El Tribunal Oral Federal 1 dio los fundamentos de la condena a Cervera, Maderna y Pili Rodríguez por el secuestro y torturas del sindicalista Casado, quien insistió por tres décadas, hasta su muerte, en reclamar justicia.
La Capital |
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario difundió el viernes último los fundamentos de la condena a 8 años y medio de prisión de los ex militares Rubén Cervera y Horacio Maderna, y el abogado Pedro Pili Rodríguez, por el secuestro y torturas en 1976 de Manuel Casado, ex secretario general del gremio municipal de San Lorenzo. No obstante, por disposición del Tribunal, los convictos permanecerán en libertad hasta que la condena quede firme, una actitud inédita en este tipo de casos en la provincia y que ya fue apelada por la Fiscalía.
Los jueces Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella consideraron que "no cabe duda que los tres imputados formaban parte de un mismo grupo que llevó adelante las conductas delictivas", las que "coinciden en todos los aspectos con el diseñado plan sistemático integral amparado en la clandestinidad y libertad de acción que otorgaba la Junta Militar que gobernaba el país". Añadieron que "del contexto de la prueba, se infiere cuál era el modus operandi utilizado", y que la participación de los represores "implicaba una implícita aceptación de operar con métodos clandestinos, secretos y reñidos con la normativa legal".
Gonzalo Stara, fiscal de la causa y titular de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, indicó a LaCapital que el veredicto "recoge muchos de los argumentos que merituara al momento de los alegatos", y puso como ejemplo que "el Tribunal destaca la importancia de la prueba testimonial y sostiene que las alegadas contradicciones en que pudieron haber incurrido algunos testigos no eran relevantes".
El fiscal destacó que "el Tribunal consideró acreditado que los imputados conformaron un equipo que, con la imprescindible intervención de Rodríguez, Cervera y Maderna, pudo llevar adelante parte del plan sistemático en el Cordón secuestrando, torturando y asesinando a dirigentes políticos y sindicales".
Primer paso. Stara remarcó que "se establece por primera vez, desde los estrados judiciales, y luego de tres décadas, la veracidad de los hechos sufridos por Casado y su familia, y la responsabilidad de quienes los cometieron". Añadió que "el caso Casado resultó más que suficiente para establecer las primeras responsabilidades en relación a la represión ilegal en el Cordón y nos pone en condiciones de proseguir con las audiencias de debate que, en adelante, continuarán estableciendo la cadena de responsabilidades por la represión".
Resaltó que "nos encontramos ante la primera condena a un civil por la represión en nuestra región, que por supuesto, no se agota en los integrantes de las fuerzas de seguridad y cuya investigación es una deuda de los procesos de verdad y justicia que comienza a saldarse".
Los jueces dieron por acreditado, a partir de diversos testimonios, que "Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976", y que "fue golpeado, y en forma muy violenta fue introducido en un vehículo de tipo militar y que fue trasladado a la Municipalidad de San Lorenzo". También que "por último lo suben a un vehículo y fue trasladado al Batallón de Arsenales 603 —por ese entonces 121— de Fray Luis Beltrán, lugar en donde le aplicaron corriente eléctrica, para luego culminar su cautiverio en la Jefatura de la Policía en San Lorenzo, desde donde recuperó su libertad, tal como manifestó la propia víctima".
La sentencia afirmó que "Rodríguez ha tenido una participación necesaria y determinante en la detención ilegal de Casado, y su posterior tortura, indicándolo al Cuerpo del Ejército que lo detuvo, con pleno conocimiento de su actividad sindical, hallándose presente en el primer lugar donde estuvo detenido negándole todo tipo de ayuda y en los lugares donde fue torturado".
Sobre Cervera y Maderna, el Tribunal sostuvo que "ambos, valiéndose de la información aportada por Rodríguez, tomaron conocimiento de quién era Casado y lo identificaron físicamente", y que "de esa forma ordenaron la detención ilegal del mismo por su actividad gremial".
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