Por decreto, el Poder Ejecutivo santafesino estableció que todas las empresas que durante el año pasado facturaron más de 30 millones de pesos, la alícuota pasará de 3,5 a 4,2 por ciento.
En tal sentido, desde la Secretaría de Ingresos Públicos explicaron que “a los fines de dotar de mayor equidad al sistema tributario, teniendo en cuenta la capacidad de los contribuyentes, se actualizará el valor de la alícuota general del impuesto sobre Ingresos Brutos en aquellos contribuyentes cuyos ingresos superen los 30 millones de pesos anuales”. De todas maneras, habrá dos tipos de incrementos en el conjunto de empresas comerciales y de servicios que superen el mencionado monto.
Al respecto, se prevé un aumento del 3,5 al 3,8 por ciento para las empresas que el año pasado facturaron más de 30 pesos y hasta 40 millones de pesos –o sea unos 2,5 a 3,3 millones por mes de facturación–, y al 4,2 por ciento para aquellas firmas que facturaron más de 40 millones en todo 2011. Asimismo, es de recordar que tanto la industria como la actividad agropecuaria no están gravadas por Ingresos Brutos, a pesar de que son sectores muy dinámicos de la economía actual.
“Esta medida se sustenta también en la falta de actualización no sólo en la provincia, sino también en comparación con otros distritos del país, como Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires, donde no sólo tienen una alícuota de más del cuatro por ciento, sino que a diferencia de Santa Fe, también gravan la actividad industrial”, agregaron los técnicos del Ministerio de Economía, a cargo de Ángel Sciara.
Al respecto, la decisión de la Casa Gris puede objetarse en cuanto a las formas, y seguro que el PJ no dejará escapar la oportunidad, pero deja en claro la voluntad de promover un régimen tributario que sea progresivo y de acuerdo a la capacidad contributiva del menú de aportantes que tiene la provincia. Años atrás, cada funcionario del FPCyS consultado repetía una fórmula que nunca terminó de convencer a la oposición para lograr una verdadera reforma impositiva, que no deja de ser cierta: “En Santa Fe paga Ingresos Brutos una peluquera y no una multinacional”.
También, el decreto Nº 200 faculta a la Administración Provincial de Impuestos (API) a que dicte “las disposiciones necesarias a fin de cumplimentar las modificaciones establecidas” por el Ejecutivo y, además, menciona que todas “las disposiciones (...) tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2012.
Delegación de facultades
Dentro de los considerandos del decreto en cuestión, el gobierno explica los motivos políticos y también jurídicos que lo llevaron a utilizar ese mecanismo institucional para incrementar las alícuotas de Ingresos Brutos a los grandes contribuyentes en la provincia.
En primer lugar, remarca que el artículo 6 de la ley impositiva Nº 3.650 (1997 según decreto Nº 2.349/97 y modificaciones) textualmente dice: “Establécese la alícuota básica del 3,5 por ciento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, en tanto no tengan previsto otro tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal. Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar la presente alícuota hasta un máximo del 20 por ciento de la misma”.
En tal caso, para el gobierno del Frente Progresista no caben dudas de que dicho artículo constituye “una clara delegación legislativa, por la cual el legislador entendió prudente autorizar al Poder Ejecutivo a modificar uno de los elementos del hecho imponible dentro de los parámetros por él mismo fijado”.
En segundo lugar, se indicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “delineó su doctrina respecto de la delegación legislativa ya en el año 1927 (...), al establecer la distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo, a fin de regular los detalles necesarios para la ejecución de aquélla”.
Otro elemento jurisprudencial que la provincia también utilizó para argumentar su decreto es un fallo de 1973, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación “se pronunció a favor nuevamente sobre la delegación legislativa, destacando la existencia de una moderna y fuerte corriente doctrinaria que admite, dentro de ciertos límites de razonabilidad, la delegación de facultades legislativas como una exigencia de buen gobierno en el Estado moderno”.
“Resaltando –continúa el fallo, que argumenta el decreto– que la permanente expansión del Estado social impone que la extensión del área legislativa adquiera singulares proporciones determinando ello la exigencia de la controlada y limitada delegación de facultades, sin perjuicio del principio de la división de poderes”.
En relación a Santa Fe, el gobierno de Antonio Bonfatti recordó que ya en 1993 se utilizó ese mismo mecanismo para “adecuar los tratamientos impositivos de determinadas actividades a fin de coordinar el logro de mayor equidad en el impacto económico conjuntamente con el imperativo financiero del Estado”. Fue en ese entonces donde se estableció en 3,5 por ciento la alícuota que ahora se volvió a tocar.
Por último, en razón del aumento que será operativo a partir de febrero próximo, el Ministerio de Economía indicó que “esta medida está direccionada a dotar de mayor equidad y justicia contributiva al impuesto, pretendiendo que quienes más ingresos obtengan sean quienes contribuyan en mayor medida al financiamiento de la inversión pública en educación, salud, infraestructura social, justicia, seguridad, así como de los municipios y comunas”.
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