El Gobernador Miguel Lifschitz, quien impulsó el proyecto cuando era senador, explicó que la norma “establece una configuración institucional que no estaba reconocida por la Constitución de la provincia y la pone a la vanguardia en el país y en América latina”.
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El proyecto contaba con media sanción del Senado desde noviembre de 2015.
Lifschitz agradeció a los legisladores el acompañamiento para "un proyecto de enorme importancia para la provincia de Santa Fe, que ahora se pone a la vanguardia en el país y en América latina en relación a la organización de las áreas metropolitanas”.
El gobernador explicó que la flamante ley “establece una nueva configuración institucional que no estaba hasta el momento reconocida por la Constitución y las leyes de la provincia. Reconoce una iniciativa de la Municipalidad de Rosario cuando yo era intendente –recordó-, una asociación civil que se constituyó como un consorcio de municipios y comunas por decisión y voluntad de los intendentes, presidentes de comuna, y los respectivos concejos y comisiones comunales”.
Lifschitz se refirió así a la creación del Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario, “que ya tiene un recorrido muy importante y ahora se convierte en un modelo y ejemplo para el resto de los nodos de la provincia porque la ley establece que también pueden constituir áreas metropolitanas las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto”.
“A partir de esta ley –señaló el gobernador-, también la provincia podrá participar activamente de estos entes, aportar financiamiento y delegar el desarrollo de proyectos, la gestión de obras y servicios, y la aplicación de políticas para los territorios metropolitanos”.
ACERCA DE LA LEY
La ley define como área metropolitana a toda una unidad geográfica constituida por una ciudad central y las ciudades o comunas circundantes, entre las que se mantienen estrechas vinculaciones de orden físico, económico, social y cultural, y cuyos gobiernos locales manifiestan la voluntad de organizarse a través de un órgano de coordinación. Esta instancia permite la planificación de políticas públicas comunes en el mediano y largo plazo, la gestión de proyectos compartidos y la implementación de acciones conjuntas.
La organización y gestión del área metropolitana está a cargo de un ente de coordinación dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Es decir, que reconocer y alienta la existencia de organismos supramunicipales de carácter regional, que fortalezcan los intercambios y la integración territorial.
La naturaleza de la asociación será de gestionar, planificar, coordinar y promover distintas políticas consensuadas entre las distintas localidades que conforman la región, con el objetivo de mejorar la calidad de vida dentro del área.
El gobierno provincial debe formar parte de los entes, integrando el Concejo de Gobierno, a fines de brindar asesoramiento técnico, realizar aportes económicos para contribuir a su funcionamiento, gestionar créditos o subsidios de organismos internacionales privados o públicos y delegar su aplicación a los entes de coordinación metropolitana o realizar convenios con los mismos para la elaboración de estudios, proyectos o la gestión de obras o servicios.
Además del la participación de la provincia, el Concejo de Gobierno estará compuesto, como órgano deliberativo y de decisión, por los intendentes y presidentes comunales de las localidades integrantes.
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