Ni la exigencia de mantenimiento en la flota, ni la protesta por trabajadores sancionados se mencionaron ayer en la sede gremial de 27 de Febrero al 600. Mucho menos se aludió a lo que el gabinete municipal presume como telón de fondo: una discusión salarial que supere la paritaria de la UTA nacional, de la que la conducción rosarina está distanciada. El foco ayer se posó nomás sólo sobre el problema de los robos y agresiones que suceden a bordo de los ómnibus y en las puntas de línea, contra choferes y pasajeros.
El titular de la UTA Rosario, Manuel Cornejo, reveló que el plenario de delegados del sindicato se pronunció conforme con el plan que le acercaron el secretario provincial de Seguridad, Marcos Escajadillo, y el secretario municipal de Servicios Públicos, Pablo Seghezzo. Estos, junto al jefe de la Unidad Regional II de Policía, Walter Miranda, y los presidentes de La Mixta, Matías Galíndez, y de la Semtur, Gustavo Perrone, empezaron a bosquejar la propuesta antenoche, con el objetivo de demostrar celeridad en dar una respuesta al reclamo sindical y reducir la posibilidad de que la ciudad amaneciera de nuevo con otra medida de fuerza en su sistema de transporte.
El dispositivo de vigilancia acordado contempla que una pareja de agentes ascienda a los colectivos de todas las líneas en los tramos más calientes de sus recorridos, y la posibilidad de que un patrullero escolte a las unidades en esos sectores. Con eso esperan desalentar actos violentos. La orden incluye que los policías también pidan documentos a los pasajeros. Las cuadras apuntadas están en los barrios Santa Lucía, Las Flores, Tablada, La Cerámica, Nuevo Alberdi, y algunas calles como Juan B Justo al fondo, Rouillón, Rivarola, Gutiérrez y Grandoli, Pellegrini y Gutenberg, y San Martín y Muñoz. Este operativo iniciado anoche se despliega de 21 a 6, con alguna intensidad mayor durante los fines de semana, y en ocasión del traslado de hinchas antes y después de los partidos de fútbol de Ñuls y Central. Además, se prometieron procedimientos extra durante los fines de semana en la Terminal de Omnibus y en plaza Sarmiento.
El paquete de medidas será monitoreado cada semana entre los delegados de línea y las autoridades. Escajadillo explicó que el plan se realizará con recursos ordinarios de la Policía, es decir, sin servicio adicional de vigilancia. De hecho, se agrega al refuerzo de patrullaje y control vehicular que el Ministerio de Seguridad dispuso hace dos semanas en la ciudad.
El desenlace del conflicto repercutió en el Concejo Municipal. El justicialista Diego Giuliano (Encuentro por Rosario) interpretó: "La intendenta Mónica Fein, aunque no lo va a decir, está declarando la emergencia en seguridad que yo pido desde octubre pasado". Se basó en el operativo de vigilancia encarado sobre los colectivos, en el buzón para denunciar venta de drogas inaugurado ayer en los distritos municipales (ver página 4), y en la asignación de todos los hombres de la Tropa de Operaciones Especiales al refuerzo del control policial en la ciudad. "Creo que son medidas positivas, aunque no se quiera reconocer que efectivamente es la declaración de emergencia en seguridad", afirmó Giuliano.
Por su parte, el radical Jorge Boasso se quejó porque hace dos años presentó un proyecto en el mismo sentido que lo decidido ayer, y el oficialismo lo rechazó. "Yo propuse en 2010 que efectivos de la Unidad Regional II controlen de manera rotativa las líneas de colectivos, de forma aleatoria y con distintas zonas de recorrido. Dijeron que no porque eso sería causar alarma. Parece que los socialistas tuvieran un trastorno de doble personalidad porque a una misma idea la rechazaron en el Concejo y ahora la implementan desde la intendencia", chicaneó.
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