La propuesta del PRO modificaría
el Régimen de Infracciones y Penalidades municipal, de manera que el
juez podría ordenar la suspensión de la multa a condición de trabajos
de solidaridad con la comunidad en lugares públicos.
Esta semana, el concejal santafesino Tomás Norman (PRO) presentó un
proyecto para que los ciudadanos que hayan cometido una infracción de
tránsito puedan cumplir con tareas sociales su condena de multa.
La propuesta modificaría el Régimen de Infracciones y Penalidades municipal, de manera tal que el juez pueda, mediante resolución fundada o a solicitud del infractor, ordenar la suspensión del efectivo cumplimiento de la condena de multa, total o parcialmente, a condición de prestar trabajos de solidaridad con la comunidad, asistiendo a colaborar en lugares públicos.
El infractor podrá solicitarlo en el momento de su comparecencia espontánea o al término de la audiencia en la que se dictara resolución condenatoria.
“Este sistema, conocido como probation, es utilizado con éxito en muchos municipios. Es un mecanismo de educación vial que conlleva un beneficio comunitario sin basar la condena en una política vial meramente recaudatoria”, contó el edil.
El juez fijará el término de la extensión de los trabajos durante el cual el sancionado ha de cumplir reglas de conducta específicas, que deberá realizarse fuera de los horarios habituales de trabajo del infractor.
A los fines de su determinación en relación a la multa, se tomará como referencia el valor promedio de la hora trabajada por el personal municipal escalafonado, existente al momento de la imposición de la sanción.
“Si bien el proyecto está dirigido a toda la ciudadanía es especialmente interesante en dos circunstancias. Por un lado, en el caso de los ciudadanos que no tienen recursos económicos suficientes para afrontar las sanciones económicas. Por otro lado, es usual que cuando los infractores son jóvenes sean los padres quienes paguen las multas. En estos casos, quien cumple con la pena no es quien comete la infracción y, si el efecto que se busca con la condena económica es la concientización y la reparación del daño social por parte del conductor, entonces el objetivo no se cumple”, explicó Norman.
Las tareas a realizar serán determinadas con precisión y especificadas al caso. El juez no podrá impartir instrucciones cuyo cumplimiento sea humillante para el sancionado o susceptible de ofender su dignidad personal.
Cumplimentadas las tareas ordenadas por el juez se tendrá por cumplida la condena. En caso de incumplimiento total o parcial, el infractor deberá abonar el total de la multa impuesta con anterioridad.
“La propuesta de rendir cuentas a la sociedad a través del trabajo social es, a mi entender, una alternativa superadora. Si lo que queremos es ordenar el tránsito y evitar accidentes y muertes, debemos agotar las soluciones posibles”, concluyó el concejal.
La propuesta modificaría el Régimen de Infracciones y Penalidades municipal, de manera tal que el juez pueda, mediante resolución fundada o a solicitud del infractor, ordenar la suspensión del efectivo cumplimiento de la condena de multa, total o parcialmente, a condición de prestar trabajos de solidaridad con la comunidad, asistiendo a colaborar en lugares públicos.
El infractor podrá solicitarlo en el momento de su comparecencia espontánea o al término de la audiencia en la que se dictara resolución condenatoria.
“Este sistema, conocido como probation, es utilizado con éxito en muchos municipios. Es un mecanismo de educación vial que conlleva un beneficio comunitario sin basar la condena en una política vial meramente recaudatoria”, contó el edil.
El juez fijará el término de la extensión de los trabajos durante el cual el sancionado ha de cumplir reglas de conducta específicas, que deberá realizarse fuera de los horarios habituales de trabajo del infractor.
A los fines de su determinación en relación a la multa, se tomará como referencia el valor promedio de la hora trabajada por el personal municipal escalafonado, existente al momento de la imposición de la sanción.
“Si bien el proyecto está dirigido a toda la ciudadanía es especialmente interesante en dos circunstancias. Por un lado, en el caso de los ciudadanos que no tienen recursos económicos suficientes para afrontar las sanciones económicas. Por otro lado, es usual que cuando los infractores son jóvenes sean los padres quienes paguen las multas. En estos casos, quien cumple con la pena no es quien comete la infracción y, si el efecto que se busca con la condena económica es la concientización y la reparación del daño social por parte del conductor, entonces el objetivo no se cumple”, explicó Norman.
Las tareas a realizar serán determinadas con precisión y especificadas al caso. El juez no podrá impartir instrucciones cuyo cumplimiento sea humillante para el sancionado o susceptible de ofender su dignidad personal.
Cumplimentadas las tareas ordenadas por el juez se tendrá por cumplida la condena. En caso de incumplimiento total o parcial, el infractor deberá abonar el total de la multa impuesta con anterioridad.
“La propuesta de rendir cuentas a la sociedad a través del trabajo social es, a mi entender, una alternativa superadora. Si lo que queremos es ordenar el tránsito y evitar accidentes y muertes, debemos agotar las soluciones posibles”, concluyó el concejal.
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