STA FE:“El Ejecutivo no puede entrar a sangre y fuego a Naranpol"

Así lo indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, tras la orden de desalojo. No obstante, siguen las conversaciones para efectivizar la orden que emitió la Justicia provincial.

La semana que termina fue muy dinámica en el conflicto que atraviesa la empresa Naranpol y sus trabajadores. Primero, la Justicia impidió el ingreso y egreso de mercaderías a la planta de fabricación en la ciudad de Santa Fe, luego de una denuncia por la comercialización de productos sin autorización bromatológica. Después, el juez de feria ordenó el desalojo de las instalaciones por parte de los empleados que crearon una cooperativa. Y ayer, esas mismas personas dejaron en claro que “de ninguna manera” van a abandonar el lugar.

En ese marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Lewis, se presentó en la planta que tiene Naranpol en el norte de la ciudad capital para conversar con los trabajadores que ya optaron por cooperativizarse porque dudan –según advirtieron– de la continuidad de las fuentes laborales en caso de que los dueños retomen posesión sobre los bienes de producción. O sea, temen que haya un desguace de maquinarias y vehículos en el predio.

“El Poder Ejecutivo no puede entrar a sangre y fuego a ejecutar una orden dictada en un marco de proceso concursal”, dijo Lewis a los empleados que tomaron la fábrica y ayer lo repitió a Diario UNO cuando se los consultó sobre el resultado que tuvo su encuentro con ese grupo; ya que otro colectivo de trabajadores siempre se mostró a favor de que la familia Galán (propietarios de la firma) vuelva a operar una de las empresas insignias que tiene Santa Fe.

“Efectivamente hay una medida judicial, dictada en el marco de un proceso concursal, donde indican el desalojo de uno de los predios de la empresa. De todas maneras, con total racionalidad, el juez actuante –Gustavo Ríos– dispuso que la medida sea realizada de la forma más «racional» y «pacífica» posible, y a esos fines convocaba al personal del poder administrador (el Estado) para lograr ese objetivo”, explicó el funcionario acerca de la intervención de su ministerio y de otras áreas gubernamentales en el conflicto suscitado.

Al respecto, indicó que “el Poder Ejecutivo dispuso un montón de medidas entre las que se encuentran contactos con el gremio (Sindicato Único de Trabajadores de Aguas Gaseosas –Sutiaga–); un canal de diálogo y negociación con los trabajadores, que viene siendo bastante fluido y fructífero; y dar periódica cuenta de lo que se hace al tribunal” que interviene en este pedido de desalojo.
—Esto quiere decir que en caso de llevarse a cabo el desalojo será por una vía pacífica.

—Por supuesto, el Poder Ejecutivo no puede entrar a sangre y fuego a ejecutar una orden dictada en un marco de proceso concursal; está la vida, la integridad física y un montón de otros derechos de por medio. También quiero dejar en claro que en todo momento se pretende estar a disposición del Poder Judicial, pero también el doctor Ríos fue muy juicioso en los términos en que dictó su orden y por eso estamos buscando todos los medios para cumplir su orden de la mejor manera.
“Es decir, buscar todos los recursos y canales que puedan articularse para que cualquiera sea el desenlace que suceda en Naranpol sea de la forma más razonable y pacífica posible”, añadió el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, quien luego de conversar con los obreros manifestó que los encontró “muy preocupados por la situación de la empresa y muy golpeados por el tiempo que lleva el conflicto”, además de manifestarle que no se van de la fábrica porque “están resguardando sus fuentes de trabajo”.

No se retiran
Pese a la orden judicial de desalojo, los trabajadores no quieren retirarse de sus puestos y la relación laboral se hace aún más tirante. Así lo indicó el delegado sindical de Naranpol, Cristian Farieri, que calificó a la situación como un “lockout patronal” porque los principales perjudicados son los empleados y no los empresarios locales. A su vez, recordó que son “120 compañeros” lo que están llevando adelante la cooperativa.

“Vamos a sostener la actitud de defender lo único que nos queda, que es permanecer dentro de la empresa en custodia de los bienes que no se llevaron, porque entendemos que son patrimonio de los trabajadores”, indicó el dirigente gremial, y relató que el personal quedó abandonado por los empresarios, por lo cual eso los habilita a permanecer dentro del inmueble “en forma pacífica”.

“En caso de que la fuerza pública pretenda que nos retiremos, veremos qué actitud tomamos”, expresó Farieri, quien ya sabe que la provincia avisó que no habrá represión sino diálogo para operativizar la orden de desalojo. De todas formas, como para graficar el semblante de sus compañeros en la fábrica, señaló: “De ninguna manera vamos a abandonar la fábrica. Permanecemos en huelga pacíficamente y en resguardo de los bienes que están dentro”.

Consultado sobre la posibilidad de que se conforme la cooperativa y Naranpol pase a ser una empresa autogestionada por el personal, Cristian Farieri, dijo: “Entendemos que es la única posibilidad que nos dejan, dadas las circunstancias”. Pero de todos modos, aceptó que “la empresa es de los Galán y si ellos vienen con todo el dinero que se adeuda estamos dispuestos a levantar la medida de fuerza y disponernos a trabajar”.

También, el dirigente sindical negó que se lleve adelante producción alguna en la planta de Santa Fe. Sí confirmó, en tanto, que los 120 empleados se organizaron en tres turnos para custodiar las instalaciones. Por último, es de recordar que los contratados por Productora Alimentaria llevan ya cuatro meses sin percibir su salario.

Tal es así que Farieri aseguró que están llegando a una “situación límite” que sólo pueden enfrentar gracias a la colaboración de familiares y amigos, mientras que los empresarios “no se hacen presentes”, por lo que “no sabemos si están de vacaciones o dónde andan”.