NAC. De la denuncia a las petroleras a un millonario déficit nacional

El gobierno es quien paga -subsidios mediante- las compras a granel de gasoil, que ayer denunció por sobreprecios. Lo hizo el mismo día en que entró en vigencia la quita del subsidio a colectivos de larga distancia que, al mismo valor del combustible, podrían aumentar los boletos entre 20 y 30 %.

 

 La economía interna no se para, no hay inflación y se mantiene el superávit comercial. Los presupuestos del modelo económico son buenos, pero desafían la realidad si los precios internos aumentan -lo que frena la economía- o si hay que importar mucho combustible porque la Argentina ya no se autoabastece.

El vicepresidente a cargo del Ejecutivo, Amado Boudou y el ministro de Planificación, Julio De Vido, denunciaron ayer a las petroleras por sobreprecios en la venta de gasoil a granel. Omitieron mencionar que desde ayer rige la eliminación del subsidio a los colectivos de larga distancia y que eso supone un aumento del boleto del orden del 20 al 30 %.

¿Fue Guillermo Moreno el que diseñó el anuncio de ayer? Desde que se privatizó YPF con los decisivos votos de los diputados nacionales por Santa Cruz en los ‘90, Repsol es un aliado íntimo del kirchnerismo. Ayer llamó mucho la atención que el ministro apuntara a Shell y omitiera mencionar a Repsol, que provee 65 % del gasoil a las empresas de transporte.

El problema para Moreno es que el país importó combustibles líquidos por U$S 3.400 millones (lo que achica el superávit fiscal) y que eso incrementa el costo de subsidios a las transportadoras. La Casa Rosada ya transfirió a Mauricio Macri el costo político del aumento del boleto del subte, y el gobierno nacional no quiere pagar esos mismos costos por el incremento del boleto de larga distancia, cuando restan por resolver la eliminación de subsidios a colectivos porteños, además del impacto que generará la eliminación de subsidios a la electricidad, el gas y la luz.

Cuestión de números

La Asociación Argentina de Presupuesto y la Administración Pública (Asap) calculó que el déficit fiscal nacional de 2011 trepó a $ 34 mil millones, y que ese rojo hubiera alcanzado otros $ 17 mil millones más a no ser por los aportes de la Anses y del Banco Central de la República Argentina.

En ese rojo hay 85.180 millones en subsidios, que funcionaron con una buena palanca social y económica desde la devaluación pero que el gobierno ya no puede pagar si no es a cambio de endeudamiento. Y eso no se lleva bien con el modelo de desendeudamiento.

En ese marco el gobierno nacional empezó a “desarmar” los subsidios. Los del subte los sostendrá poco más y después el problema es de Macri. Pero el transporte automotor (incluye camiones) insumió 11.833 millones en los cálculos de Asap.

A eso hay que sumar unos 2.357 millones aportados a los ferrocarriles y U$S 757 millones que -siempre el año pasado según Asap- se llevó la gestión de Aerolíneas Argentinas.

Y el panorama el las tarifas de otros servicios también es complejo. Cammesa (la mayorista eléctrica) recibió el año pasado 23.704 millones en subsidios; Enarsa otros 10.558 millones y empresas como Yacyretá Nucleoeléctrica $ 2.791 millones más. Sin esos aportes las tarifas encarecerían mucho más el sistema de precios de la economía interna, en medio de pujas ya complicadas por la actualización salarial.

Shell niega

La petrolera salió hoy al cruce de las denuncias oficiales por sobreprecios de hasta 30 % en la venta de gasoil a granel. Un comunicado firmado por su presidente, Juan José Aranguren, asegura que Shell vende 20 % de su gasoil a granel y que en octubre lo hizo a $ 4,55 por litro, un 0,9 % por debajo del vigente en surtidor. Reconoció que “la diferencia se revirtió en noviembre, cuando el precio a granel fue un 1,5 % superior al de surtidor y en diciembre, que se estiró a 1,9 %. Pero en enero el precio a granel volvió a ser inferior al de las estaciones de servicio en un 0,8 % ( ,85 y 4,89)”.

Discriminación y corrupción

“Queremos dejar de subsidiar a la oferta para subsidiar a la demanda. Queremos dejar de subsidiar empresas para subsidiar personas”. A confesión de parte, el secretario de transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, dejó en claro que el objetivo es corregir el subsidio a sectores concentrados de la economía para asistir con un beneficio más específico a la gente que lo necesita.

Hasta aquí el kirchnerismo subsidió más a las empresas que a la gente, y a los sectores sociales más beneficiados que a los más postergados. Así, el boleto de subte en el barrio norte porteño ($ 1,10) era hasta hace un mes más barato que el colectivo en Piquete Las Flores (2,75 en monedas) en nuestra ciudad, sólo por mencionar un ejemplo. Ambos sistemas con subsidio “nacional”.

La Casa Rosada quiere ahora analizar la situación de los usuarios con la tarjeta “Sube”, que una vez más es porteña o metropolitana, pero nada se habla para el resto del país. El criterio progresista de dejar de pagar a las empresas para asistir a quien lo necesita aún debe un alcance geográfico igualmente equitativo.

En Buenos Aires el boleto del colectivo aún cuesta $ 1,10 gracias a los subsidios nacionales. Una de las empresas beneficiadas es la que -según investiga la justicia- proveía casa y autos lujosos al ex secretario de transporte Ricardo Jaime.

Por lo demás, el subsidio a la gente es más complejo de administrar. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas (Cippec), en Brasil, el “Vale Transporte” se entregó a usuarios de menor ingreso relativo pero se generó un mercado secundario y se dejó afuera a los trabajadores informales sin registros suficientes para presentarse a tramitar el beneficio. Un problema que podría repetirse en una argentina que tiene altos indicadores de trabajo en negro.