domingo, 30 de diciembre de 2012

STA FE: Roldán deberá devolver multas detectadas con radares "truchos"


Los aparatos no estaban homologados por la provincia. La empresa General Urquiza le ganó un juicio, que ya fue apelado. "Desde un primer momento se detectó la irregularidad en las multas y el municipio no tuvo en cuenta los descargos de la empresa", explicó Diego Czarny, abogado de la empresa Urquiza.
La Capital | 

Roldán deberá devolver multas detectadas con radares
La empresa de transporte General Urquiza SRL ganó en primera instancia un juicio contra el municipio de Roldán por multas por exceso de velocidad emitidas desde un radar que no contaba con la homologación provincial para detectar faltas en esta jurisdicción. El artefacto comenzó a funcionar en 1999 sobre la traza de la ruta nacional 9, por donde el servicio cruzaba a diario para cubrir el trayecto Rosario-Córdoba, pasando imperiosamente por esta ciudad ya que por ese entonces aún no estaba habilitada completamente la autopista a la vecina provincia.
Roldán fue una de las localidades que en aquel entonces colocaron radares sobre esa ruta, lo que generó una gran polémica y no pocas protestas de automovilistas y transportistas usuarios de ese corredor.
Por las objetadas sanciones basadas en las imágenes tomadas por el aparato a lo largo de ese año, la Municipalidad cobró por esa época unos 40 mil pesos a través de un embargo ordenado a partir de un juicio de apremio ganado contra la empresa y tramitado en el Juzgado Civil y Comercial de la 14ª Nominación de Rosario. En este mismo tribunal, la firma inició luego un juicio ordinario contra el municipio para que dejara sin efecto la sentencia anterior y es el que precisamente se resolvió favorablemente para Urquiza SRL el mes pasado.
Irregularidad. "Desde un primer momento se detectó la irregularidad en las multas y el municipio no tuvo en cuenta los descargos de la empresa. Le embargó una suma importante de dinero a través de un juicio de apremio, en el que el contribuyente o usuario no tienen todas las posibilidades de hacer valer todas las defensas y argumentos jurídidos, porque es muy limitado y acotado.
"Así es como la firma decidió iniciar un proceso ordinario en el que pudo probar que las actas eran irregulares, que los radares no contaban con la autorización que exige la ley de metrología legal (Nº 19.511), y que el municipio no tenía jurisdicción para ejercer el control de velocidad porque ese poder de policía lo detenta la provincia de Santa Fe, salvo que ésta decida delegarlo. Todos estos argumentos se tomaron en cuenta para dejar sin efecto la sentencia de apremio y dictar una nueva que le ordena la restitución de todos los fondos cobrados más los intereses", explicó el abogado de Urquiza SRL, Diego Czarny.
El profesional comentó que, previo a emitir la sentencia de primera instancia, el mismo juzgado interviniente convocó en cuatro oportunidades al municipio a una conciliación, pero pese a que asistió no se llegó a acuerdo alguno por lo que fracasó este intento de negociación de resarcimiento. "Ahora está obligado a devolver todo el dinero más los intereses, aunque es probable que apele el fallo. Una vez resuelto esto, se deberá confeccionar una planilla que incluirá el capital histórico del año 1999, más los intereses y coeficientes de actualización", dijo a LaCapital.
Antecedente. "Esta problemática no sólo se dio en Roldán sino en varias localidades que pretenden implementar un sistema que muchas veces no está habilitado. Esta sentencia es en concreto para esta empresa, pero es importante que el usuario sepa que tiene este antecedente para que, frente a una imputación que le realiza un municipio por un supuesto exceso de velocidad, tiene todas estas herramientas para verificar la legalidad o ilegalidad de la multa. No estamos en contra del sistema de control de velocidad a través de radares, pero tiene que estar utilizado conforme la legislación vigente", aclaró el letrado.
Apelación. Consultado al respecto, el intendente roldanense José María Pedretti confirmó que el municipio "fue notificado el mes pasado y ya presentó la apelación dentro de los plazos correspondientes". El mandatario aclaró que "una cosa es la legalidad o validez del instrumento con el que se registró la imagen, pero otra es la infracción cometida. Una cosa no quita la otra, porque las actas que dan cuenta de las faltas se labraron siempre con la presencia, supervisión y certificación de un inspector de tránsito. Por estas dos cuestiones pasa ahora la discusión".
"Si bien todo esto ocurrió durante la intendencia anterior a la mía, yo debo defender la gestión. El cobro de las multas se cerró en un paquete antes que asumiéramos, por lo que habrá que chequear de qué manera ingresó el dinero al municipio. De todas maneras, la Cámara de Apelaciones de Rosario dará curso o no a nuestra presentación y se trabajará al respecto", concluyó el mandatario.

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