Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y de Economía, Gonzalo Saglione, suscribieron el acuerdo mediante el cual se crea una comisión permanente para resolver los problemas diarios de el Registro de la Propiedad, Catastro y API.
De esta forma, se generará un ambiente único para el tratamiento y la resolución de los problemas prácticos planteados por la ciudadanía o los profesionales involucrados en la actividad.
Al respecto, Silberstein indicó que la “comisión no surgió de un hecho aislado. Los que hemos sido profesionales conocemos la problemática que genera deambular por los organismos del Estado y lidiar con ello. Por tal motivo, este convenio tiene un enorme significado y está en consonancia con una política que está llevando adelante el gobierno provincial. Este hecho representa uno de los principales objetivos del gobernador Miguel Lifschitz, que es seguir dando pasos para acercar el Estado a la ciudadanía, para que todos podamos vivir en una Santa Fe mejor”.
“Estamos en el mundo de la velocidad y de la comunicación en tiempo real, por eso hay que ir ajustando las tareas del gobierno a estas cuestiones, el Estado tiene que dar respuestas a una sociedad que exige, acorde a los tiempos que corren”, subrayó el ministro de Justicia; al tiempo que destacó la importancia del “diálogo entre todos los poderes para tener un norte en común y coordinar las tareas de los distintos organismos”.
Por su parte, Saglione precisó que la comisión “generará un ambiente único para el tratamiento y resolución de los problemas diarios planteados por la ciudadanía y los profesionales involucrados en la actividad, mediante la adopción de resoluciones para todos los organismos nombrados. El objetivo es armonizar y potenciar el funcionamiento, a través de una auténtica participación ciudadana, con el convencimiento de que será un gran beneficio para toda la comunidad”.
Del acto, que se llevó a cabo en el Centro Cívico de la Región 4, Nodo Rosario, también participaron el administrador provincial del Servicio de Catastro, Norberto Frickx; el titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), José Raffin, y el director del Registro General de la Propiedad, Matías Figueroa.
El acuerdo tiene entre sus objetivos potenciar el funcionamiento integrado de los distintos organismos en la búsqueda de excelencia en cuanto a niveles de información y de afianzamiento del principio de seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, y en la gestión y el cobro de todos los tributos que puedan surgir como consecuencia de ellas. Esto redundará en una adecuada protección de la libertad individual y el derecho de propiedad mediante la adopción de resoluciones de carácter vinculante para todos los organismos nombrados.
En tanto, el director del Registro General de la Propiedad afirmó que con la creación de esta comisión se recogen reclamos de todos los colegios profesionales, y agregó que el objetivo de este nuevo espacio es mejorar la eficacia de cada repartición. “El Estado es uno, la provincia es una, y con esa postura estamos trabajando en varios proyectos en común para poder optimizar todos los recursos humanos de todas las reparticiones”, indicó el funcionario provincial.
En la misma línea, el administrador provincial del Servicio de Catastro remarcó que es el propio Estado “el que debe solucionar las distintas problemáticas que surgen cuando se cruzan los organismos favoreciendo los trámites administrativos para los contribuyentes y/o los profesionales” y agregó que “con el convenio firmado el principal beneficiado no será el profesional sino que el verdadero favorecido será el ciudadano”.
DESCENTRALIZACIÓN
El convenio se enmarca en una serie de acciones que el gobierno provincial está llevando adelante para descentralizar los trámites en la administración pública con vistas a lograr una mayor participación ciudadana en las nuevas formas de gestión y la inclusión social, y en concordancia con los lineamientos actuales de gestión que incluyen tres objetivos fundamentales: modernización, descentralización y cercanía con el ciudadano.
El acuerdo reafirma la necesidad de establecer un diálogo abierto y permanente, analizando todos los mecanismos de interacción entre los distintos organismos y su adecuación a los nuevos tiempos que la tecnología impone. Con el objetivo de simplificar y agilizar al máximo las tramitaciones administrativas, los organismos citados han decidido crear una comisión permanente para el tratamiento y resolución de distintas problemáticas.
Asimismo, se dispone que la comisión podrá convocar a los colegios profesionales y las distintas facultades para que manifiesten su opinión en las temáticas afines.
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