El Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, se mostró sorprendido por las
duras críticas que hizo el diputado kirchnerista Gerardo Rico sobre la
presunta falta de compromiso del Estado santafesino en colaborar con la
investigación de delitos de lesa humanidad y garantizar la seguridad de
testigos, víctimas, familiares y querellantes en ese tipo de causas.
El funcionario no entró en eufemismos para remarcar que el
legislador del Movimiento Evita escondió en críticas genéricas su
intención de resentir la credibilidad de la política de derechos humanos
que lleva adelante el gobierno provincial desde diciembre de 2007.
“Rico hizo un montón de declaraciones en general sin dar su propia
posición; sólo criticando y diciendo que está todo mal. Para cuestionar
nuestras acciones, que son todas serias y muy profundas, él tendría que
estar más informado”, contestó.
Entre otras cosas, el diputado justicialista había dicho que la administración Bonfatti cayó en “el desmanejo de la difusión de los juicios y su instrumentación; la falta de un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el retaceo presupuestario permanente; la no contundencia y claridad en la posición de un gobierno provincial que enfrentaba en su territorio causas de envergadura”. Con lo cual, ese “no compromiso envalentonó y refortaleció –obviamente– esa subyacente y silenciosa corporación de los Brusa, de los Amelong-Lofiego, de las Cosidoy, de la Base Aérea Reconquista”.
Para Lewis, el dirigente opositor “habla desde la desinformación” y “llama la atención la oportunidad en que hace los señalamientos”, ya que después de la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 1 de otorgar salidas transitorias a los represores Víctor Hermes Brusa, María Eva Aevis y Eduardo Curro Ramos, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia “tuvo un rol muy activo, propiciando que se controle a esas personas que ya fueron condenadas”.
En ese marco, el ministro consideró que no sabe “por qué en lugar de hacer un frente común o aportar ideas que ayuden a evitar que los genocidas salgan a la calle, el diputado Gerardo Rico sale con un discurso de tierra arrasada”. A su vez, remarcó que la provincia dio un lugar de privilegio a la política de derechos humanos durante los cuatro años de Hermes Binner en la Casa Gris y que el actual gobernador, Antonio Bonfatti, indicó la misma impronta.
—Rico señala que las diferencias entre la provincia y la Nación, por culpa de las autoridades santafesinas, impactan en la sustanciación de los juicios que aún están pendientes.
—Mire, habla de divorcio con el Gobierno pero en la provincia tuvimos muchos y muy favorables acuerdos con la Nación, que él no los conoce porque no tiene información y prefirió hacer críticas antes que preguntar. Y cuando digo acuerdos, no sólo me refiero a las políticas conjuntas en causas de Memoria, Verdad y Justicia, sino también en casos que la provincia tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Y nosotros hemos llegado a estos acuerdos con áreas del Gobierno Nacional que promueven una construcción; pero se ve que hay dirigentes (del kirchnerismo) que buscan algún tipo de rédito partidario en lugar de transformar la realidad. Rico habla a través de descalificaciones genéricas y eso es una política destructiva, no propositiva”, agregó el ministro Juan Lewis.
Abiertos al diálogo
Dentro de las críticas que hizo el legislador opositor, también hay un anuncio: citará a comparecer al titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos y al secretario de Derechos Humanos (Horacio Coutaz) si desde la provincia no se genera una mesa de diálogo con los diversos actores que intervienen en dicha temática, a la vez de rendir cuentas sobre la marcha del Programa de Protección a Testigos, entre otras cosas.
“Ahí dice que quiere citar a Coutaz, a mí; yo no tengo ningún inconveniente y con mucho gusto iría a explicitar a la Cámara de Diputados las políticas de derechos humanos que están en marcha, pero siempre y cuando sea citado por una razón seria y explícita, no para responder a cuestionamientos genéricos que son producto de una persona que está en desacuerdo con nosotros sólo por ser de otro partido político”, contestó el funcionario.
“Si hay alguna cuestión –continuó– que Rico no tenga clara, puede llamar por teléfono a la secretaría o al ministerio y yo lo invito a conversar de todos los temas que quiera. Así no tendría que esperar a la reapertura de las sesiones para hacerme la invitación pero, indudablemente, yo intuyo que sus declaraciones vienen por el lado de las diferencias política-partidarias”.
—El diputado dejó un manto de sospecha sobre el funcionamiento del Programa de Protección a Testigos, ¿usted qué tiene que decir sobre eso?
—Ese programa tiene a más de 200 personas asistidas –entre testigos, querellantes y familiares–, intervino en todos los juicios de delitos de lesa humanidad que se hicieron en la provincia y en otras provincias, fue elogiado por la ONU, tiene más de 3.000 intervenciones efectivas.
“Es un programa muy joven y tiene todos los problemas que puede tener algo nuevo, pero eso nos debería llevar a fortalecerlo y no a criticarlo así porque sí. En 2007, el único programa que existía consistía en comisionar a las TOE (Tropa de Operaciones Especiales) para que hagan alguna vigilancia en algún momento en concreto y también entregar celulares, que nunca se hizo sino hasta la gestión Binner. Hicimos algo más creativo, tiene defectos, por supuesto, pero hay que fortalecerlo”, finalizó.
Entre otras cosas, el diputado justicialista había dicho que la administración Bonfatti cayó en “el desmanejo de la difusión de los juicios y su instrumentación; la falta de un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el retaceo presupuestario permanente; la no contundencia y claridad en la posición de un gobierno provincial que enfrentaba en su territorio causas de envergadura”. Con lo cual, ese “no compromiso envalentonó y refortaleció –obviamente– esa subyacente y silenciosa corporación de los Brusa, de los Amelong-Lofiego, de las Cosidoy, de la Base Aérea Reconquista”.
Para Lewis, el dirigente opositor “habla desde la desinformación” y “llama la atención la oportunidad en que hace los señalamientos”, ya que después de la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 1 de otorgar salidas transitorias a los represores Víctor Hermes Brusa, María Eva Aevis y Eduardo Curro Ramos, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia “tuvo un rol muy activo, propiciando que se controle a esas personas que ya fueron condenadas”.
En ese marco, el ministro consideró que no sabe “por qué en lugar de hacer un frente común o aportar ideas que ayuden a evitar que los genocidas salgan a la calle, el diputado Gerardo Rico sale con un discurso de tierra arrasada”. A su vez, remarcó que la provincia dio un lugar de privilegio a la política de derechos humanos durante los cuatro años de Hermes Binner en la Casa Gris y que el actual gobernador, Antonio Bonfatti, indicó la misma impronta.
—Rico señala que las diferencias entre la provincia y la Nación, por culpa de las autoridades santafesinas, impactan en la sustanciación de los juicios que aún están pendientes.
—Mire, habla de divorcio con el Gobierno pero en la provincia tuvimos muchos y muy favorables acuerdos con la Nación, que él no los conoce porque no tiene información y prefirió hacer críticas antes que preguntar. Y cuando digo acuerdos, no sólo me refiero a las políticas conjuntas en causas de Memoria, Verdad y Justicia, sino también en casos que la provincia tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Y nosotros hemos llegado a estos acuerdos con áreas del Gobierno Nacional que promueven una construcción; pero se ve que hay dirigentes (del kirchnerismo) que buscan algún tipo de rédito partidario en lugar de transformar la realidad. Rico habla a través de descalificaciones genéricas y eso es una política destructiva, no propositiva”, agregó el ministro Juan Lewis.
Abiertos al diálogo
Dentro de las críticas que hizo el legislador opositor, también hay un anuncio: citará a comparecer al titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos y al secretario de Derechos Humanos (Horacio Coutaz) si desde la provincia no se genera una mesa de diálogo con los diversos actores que intervienen en dicha temática, a la vez de rendir cuentas sobre la marcha del Programa de Protección a Testigos, entre otras cosas.
“Ahí dice que quiere citar a Coutaz, a mí; yo no tengo ningún inconveniente y con mucho gusto iría a explicitar a la Cámara de Diputados las políticas de derechos humanos que están en marcha, pero siempre y cuando sea citado por una razón seria y explícita, no para responder a cuestionamientos genéricos que son producto de una persona que está en desacuerdo con nosotros sólo por ser de otro partido político”, contestó el funcionario.
“Si hay alguna cuestión –continuó– que Rico no tenga clara, puede llamar por teléfono a la secretaría o al ministerio y yo lo invito a conversar de todos los temas que quiera. Así no tendría que esperar a la reapertura de las sesiones para hacerme la invitación pero, indudablemente, yo intuyo que sus declaraciones vienen por el lado de las diferencias política-partidarias”.
—El diputado dejó un manto de sospecha sobre el funcionamiento del Programa de Protección a Testigos, ¿usted qué tiene que decir sobre eso?
—Ese programa tiene a más de 200 personas asistidas –entre testigos, querellantes y familiares–, intervino en todos los juicios de delitos de lesa humanidad que se hicieron en la provincia y en otras provincias, fue elogiado por la ONU, tiene más de 3.000 intervenciones efectivas.
“Es un programa muy joven y tiene todos los problemas que puede tener algo nuevo, pero eso nos debería llevar a fortalecerlo y no a criticarlo así porque sí. En 2007, el único programa que existía consistía en comisionar a las TOE (Tropa de Operaciones Especiales) para que hagan alguna vigilancia en algún momento en concreto y también entregar celulares, que nunca se hizo sino hasta la gestión Binner. Hicimos algo más creativo, tiene defectos, por supuesto, pero hay que fortalecerlo”, finalizó.
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