Desde las 9 se iniciaron las audiencias en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. El ex coronel José María González está acusado del secuestro y homicidio de Mario Marini, un militante del Peronismo Revolucionario y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini.
González, de 82 años, fue procesado en julio de 2008 por el juez federal 2 de Santa Fe, Francisco Miño, quien en mayo de 2010 elevó la causa a juicio. El ex militar, que se encuentra bajo arresto domiciliario, fue el interventor designado por la Junta Militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 para desplazar al gobernador constitucional Carlos Sylvestre Begnis.
Se estima que en esta primera jornada de audiencias, se exponga la requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía y la querella. El Tribunal Oral Federal que juzgará al represor estará integrado por José María Escobar Cello como presidente, y María Ivón Vella y Lilia Carnero como vocales. Los fiscales en el juicio serán Martín Suárez Faisal y Patricio Octavio Longo; la querella que representa a Cavadini estará a cargo de los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné; en tanto la defensa será ejercida por el abogado Carlos Triolo, de Buenos Aires. Durante el desarrollo del juicio está prevista la declaración de 24 testigos, entre quienes se encuentran Ana María Cavadini y su hijo Germán.
Armados
En los meses anteriores al golpe de Estado, González se desempeñó como jefe del Comando de Artillería 121, jefe de Guarnición de Ejército Santa Fe y jefe del Área 212 de la Sub Zona 21 del Ejército Argentino, con asiento en la ciudad de Santa Fe.
Marini, fue secuestrado junto a su esposa el 9 de diciembre de 1975 de su casa de calle Jujuy al 3.600, de la ciudad de Santa Fe, en momentos en que también se encontraba en el domicilio el hijo de ambos, quien tenía 45 días.
Esta causa penal se inició con la denuncia formulada por Cavadini, con el patrocinio letrado del doctor Jorge Daniel Pedraza, en mayo de 2005. En su presentación, la mujer relató que aquel día, a las 19, fue detenida junto a su esposo, en la casa donde vivían, ubicada en calle Jujuy y Bulevar Zavalla, en un operativo que estuvo a cargo de un grupo conformado por aproximadamente seis personas vestidas de civil y fuertemente armadas, quienes –a cara descubierta– irrumpieron en la vivienda, sin exhibir orden de allanamiento ni identificación alguna.
Sintió que la seguían
Según consta en la denuncia, momentos antes del operativo, Cavadini sintió que la estaban siguiendo cuando fue a tomar el colectivo, con su bebé en brazos, en la esquina de la intersección de Bulevar Gálvez y República de Siria.
En su relato, también explica que el grupo comando irrumpió en su casa apenas diez minutos después de haber llegado y que estas personas le preguntaron por su esposo y requisaron la vivienda. Cuando comprobaron que Marini no estaba en la vivienda, dejaron la casa en penumbras y se quedaron a la espera de su arribo. Pasaron otros 30 minutos hasta que llegó el muchacho. Siempre según el relato de Cavadini, apenas ingresó a la casa, Marini fue arrojado al piso y a punta de pistolas, le preguntaban de donde venía.
El relato continúa con detalles de la metodología del secuestro que se repiten con otros casos conocidos en el marco de la causa Brusa, el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la provincia, a fines de 2009.
Por efecto de los tormentos
Ana María Cavadini fue subida al asiento de atrás de un auto particular, y junto con su bebé fue trasladada a la comisaría 1ª, donde pasó la noche sin tener noticias de su marido. Que al día siguiente un empleado policial le comentó que lo habían llevado a la comisaría 4ª y que la policía no tenía nada que ver, ya que en el procedimiento estaban actuando los militares.
Una semana después, un militar le dijo a Cavadini que su esposo se había escapado pero, luego un policía le dijo que había fallecido por los efectos de las torturas. A raíz del secuestro de su esposo, su suegro presentó ante la Justicia Federal un recurso de hábeas corpus, que fue denegado.
En total, Ana María estuvo detenida cuatro años y medio a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En primer lugar, en el Instituto Buen Pastor, en Santa Fe y luego en la cárcel de Devoto. Mientras que el hijo de la pareja, Germán, fue entregado a sus abuelos.
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