Así lo indica un informe de la AGN. Lo impago corresponde a los trabajadores que realizaban las viviendas sociales del Plan Sueños Compartidos, que manejaba Sergio Schoklender.
De acuerdo al informe parcial de la Auditoría General de la Nación (AGN) enviado a la Justicia, si bien la Asociación Madres de Plaza de Mayo contrataba en blanco a los albañiles para que construyeran las viviendas sociales –con fondos que aportaba el Estado- en algunas provincias no se les pagaba las cargas sociales que les correspondía.
Los trabajadores afectados, según el estudio, son los que estuvieron a cargo de la edificación de los complejos de viviendas de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, y los de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. La deuda impaga suma unos 120 millones de pesos, alerta la AGN.
Por esta razón, publica un matutino porteño, el juez Norberto Oyarbide habría pospuesto hasta febrero la definición del procesamiento de Sergio Schoklender, quien manejaba el Plan Sueños Compartidos, y está acusado de malversación de fondos públicos.
Oyarbide, indicaron fuentes judiciales al periódico, analiza incorporar esos datos del relevamiento de la AGN al expediente y sumarlos a los indicios para responsabilizar a Schoklender por defraudación a la administración pública.
El ex apoderado de la Fundación está acusado de desviar hacia sus cuentas parte de los 765 millones de pesos que el Estado entregó a las Madres de Plaza de Mayo para levantar viviendas sociales. En busca de determinar esta sospecha, la AGN está trabajando en una auditoría integral para determinar si el dinero que se giró corresponde con los metros cuadrados construidos o bien si se entregó plata sin que se hubieran levantado las casas prometidas.
Además, continúa investigando si también mantiene deudas de cargas sociales con trabajadores que participaron de las obras de las Madres en la ciudad de Buenos Aires, en Tigre y en Santiago del Estero y Misiones.
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