Foto: Captura digital
DyN
El juez federal Julián Ercolini decretó hoy la inhibición general de bienes del empresario kirchnerista Cristóbal López, de su socio, Fabián de Souza, y de todas las empresas relacionadas con el Grupo Indalo.
La medida fue adoptada en la causa en la que se investigan irregularidades en el destino de tributos -específicamente el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC)- y una supuesta evasión cometida con aportes previsionales.
En la resolución, el abogado Ricardo Gil Lavedra fue aceptado como actor civil en nombre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo que remarcó el "perjuicio económico millonario" al Estado en al menos 7.665.771.438,63 de pesos, "que se compone de la detracción (sustracción) de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió "Oil Combustibles SA".
Y solicito medidas cautelares "a fin de resguardar el millonario crédito fiscal y evitar así la frustración de los derechos que corresponden" a la administración pública, ya que -a su criterio- "Oil Combustibles SA y las empresas del grupo ’Indalo, exteriorizaron su firme voluntad de sustraerse de las medidas legales que permitieran a la AFIP recuperar el monto de la deuda de marras". Incluso mencionó "la trascendencia mediática que tuvieron presuntas negociaciones que estaría llevando a cabo Cristóbal López para la venta del Banco Finansur con dos grupos, uno estadounidense y otro argentino".
López está acusado de maniobras supuestamente fraudulentas con el ITC, por haberlo destinado a emprendimientos propios en lugar de derivarlo al fisco, como era su obligación.
El juez dispuso así la inhibición general de bienes de López, de De Sousa y de las personas jurídicas del grupo Indalo, en donde se incluyen empresas como Oil, La Salamandra e Ideas del Sur.
Este es el listado completo de empresas: "Alcalis de la Patagonia SA", "Argentina Corre SA", "Consulplan SA", "CPC SA", "CV1 Concesionario Vial SA", "Desarrollo Electrónicos Informáticos SA (DEISA)", "DH Com SA", "Establecimiento Santa Elena SA", "Esluvial SA", "Ganadera Santa Elena SRL", "Gestiones Tallion Arg SA", "Ideas del Sur SA", "IGD SA", "Imagen Radial SA", "Indalo Inversiones de Argentina SA", "Inverco del Cono Sur SA", "Inversora M&S SA", "La Salamandra SA", "M&S Consulting SA", "Oil Combustibles SA", "Oil Construcciones SA", "Oil M&S SA", "PAQARIY SA", "Parador Diez SA", "Paraná Metal SA", "Petrolera Cerro Negro SA", "Promet SA", "Radio Productora 2000 SA", "Serma SA", "South Media Investments SA", "South Mineral SA", "Urbanizadora Gea SA", "Telepiu SA" y "Votionis SA".
Se dispuso poner en conocimiento a los Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, al Banco Central de la República Argentina, al Studd Book de la Asociación Civil Jockey Club, a la Comisión Nacional de Valores, al Mercado de Valores, a la Caja de Valores SA, a la Inspección General de Justicia y a los restantes organismos equivalentes a este último de todas las provincias. También se informó de esta decisión a diferentes juzgados donde tramitan causas vinculadas al grupo de López.
Días atrás Ercolini había planteado que "hubo una excesiva laxitud" y "falta de control" en la AFIP que derivó en esa deuda y llamó a indagatoria a López, De Souza, el ex director de la AFIP Ricardo Etchegaray y a otros 19 imputados. "La maniobra delictiva comenzó en mayo del año 2011 cuando Oil Combustibles SA inició su operatoria y durante más de cuatro años la AFIP, a través de diversas irregularidades, habría permitido que la mencionada firma no pagara el impuesto sobre los combustibles líquidos, como lo preveía la normativa vigente, y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece, Grupo Indalo", explicó el juez.
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