La empresa Productora Alimentaria SA (Naranpol) cerró sus puertas en forma definitiva el 28 de octubre del año pasado, luego de varios meses en conflicto. En la provincia de Santa Fe se perdieron en ese momento más de 470 fuentes laborales. Esperan que en los próximos días se declare la quiebra, para reabrir como cooperativa de trabajo.
En un raconto de lo ocurrido entre 2011 y 2012, Cristian Farieri, delegado de los trabajadores, hoy por hoy ex empleados de esa compañía, explicó:“Como trabajadores denunciamos una quiebra fraudulenta y el vaciamiento de la empresa en mayo del año pasado y desde ese momento los tres jueces que intervinieron en la causa fueron funcionales a la empresa y nunca escucharon nuestros reclamos”.
En el mismo sentido, continuó: “El primer juez que intervino fue Eduardo Sodero, que aplicó la ley de quiebra; desde ahí empezamos una serie de reclamos, cuyo punto más alto fue el paro del 28 de octubre pasado, que es cuando la empresa cierra definitivamente sus puertas”.
A partir de allí, la lucha fue incesante, aún en estos días, a punto de cumplirse un año del cierre de la empresa. “Los trabajadores nos encontramos resistiendo y acampando en la puerta de Naranpol, en Blas Parera 9.358, y no hemos recibido ningún respaldo ni del Poder Ejecutivo provincial, ni del Poder Judicial”, denuncia Farieri.
En el relato de los hechos, desde mediados de 2011, el delegado recordó: “Acudimos al entonces gobernador Hermes Binner y nos dijo que esto era un conflicto de una empresa privada y que él no iba a intervenir, tampoco hemos obtenido ningún respaldo, ni respuesta del actual gobernador Antonio Bonfatti”.
Y continuó: “En abril de 2012 apareció un nuevo dueño, Carlos de los Santos, que reconoció la deuda y firmó un convenio colectivo de trabajo y se compromete a pagar cinco mil pesos como parte de la deuda histórica, pero luego se borró y a los trabajadores nadie nos pagó nada”.
Este año
“Desde ese momento, estamos en una situación de abandono total, han pasado otros jueces por la causa, como Gustavo Ríos que nos amenaza diciendo que va a suspender el concurso de acreedores, luego se excusa y el expediente vuelve a Sodero, que vuelve a excusarse hasta que la causa cae en manos del juez Dávila”, relató.
Ahora, explicó Farieri: “Luego de que se excuse también Dávila, la causa volvió a Sodero, quien después de tomarse 10 días de licencia debe declarar la quiebra de la empresa, y esa licencia se cumple el lunes (mañana)”. Y concluyó: “Esperamos que la situación se encauce y tengamos alguna respuesta, que hasta ahora no obtuvimos”.
Hace un mes, un hombre de 32 años, ex empleado de la empresa Naranpol, amenazaba con arrojarse a la laguna Setúbal desde el Puente Colgante, en Santa Fe.
El sujeto que fue identificado luego por la policía como Leonardo Gasman, se trepó a la antena oeste del Puente Colgante y luego se condujo por la altura por los cables tensores donde permaneció entre las 8.30 y 11.20.
Durante las horas en las que amenazó con arrojarse del puente, el hombre fue contenido por la policía, que le gestionó una entrevista en la Justicia para que pueda expresar su situación social.
Una vez en tierra, Gasman fue conducido hacia los Tribunales santafesinos donde fue atendido por la jueza de la Cámara de Apelaciones Civil Nº 3.
En la Legislatura
Hace 10 días, el diputado provincial justicialista Marcelo Picardi, presidente de la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados de la provincia, acompañado por otros miembros de la misma, se reunió con el empresario Carlos De los Santos, nuevo propietario de la empresa Productora Alimentaria SA.
Según manifestó el legislador, la intención fue tratar de “solucionar de alguna manera el problema y, por supuesto, contemplar principalmente la situación de los trabajadores que quedaron en la calle”.
“Estuvimos charlando con él, como del mismo modo lo venimos haciendo con los trabajadores, para saber cuál es la situación de la empresa, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como desde la óptica de este empresario que, por distintos motivos, desde la compra que hizo de la empresa Naranpol, no ha podido ponerla en marcha todavía”.
“Nuestra idea es seguir avanzando en el tema con el objetivo de, en lo posible, solucionar de alguna manera este problema, contemplando principalmente la situación de los trabajadores que, como todos sabemos, han quedado en la calle y sin sus puestos de trabajo”, concluyó Picardi.
Un proyecto
Por su parte, a fines de junio pasado, el diputado provincial del PJ Avelino Lago presentó un proyecto de ley que propone expropiar el predio industrial de Productora Alimentaria.
La expropiación en cuestión se plantea bajo el concepto de “uso temporal” y se encuadra bajo el entendimiento de que el proceso concursal –en trámite en la Justicia santafesina– está pronto a culminar y puede tener como desenlace la quiebra. A su vez, se contempla que existe una cooperativa que, en una primera instancia, reuniría las condiciones legales para hacerse cargo “temporalmente” de la empresa.
El autor del proyecto, fundamentó al respecto que “la ley de apropiación de uso temporal establece que las cooperativas de trabajadores, constituidas y autorizadas a la explotación de un inmueble industrial, al cumplimiento de una cantidad importante de requisitos en el caso que permita, al menos, en la instancia de una eventual quiebra de la empresa coronar en una correcta explotación de parte de la cooperativa de trabajadores, por lo menos por el término de dos años”.
El amague
En mayo de este año, los empleadores se comprometieron a la cancelación de las deudas con los trabajadores en cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 152/91 (por el cual debía incluirse también el pago de diferencias salariales).
Se reincorporaría a los trabajadores despedidos al tiempo que se acompañaría al gremio y a los trabajadores a la gestión del Repro y “reconoce la deuda proclamada por los trabajadores y ofrece abonarla en 18 cuotas iguales y consecutivas”.
El acuerdo rubricado preveía además “la apertura inmediata de la empresa, previo reacondicionamiento de las máquinas, en un plazo no superior al 4 de junio del 2012”. La empresa nunca cumplió.
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