La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó un proyecto impulsado por el representante del departamento San Cristóbal Felipe Michlig, que fue acompañado por otros 13 integrantes del cuerpo, y manifestó su solidaridad con el intendente de la ciudad de San Cristóbal, Horacio Rigo, y el secretario de Gobierno municipal, Marcelo González, repudiando las amenazas de muertes efectuadas a ambos por las redes sociales.
Además de Michlig rubricaron la iniciativa los senadores radicales Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Hugo Rasetto, Hugo Marcucci, Rodrigo Borla, Germán Giacomino, y el socialista Miguel Lifschitz –todos del Frente Progresista Cívico y Social- y los justicialistas José Baucero, Armando Traferri, Danilo Capitani, Ricardo Kaufmann, Alcides Calvo y Hugo Pucheta.
“Frente a las amenazas de muerte recibidas en su persona y familiares directos, repudiamos enérgicamente el accionar delictivo y anónimo por parte de personas que actúan fuera del marco de la ley, creando un ambiente de preocupación e incertidumbre, por lo que solicitamos al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público de la Acusación, garanticen la seguridad y protección de las víctimas”, expresa la declaración que aprobó la Cámara Alta en su sesión de este jueves 30 del corriente.
El intendente de San Cristóbal Rigo y su secretario de Gobierno González fueron amenazados de muerte a través de la red social Facebook por parte de personas no identificadas, que amenazaron a ellos y sus familiares a través de mensajes de textos en los que exigían que “dejen en paz a los narcos”, en referencia a acontecimientos de público conocimiento que días atrás culminaron en allanamientos, secuestros de estupefacientes, balanzas de precisión y armas de fuego por personal de la policía de la provincia y tropas de operaciones especiales.
La operación permitió que se desmantelara una red dedicada al tráfico de drogas que funcionaba en un bar de la ciudad de San Cristóbal, donde se detuviera una persona que se encuentra a disposición del Juzgado Federal.
“Si bien se ha radicado la denuncia penal por amenaza de muerte en el ámbito del Poder Judicial, solicitamos que el Poder Ejecutivo provincial, a través del área competente, disponga las medidas conducentes a la protección policial para los damnificados y sus familias, bregando por el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de sus responsables”, concluyen los senadores.
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