El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, denunció ayer que el espía jubilado Antonio Stiuso abandonó el país la semana pasada, rumbo a Uruguay, a bordo de una camioneta perteneciente a una empresa cuyo vicepresidente está detenido hace un año por intentar contrabandear cocaína y éxtasis en esquíes.
Parrilli aportó el dato de que Stiuso se fue del país en una camioneta de la firma House to House –que tiene como vicepresidente a Bernabé Moschella, detenido por tráfico de droga– durante la conferencia de prensa que dio este mediodía en la que acusó al exespía de integrar una banda dedicada al contrabando.
House to House fue una de las empresas que integró la frustrada Unión Transitoria de Empresas que el año pasado fue el único oferente en la licitación por la reconversión y traslado del Puerto de Santa Fe. Precisamente la denuncia que existía contra uno de los ejecutivos de House to House fue una de las advertencias que condujeron a que el gobierno provincial, amparado luego en una excusa técnica (ver aparte), decidiera rechazar la propuesta de esta UTE y llamar a una nueva licitación.
Detalles de la partida
Stiuso se fue del país la semana pasada luego de declarar ante la fiscal Viviana Fein, quien investiga la muerte del fiscal especial para la causa Amia, Alberto Nisman, con quien el exespía tenía una relación de colaboración y confianza.
“Resulta que cuando el ciudadano Antonio Stiuso se va de la Argentina la semana pasada, rumbo a Uruguay, acompañado por Daniel Manuel Sierra, funcionario de carrera en la Aduana, se trasladan en una camioneta Grand Cherokee Negra, cuya patente LLR992, pertenece a una empresa que se llama House to House SA, que es una de las empresas que se dedicaba a transportar parte de la mercadería de contrabando”, detalló Parrilli durante la conferencia de prensa ayer al mediodía, expresiones reproducidas luego en un cable de la agencia estatal de noticias Télam.
House to House, agrega el cable, es una empresa argentina que, según su propio portal de internet, se dedicó “desde su creación a brindar la más completa cobertura de servicios de logística tanto a nivel local como internacional”, que tiene oficinas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Asunción del Paraguay, y en los puertos de Zárate y Santa Fe.
Su vicepresidente y uno de sus accionistas, Bernabé Moschella, fue detenido el año pasado acusado de organizar y financiar cargamentos de cocaína a España junto a su amigo Ariel Álvarez, hermano del famoso relacionista público Gaby Álvarez, según publicó en aquel entonces el diario Tiempo Argentino.
El caso por el que fueron detenidos Moschella y los otros acusados en el marco de la causa denominada Sky-Mal, fue llevada adelante por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, la exmujer de Nisman, el hombre por cuya muerte tuvo que declarar Stiuso antes de irse del país.
La denuncia expuesta ayer ya está radicada en el Juzgado Penal Económico de Nicolás Caputo.
Juan Martín Mena, subsecretario de Inteligencia, dijo que “no es un simple contrabando” y que hay civiles involucrados. Y lo calificó de “plan criminal”.
A la espera de otro llamado
El 22 de diciembre pasado la licitación del Proyecto de Reconversión y Traslado del Puerto de Santa Fe, que había comenzado en 2012 y debía finalizar el año pasado, quedó sin efecto como consecuencia del informe emitido por la Comisión Evaluadora, que recomendó la descalificación de la única oferta presentada, que corresponde a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas House to House, Sociedad Comercial del Sur SA, Compañía Marítima Austral SA, y Puertos y Estibajes SA.
“Es en razón de no haberse concretado en tiempo y forma la inscripción de la UTE en el Registro Público de Comercio. Lo antedicho conlleva que la documentación presentada en la oferta no esté debidamente confirmada por una persona que cuente con facultades suficientes para comprometer a las empresas integrantes de la UTE”, resaltó el informe justificando la negativa a definir la única propuesta.
Este argumento sonó a excusa dado que dos meses antes se había conocido una carta que le envió el exintendente de Rosario, actual concejal y precandidato a diputado provincial por el peronismo, Héctor Tigre Caballero, advirtiendo vínculos entre algunos de los interesados en el Puerto santafesino y actividades ilegales, entre ellas, el narcotráfico.
Primero la denuncia y luego la posterior decisión tuvo alto impacto en la capital provincial, dado que el Puerto es uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad.
A principios de este año, el gobierno de la provincia llamó a una nueva licitación, cuyos sobres se abrirán el próximo 19 de marzo del corriente.
La licitación contempla la formulación del Proyecto Ejecutivo y la concesión de la construcción, operación y mantenimiento de una nueva terminal multipropósito para operar necesariamente con agrograneles sólidos y contenedores del Puerto de Santa Fe.
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