La medida complica la investigación que involucra al vicepresidente. En qué consisten las "resoluciones Boudou".
La Inspección General de Justicia redactó dos extrañas circulares que restringen el acceso a la información sobre sociedades comerciales, medidas que complican la investigación del caso de la ex Ciccone Calcográfica, que pone en jaque la continuidad del vicepresidente Amado Boudou
en la Casa Rosada. El responsable del IGJ, el militante de La Cámpora
Norberto Bermer, dictó entre el 8 y 13 de junio las circulares para restringir la accesibilidad a documentos sobre sociedades comerciales, como la empresa The Old Fund.
Según publica el diario Clarín, la medida fue tomada en respuesta de un pedido de informe que solicitó el 17 de febrero el diputado radical Ricardo Gil Lavedra sobre empresas relacionadas a una “presunta comisión de irregularidades en el proceso concursal y posterior rehabilitación de una sociedad anónima”, la cual corresponde a la ex Ciccone.
Las "reso Boudou". La primera circular firmada por Bermen y fechada el 8 de junio, expresa que el organismo deberá “controlar que la información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad a la que se destinará”, además de que el interés del solicitante tiene que ser legítimo y acorde a la finalidad del tratamiento.
La segunda circular, también firmada por Bermen y fechada el 13 de junio sostiene que la documentación del Registro Público de Comercio “forma parte de un banco de datos personales, encontrándose alcanzada por la Ley de Protección de Datos Personales”.
Los empleados administrativos del organismo ya bautizaron a las dos circulares de la polémica con el nombre de “resoluciones Boudou”.
Según publica el diario Clarín, la medida fue tomada en respuesta de un pedido de informe que solicitó el 17 de febrero el diputado radical Ricardo Gil Lavedra sobre empresas relacionadas a una “presunta comisión de irregularidades en el proceso concursal y posterior rehabilitación de una sociedad anónima”, la cual corresponde a la ex Ciccone.
Las "reso Boudou". La primera circular firmada por Bermen y fechada el 8 de junio, expresa que el organismo deberá “controlar que la información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad a la que se destinará”, además de que el interés del solicitante tiene que ser legítimo y acorde a la finalidad del tratamiento.
La segunda circular, también firmada por Bermen y fechada el 13 de junio sostiene que la documentación del Registro Público de Comercio “forma parte de un banco de datos personales, encontrándose alcanzada por la Ley de Protección de Datos Personales”.
Los empleados administrativos del organismo ya bautizaron a las dos circulares de la polémica con el nombre de “resoluciones Boudou”.
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