PROV. STA FE: El Senado pidió al gobernador que derogue un decreto en Educación

Para cada modificación edilicia, para cada donación, para cada aporte de la cooperadora o de los centros de estudiantes, un director de escuela necesita autorización ministerial.

 El decreto 962 del Ministerio de Educación fue criticado primero en la Cámara de Diputados. Un ex senador, el diputado justicialista Ricardo Olivera, hizo notar que se había creado una traba burocrática que iba a traer problemas en las escuelas. Unas semanas después fue el turno de los senadores radicales que -en el momento de las manifestaciones- formularon sus críticas a las que de inmediato se sumaron los senadores opositores.

El jueves pasado la Cámara Alta dio un paso más: mediante un proyecto de comunicación pidió formalmente al gobernador Antonio Bonfatti que derogue la normativa que -según lo que pudo escucharse en el recinto del Senado- complica también las habituales donaciones de los senadores a las escuelas.

El proyecto fue llevado al debate por Joaquín Gramajo (PJ- 9 de Julio) y a sus críticas se sumaron las de varios otros miembros de la oposición, mientras desde el oficialismo -no pocas veces- se asentían las críticas con la cabeza.

En rigor, ningún senador defendió la letra del decreto en su parte resolutiva. Sólo Lisandro Enrico (UCR- General López) se ocupó de señalar, en nombre de los radicales, que las intenciones del decreto eran buenas, aunque falle el articulado.

El oficialismo cayó incluso cuando Alberto Crossetti (PJ-Belgrano) disparó: “Los docentes, al mejor estilo de la dictadura, tienen miedo”, al graficar las reacciones de los directivos de las escuelas cuando -según relató- los senadores se acercan a las instituciones educativas a ofrecer su ayuda.

Al cierre de esta edición, corrían versiones respecto de una medida en favor del pedido del Senado: dar marcha atrás con la medida.

Perjuicio irremediable

“Se ha provocado un perjuicio irremediable al sistema educativo provincial”, dijo Gramajo.

El miembro informante de la mayoría subrayó: “Los considerandos del decreto no condicen con su parte resolutiva” y advirtió que ya se han levantado “muchísimas voces” en contra del decreto 962.

Dijo que hay rechazo a la medida no sólo entre legisladores provinciales, también en otros ámbitos como el gremial, de las cooperadoras escolares

El decreto “no condice con la política participativa que el gobernador (Antonio Bonfatti) está llevando adelante y, además, los considerando en muchos párrafos no condicen con la parte resolutiva”.

Advirtió que el artículo 3ro. exige autorización “para toda donación, aporte o apoyo: se tiene que consultar y pedir autorización a la Secretaría de Infraestructura y Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación.

Este decreto está deteniendo el apoyo de particulares y legisladores”.

El senador reiteró que el decreto “tiene que ser inmediatamente derogado, porque el gobierno nacional, a través del viceministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quiso aportar fondos, pero no pudo hacerlo por este decreto 0962/2012. Tenemos que agregar a esto, también, la política que está tomando el Ministerio de Educación de la Provincia con relación a los directivos y, al respecto, tenemos información de que muchos supervisores están prohibiendo a los directivos de las escuelas que soliciten algún apoyo económico a los senadores y diputados de los departamentos”.

“De esta manera estamos aislando a la escuela de la sociedad en contra de los principios de la educación, pública y privada, establecidos en el mismo decreto, en todas las leyes provinciales y nacionales y en la propia Constitución. Por todo esto, el gobernador tiene que derogarlo para permitir que las personas puedan apoyar y contribuir para que las escuelas sigan funcionando con la mayor comodidad posible, para que se cumplan y se hagan realidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque ésta es la forma de actuar”.

“Cepo”

“Tenemos que evitar el cepo que se les está colocando a los docentes para que puedan hablar y plantear las necesidades de las escuelas. Y, además de todo esto, he tomado conocimiento de hechos de suma gravedad, donde legisladores han sido expulsados de las escuelas por orden o instrucción de los superiores. Todo esto hace que aumenten los problemas educativos y la sociedad, en vez de apoyar, se irá alejando de las escuelas”, dijo sin dar nombres.

En tanto Crossetti deslizó la idea de invitar al recinto a la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Letizia Mengarelli, para que brinde explicaciones, aunque de su expresión nadie más se hizo eco.

“El decreto 962 es, de por sí, lamentable, pero es mucho más repudiable el temor que infunde el Ministerio de Educación de la Provincia a los docentes que, al mejor estilo de la dictadura, tienen miedo”, afirmó el senador. Y agregó: “Los docentes piden por favor que no demos nombres y apellidos, pero nos cuentan que reciben instrucciones verbales, como bien dijo el senador Alcides Calvo: en todas las escuelas temen posibles represalias de parte del Ministerio”

“Cuando nosotros vamos a las escuelas con la sana intención de colaborar nos encontramos, lamentablemente, con la resistencia de los docentes y directores por el temor que tienen, según ellos mismos nos dicen, de posibles represalias por parte del Ministerio de Educación si suscriben una nota elevando un pedido al senador para obtener un subsidio para solucionar problemas o para cualquier mínima compra”, dijo Crosetti.