El fiscal le pidió al juez que cite a la Hermana Inés, que ayudó a entrar al convento los bolsos con dinero, y a la esposa del ex funcionario.
La Capital |
El fiscal hizo el requerimiento al juez Daniel Rafecas en la causa en la que López está procesado por enriquecimiento ilícito tras su detención cuando intentaba ocultar casi 9 millones de dólares.
"Tres personas ingresaron al proceso desde hace tiempo por sospechas de complicidad con el enriquecimiento ilícito de José López", dijo Delgado en su dictamen, y dijo que "se trata de María Amalia Díaz, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez".
"Las dos restantes irrumpieron la noche del 14 de junio. Se trata de Celia Inés Aparicio (Hermana Inés) y Alba Día de España Martínez Fernández (Madre Alba), quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito", sostuvo el fiscal. Por su avanzada edad, se pidió la Madre Alba sea sometida a estudios para determinar si puede enfrentar una causa penal.
El dictamen evaluó un "relevamiento del tráfico de llamadas" telefónicas que detectó 22 conversaciones entre López y Díaz "entre el mediodía del 13 de junio y la madrugada del 14", cuando se produjo la detención. "Esto quiere decir que Díaz estaba al tanto de que su marido intentaría borrar pruebas de su enriquecimiento espurio", reflexionó el fiscal.
Además, puso la lupa sobre otro hecho: "En pleno raíd de López en miras a ocultar los millones de dólares, su mujer entabló varias conversaciones telefónicas con la Madre Alba".
"Esos contactos (11 en total) adquieren preponderancia porque la Madre Alba no sólo vivía en el monasterio Nuestra Señora de Fátima sino se encontraba a su cargo. Es decir, era responsable del lugar elegido por López para esconder su botín", añade el dictamen.
Para el fiscal, "las monjas no se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería".
En cuanto a Galera y Gutiérrez, figuran como "los propietarios aparentes de la casa de Dique Luján", atribuida a López.
"Algunos elementos permiten sospechar que Galera habría operado como contacto en el Ministerio de Planificación para las licitaciones de obra pública direccionadas", acusó el fiscal.
Gutiérrez, por su parte, "es dueño del Grupo Farallón, empresa que intervino en la construcción de viviendas del Plan Procrear en Tigre y San Nicolás y en la pavimentación de la ruta provincial 41, proyectos que estuvieron bajo la órbita de López".
"Todo confluye en López", concluyó el fiscal.
El caso tomó un nuevo impulso en las últimas horas, después de que se vieran por Telefé imágenes de López dejando bolsos con dinero en el monasterio de General Rodríguez, donde fue ayudado por la Hermana Inés.
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