sábado, 12 de mayo de 2012

PROV. STA FE: Solicitan garantizar los derechos laborales de los agentes estatales

Un proyecto de la diputada De Césaris cuestiona el uso político de cargos de estructura administrativa creados por leyes especiales. También advierte sobre demoras en designaciones, concursos y otros acuerdos paritarios.

 La diputada provincial Silvia De Césaris (Producción y Trabajo) presentó una iniciativa, pidiéndole al Poder Ejecutivo que revea una serie de situaciones irregulares que “se verifican en distintos ámbitos de la administración pública provincial y organismos descentralizados, que afectan derechos de los trabajadores y resienten servicios a la comunidad”.

La legisladora expuso, en la minuta, seis situaciones irregulares que -a su entender- se están produciendo en el Estado santafesino. De Césaris preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara y llegó a la banca siendo integrante de la comisión directiva de UPCN.

El proyecto -girado a comisiones y que sería aprobado en pocas semanas- puntualiza seis medidas concretas:

* Restituir cargos de planta permanente y transitorios que han sido utilizados para cubrir cargos políticos de gabinete.

* Disponer el pago de suplemento por subrogancia a aquellos agentes de la administración pública que por desempeño de función en primer término, por carrera administrativa en segundo término, les corresponde percibir.

* Designar a aquellos agentes en los cargos que, conforme al proceso de selección estipulado -concurso-, han culminado en los diversos organismos concursados. La legisladora menciona los casos de los ministerios de Producción, Justicia y Derechos Humanos y Trabajo y Seguridad Social.

* Convocar a concurso de cargos que, por falta de financiamiento, han quedado suspendidos. En este caso menciona a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, así como de Trabajo y Seguridad Social.

* Disponer el pase a planta de agentes contratados en forma irregular y conforme se determinó por el decreto 1.070 del año pasado.

* Disponer una resolución favorable a los temas abordados por la comisión técnica de la paritaria central.

Más agentes y más gasto


La diputada justicialista afirmó que el proyecto tiene como fundamento la preocupación que existe en el seno del Estado ante la modalidad que está utilizando el gobierno provincial “por el cual se utilizan cargos del planta permanente y transitoria para transformarlos en cargos políticos”.

Más adelante, De Césaris sostuvo que “este procedimiento utilizado por los gobiernos de Binner y de Bonfatti le ha permitido triplicar la planta de personal político y de gabinete, lo que ha significado un incremento del gasto corriente, tan desmesurado como innecesario, y que la provincia no lo puede pagar”. Acotó que esto perjudica la carrera administrativa y viola los derechos esenciales del trabajador.

Precisó que “si tenemos en cuenta que en el período 2007/2011, la masa salarial subió un 189%, no es que dicha plata fuera al bolsillo del trabajador, sino que se evidencia un enorme crecimiento de la planta del Estado santafesino”.

Recordó que la ley 13.179 dispuso la creación de 3.772 cargos en diversos organismos del Estado y la 13.247, otros 152 cargos y 2.000 horas cátedra en el Ministerio de Innovación y Cultura. “Ahora nos encontramos con que aquello que fuera inspiración de la normativa aludida se trastocara y se transformara en cargo que satisfacen egoístas aspiraciones políticas”, afirmó.

El texto subrayó que “queda a esta Legislatura la potestad de garantizar los derechos quebrantados de nuestros trabajadores, los cuales se han visto vulnerados ante la metodología utilizada por la actual administración”.

Niñez

El diputado EduardoToniolli tuvo apoyo de la Cámara a un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo con respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes que residen en dispositivos institucionales o en ámbitos familiares alternativos. El pedido apunta a saber, entre otras cosas, qué cantidad de instituciones, ya sean públicas o privadas, existen en la provincia; la capacidad máxima de población autorizada para vivir en cualquiera de éstas, como así también, saber qué monto recibe cada una de ellas por cada niño o niña residente y precisar el destino de inversión de dicho monto.

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