctora Rosa Acosta. Creemos que en nuestras acciones está muy clara la política en derechos humanos que ha tenido la gestión del doctor Binner y que este rumbo se sigue profundizando con el gobernador Antonio Bonfatti”.
En diálogo con Diario UNO, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Coutaz, se refirió una vez más a esta situación y anticipó: “Como el Tribunal Oral Federal delegó en el Poder Ejecutivo la fijación de las medidas de control de las salidas transitorias otorgadas a Brusa, Aevi y Ramos, y como habíamos expresado en el escrito remitido al Tribunal la semana pasada, hemos decidido en conjunto con el Ministerio de Seguridad que tanto el traslado como el control de dichas salidas (que deben ser a los domicilios) sean efectivizadas por la Dirección de Control y Asistencia post penitenciaria (ex patronato de liberados), pero al mismo tiempo sean monitoreadas por alguna fuerza de seguridad”.
-¿Cuál será la fuerza de seguridad a cargo de la tarea?
—Lo estamos evaluando, teniendo en cuenta que dos de los condenados son ex policías; y el otro, un ex juez. Analizando esas cuestiones, estamos definiendo qué fuerza realice dicho control. Estas medidas serán notificadas a la totalidad de los testigos que se encuentran dentro del programa de Protección a Testigos y Querellantes en causas de Lesa Humanidad.
-En los últimos días se conocieron críticas por parte de Patricia Isasa –principal testigo en la causa Brusa–, quien calificó de "ineficiente" al sistema de protección de testigos que ideó la provincia, ¿cuál es su opinión al respecto?
—No vamos a polemizar con ningún testigo o querellante por quienes tenemos un gran respeto pero si creo importante resaltar que nuestro programa de Protección a Testigos fue reconocido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde fue puesto junto con el de la provincia de Córdoba como ejemplos a seguir. Y allí se resaltaron, entre otras cosas, las medidas de protección y asistencia integral para los testigos, querellantes y familiares que incluyen asistencia legal, económica, psicológica y médica.
Y continuó: “También destacaron la creación de una unidad especial de protección que se encuentra separada de la fuerza policial y que depende directamente del ministro de Seguridad, y cuyos integrantes fueron previamente observados y controlados por los organismos de derechos humanos y por los testigos, y por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados; además de reconocer la firme voluntad política de apoyo al proceso de verdad y justicia por parte de las más altas autoridades provinciales”.
Las cifras
“El programa asiste a casi 200 testigos, ha intervenido en todos los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia, y en los juicios en Tucumán, Chaco y Entre Ríos. Entre las medidas efectuadas (que no son sólo de protección), se han efectuado más de 3.150 acciones de acompañamiento, contando con equipos interdisciplinarios en Santa Fe, Rosario y Reconquista. Creemos firmemente que se puede y debe mejorar el programa, y en eso estamos trabajando, pero es mucho y muy valioso lo que hasta hoy se ha hecho en esta provincia en la materia”, enumeró Coutaz a Diario UNO.
En cuanto a la postura del gobierno acerca de este programa, el funcionario recalcó: “La protección a testigos es parte de una política muy clara y firme de respeto, promoción y protección de derechos humanos que desde 2007 ha tenido la provincia como política de Estado. Y en esto, y sólo en lo que al proceso de Memoria, Verdad y Justicia (que es uno de los pilares más importantes de la Secretaría de Derechos Humanos, pero no el único), podemos mencionar múltiples tareas realizadas”.
Entre las mismas, remarcó “el aporte permanente a partir del equipo de Investigaciones y Apoyo a las causas de Derechos Humanos y el Archivo Provincial de la Memoria de pruebas importantísimas a cada uno de los juicios que se desarrollaron en la provincia y en provincias vecinas y en causas que se encuentran en instrucción. Orgullosamente podemos decir que no hay causa en Santa Fe que no tenga un aporte importante de prueba documental e investigaciones de parte de la Secretaría de Derechos Humanos”, agregó.
En una breve enumeración, Coutaz resaltó también la televisación, a través de la página oficial del gobierno de la provincia, de las etapas fundamentales de los juicios orales, o el otorgamiento de licencias para testigos, víctimas y querellantes empleados públicos para que pudieran asistir a todas las audiencias de los históricos juicios.
Por último, el secretario de Derechos Humanos se refirió a la continuidad de estas políticas y concluyó: “Es importante resaltar la labor desarrollada por la doctora Rosa Acosta. Creemos que en nuestras acciones está muy clara la política en derechos humanos que ha tenido la gestión del doctor Binner y que este rumbo se sigue profundizando con el gobernador Antonio Bonfatti”.
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