Foto: J. Busiemi
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo delegación Santa Fe,"quiere expresar su más enérgico repudio a la volanteada agraviante contra los derechos de las mujeres que se realizó en el domicilio particular del Dr. Darío Montenegro, director del Hospital Protomédico de nuestra ciudad. Dicho profesional garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su lugar de trabajo y no debe ser cuestionado ni repudiado por fundamentalismos religiosos y/o morales.
En este contexto afirmamos que el Protocolo pretende promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación, de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando éste se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país. Dicho protocolo se encuentra entre las principales acciones implementadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) del Ministerio de Salud de la Nación, para alcanzar los objetivos establecidos en su ley de creación (25.673). En este sentido, el PNSSyPR afirma que la interrupción del embarazo debe ser brindada bajo los mismos parámetros que otros componentes del servicio de salud, es decir, respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada.
Por su parte, las organizaciones sociales, políticas, vecinales, legisladores/as y referentes de la comunidad, convocados por el Consejo de la Comunidad del Hospital Iturraspe, expresan su más enérgico repudio a las agresiones sufridas por el Dr. Darío Montenegro en su domicilio y en su barrio, a través de panfleteadas con expresiones agraviantes a su persona y sus convicciones en defensa de la vida y de la salud de las mujeres.
"Estos desconocidos agresores como parte de los sectores más retrógrados de la sociedad santafesina, aprovechando el anonimato y sin el coraje de aceptar el debate democrático, intentan amedrentar a quienes tienen la fuerza de trabajar por los derechos adquiridos. La legislación nacional a través del Código Penal y la ratificación de la Corte Suprema mediante el caso F.A.L., legitimaron los Protocolos de Interrupción Legal del Embarazo tanto a nivel nacional como provincial, desde el año 2012. Por todo esto queremos acercar nuestra solidaridad a la familia agraviada y transmitirle a la sociedad santafesina que estamos juntos trabajando en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".
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