La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) teme que Cristóbal López extienda la cesación de pagos a todo o casi todo el Grupo Indalo. Le preocupa que se declare insolvente y que jamás devuelva los $ 8000 millones que le debe al Estado nacional. Por eso lo denunció y la Justicia le dio, aunque de manera sólo preliminar, el primer visto bueno. Pero acaso sea ya demasiado tarde, según surge de los balances de las tres empresas clave del Grupo Indalo y documentos internos de ese holding que obtuvo LA NACION y analizó con expertos contables.
La Nación |
Esos balances y documentos reflejan la operatoria que López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, desarrollaron durante años. A tal punto de que, fruto de algunas maniobras ahora cuestionadas, las tres firmas clave dentro del holding -Oil Combustibles, Inversora M&S y Oil M&S-, enfrentan diversos niveles de turbulencia, que pueden extenderse a otras empresas del grupo. Entre ellas, la constructora CPC, la planta Álcalis de la Patagonia o sus medios de comunicación.
Consultados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo negaron cualquier posibilidad de una cesación de pagos que se extienda a todo el Grupo Indalo. "Ésta es una situación temporal y acotada a Oil Combustibles", indicó un vocero. "Si algo ha demostrado todo lo que ha salido a la luz sobre la operatoria de Cristóbal López es que no sacaron un solo peso del país y que todos los fondos los reinvirtieron en sus empresas", abundó.
El segundo pilar del Grupo, Inversora M&S, recibió más de $ 3300 millones de esos impuestos impagos para expandir y financiar el holding. Aunque muestra mejores números, acumuló pérdidas por más de $ 650 millones en dos años y se acogió a planes de pago de la AFIP. Allí trabaja la sobrina de la ex presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, a su vez presidenta de Hotesur, la sociedad con que la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate.
No sólo eso. Sus números oficiales no son peores porque mediante una operación contable multiplicó 2,4 veces el valor de sus bienes de uso, que así pasaron de cotizarse a $ 378,8 millones. a superar los $ 927,1 millones, aunque la Inspección General de Justicia (IGJ) lleva más de un año sin aprobarlo.
Así, Oil M&S siguió los pasos de Oil Combustibles, que durante el mismo período también revaluó 8,2 veces sus bienes de uso. En el caso de Oil M&S, alertó Deloitte, si la IGJ no aprueba ese revalúo, "el patrimonio neto disminuiría en $ 326 millones".
Para sus auditores, sin embargo, más importante que ese revalúo son las flaquezas de las inversiones que Oil M&S hizo en Brasil. "Han incurrido en pérdidas recurrentes", alertan en el balance, al punto de poner en duda la subsistencia de Oil Perfuracoes Nordeste Ltda y Oil Perfuracoes Brasil como "empresas en marcha".
Para el socio de Deloitte, Carlos Lloveras, Oil M&S debe evaluarse dentro de un panorama más amplio: "Es parte de un grupo económico en el que ciertas unidades de negocios financian a otras que se encuentran en una etapa inicial o de expansión de sus negocios", planteó. "En consecuencia, la realización de los activos y la cancelación de los pasivos entre empresas del grupo está condicionada al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad."
Lloveras fue más directo en el párrafo siguiente de sus "salvedades", que fechó el 28 de diciembre pasado: "Estas circunstancias indican la existencia de una incertidumbre que puede generar duda sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento".
Las dudas sobre Oil M&S, que acumula saldos a cobrar de otras firmas del Grupo por $ 143 millones, llevó a uno de sus accionistas -cuyo nombre no está en el balance- a comprometerse por escrito "a cubrir los desfases financieros" de la empresa hasta que comience a cotizar en alguna Bolsa. Aún no ocurrió.
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