Acusado de abuso sexual, Daniel
Puebla murió en 2005 tras una brutal golpiza en la alcaidía de Casilda.
Cinco compañeros de celda fueron sentenciados, pero el fallo
responsabiliza también a la policía.
La Capital |
En julio de 2005 Daniel Juan Puebla, un empleado de 50 años de la
comuna de Arequito, fue arrestado bajo la acusación de haber abusado
sexualmente de dos hermanos de 10 y 14 años. Fue alojado en la Alcaidía
de la Unidad Regional IV de Casilda, donde los cinco reclusos con
quienes compartía la celda lo mataron a golpes. Ahora, el juez de
Sentencia Nº 4 Julio Kesuani condenó a los autores de la golpiza y
también dispuso que la provincia deberá pagar una indemnización de 250
mil pesos a los familiares de Puebla a raíz de que ponderó que los
policías que custodiaban el penal cuando ocurrió el suceso no hicieron
nada para impedir el feroz ataque que sufrió el hombre fallecido.
En este marco, Francisco Rafael Romero,
Fernando Daniel Pacienza, Matías Tolosa, Fabián Alejandro Brollio y
Ubaldo Daniel Gómez fueron sentenciados como coautores del delito de
homicidio a penas de entre 8 y 11 años y medio de prisión.
Por su parte, los cuatro policías que
custodiaban el penal también llegaron a juicio, ya que la jueza penal de
Casilda Silvia Nogueras los procesó por incumplimiento de los deberes
de funcionario público. Si bien Kesuani no pudo juzgarlos por ese delito
porque ya había prescripto la acción penal, los uniformados deberán
pagar —en forma solidaria con el Estado provincial y los presos
condenados— el resarcimiento económico a los parientes de Puebla.
Acusaciones. El 5 de
julio de 2005 Puebla quedó detenido en la comisaría de Arequito luego de
que el padre de dos hermanos de 10 y 14 años lo denunciara acusándolo
de abusar sexualmente de sus hijos mientras les enseñaba a jugar al
fútbol junto a otros chicos humildes.
Los chicos dijeron a la policía que el
empleado comunal los invitaba a su casa a comer para luego
alcoholizarlos y vejarlos. Esto ocurría, según afirmaron, al término de
las clases de fútbol que el hombre les daba en un campito en las afueras
de Arequito.
Puebla ya había sido apresado en el
2003 por un hecho similar cuya presunta víctima había sido un hermano de
esos chicos. En aquella oportunidad, el empleado comunal fue
sobreseído.
Malas compañías.
Puebla fue trasladado a la alcaidía de Casilda, donde lo alojaron en una
celda solo. Luego fue llevado a declarar ante la jueza Nogueras, donde
"negó el hecho por el que se lo acusaba", explicó Marcelo Lalli, el
abogado que representa a los familiares de Puebla.
Tras declarar ante Nogueras, Puebla
regresó al calabozo que ocupaba. En ese marco, el entonces jefe de la
alcaidía casildense le ordenó al oficial de guardia Angel C. que el
hombre fuera al pabellón donde se alojaba a las personas acusadas de
delitos sexuales. Pero C. alegó que ese sector estaba sobrepoblado
—luego se corroboraría, según Lalli, que "cabían tres o cuatro personas
más"— y ubicó a Puebla junto con "los presos más peligrosos".
Tres horas después —ya era 6 de julio—
Puebla apareció muerto. La autopsia luego indicaría que murió como
consecuencia de 25 lesiones corporales, la fractura de siete costillas y
la perforación de un pulmón a raíz de la brutal paliza.
El resultado del examen forense
descartó signos de asfixia con lo que se desechó la posibilidad del
ahorcamiento como habían sugerido los propios reclusos que lo atacaron.
En su informe, el médico Víctor Frigeri
señaló que en la parte frontal derecha de la cabeza, al lado de una
ceja, presentaba marcas de golpes o puntapiés coincidentes con los
realizados con un zapato o algún calzado duro. Y en la región lumbar
(espalda) especies de lonjazos, similares a los dejados por bastonazos.
Huellas. En su
momento, fuentes de la departamental casildense señalaron que los presos
montaron una estrategia para hacer creer que el homicidio de Puebla se
había tratado de un suicidio. Así, luego de asesinarlo intentaron
ocultar el crimen atando sogas y cables en una reja y poniendo un banco
debajo de la supuesta horca. Pero Puebla nunca estuvo colgado.
Los presos lo llevaron hasta el pasillo
del penal para avisar al encargado de la alcaidía que había intentado
ahorcarse. "Escuchamos ruidos mientras comíamos. Fuimos a ver qué pasaba
y lo encontramos colgado. Lo bajamos y pedimos ayuda", dijeron los
presos comprometidos en el ataque homicida.
Para modificar la escena del crimen,
los reclusos también lavaron el piso de la celda, pero no eliminaron las
huellas de sangre que había sobre la pared ni se desprendieron de la
camisa ensangrentada de Puebla que habían tirado en un tacho de basura.
A la jaula. Durante la
instrucción de la causa, el primer fiscal del caso le requirió a la
jueza de Nogueras que los policías involucrados fueran acusados de
partícipes necesarios de homicidio, pero la magistrada rechazó que
fueran a juicio con esa imputación.
Según Lalli, los presos condenados se
enteraron por los propios uniformados de que Puebla estaba acusado de
abuso sexual. "Los policías tiraron un pedazo de carne a la jaula. Y los
detenidos que lo atacaron querían hacer aparecer la muerte como un
suicidio. Ellos baldearon los rastros de sangre que quedaron en el piso
de la celda", afirmó el letrado.
Descontrol. Precisamente,
esta cuestión fue ponderada por Kesuani para responsabilizar a los
policías por el suceso que los obliga a indemnizar. "La ocultación de
los rastros de la agresión y el lavado del piso conforman una serie de
descontroles que hacen imposible encontrar algún tipo de duda en la
responsabilidad de los funcionarios policiales involucrados", sostuvo el
magistrado respecto de los policías Angel Javier C., Marcelo Oscar M.,
Raúl Daniel D. M. y Apolinario G.
"No es posible aceptar que ninguno de
ellos escuchara los gritos y los pedidos de auxilio" de Puebla cuando lo
golpeaban, consideró en su fallo el juez Kesuani.
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