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domingo, 4 de octubre de 2015

LA TRAMA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL El martes se cumplirá un año de la desaparición y muerte del joven Franco Casco

El joven oriundo de la provincia de Buenos Aires desapareció y luego fue hallado muerto en el Río Paraná, después de haber sido detenido por personal policial de la seccional 7º. Su madre y su padre se instalaron en Rosario y construyen el camino a la justicia. "Me quedaré hasta que se haga justicia", dice Elsa acompañada por las organizaciones.
Rosario 12 | 
El martes se cumplirá un año de la desaparición y muerte del joven Franco Casco

La tarde del 20 de octubre de 2014, barrio Ludueña protagonizaba nuevamente el llanto por un pibe asesinado. Un grupo de amigos y algunas organizaciones sociales acompañaban a la familia de Gabriel Aguirrez en el primer aniversario del asesinato del chico de 13 años. La banda de cumbia que Gaby estaba formando tocó algunos temas y leyó un escrito en su memoria en un rincón de la plaza Pocho Lepratti. Por ahí, camuflada en las lágrimas, entre dolores y emoción, andaba Elsa Godoy, apretando fuerte entre sus manos un papel con una foto. Con pocas palabras explicó que buscaba a su hijo, Franco Casco, de 20 años, que hacía dos semanas debía volver desde Rosario a su Florencio Varela natal y desde el día seis de aquel mes no había noticias suyas. Sólo el alarmante dato de que había estado detenido en la Comisaría 7ma de la ciudad, aunque en dicha seccional aseguraban que había sido liberado. El tiempo develaría un oscuro caso de violencia institucional: el cadáver de Franco fue hallado 25 días después flotando en el río Paraná. Hoy, el caso se investiga en la justicia federal como desaparición forzada de persona y busca apuntar al personal policial como principal responsable. Desde aquella tarde de octubre, Elsa Godoy y Ramón Casco, padre de Franco, forjaron una estrecha relación con organizaciones sociales y políticas que permitieron fortalecer un largo camino hacia la justicia que todavía hoy, a días de cumplirse un año de la desaparición del joven, sigue construyéndose.
"Me pienso quedar hasta que se haga justicia", dice Elsa Godoy con la serenidad que la caracteriza. Desde que llegó a Rosario para buscar a su hijo, y luego de hallado su cuerpo, decidió quedarse en la ciudad acompañando al proceso judicial junto a las organizaciones que, formadas en una multisectorial, lo llevan adelante. Radicada en una casa de Zona Cero, donde vive con dos de sus hijos que vinieron desde Buenos Aires para estar con ella, asegura que está convencida de que no se irá de la ciudad hasta alcanzar la justicia. "Quiero ver que se pudran en la cárcel, que se condene a todos los culpables, principalmente a la policía porque sé que fueron ellos", afirma. Sobre la causa, que está a cargo del juez federal Carlos Vera Barros desde diciembre pasado, se esperan próximos avances para llegar a las indagatorias al personal de la Comisaría 7ma. La única hipótesis que tiene la investigación es la responsabilidad de dicha seccional en la detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada del joven.
Elsa cuenta que comienza a adaptarse a su nueva vida en Rosario y recuperándose de a poco ya que durante los primeros seis meses estuvo mal emocionalmente. "Tardé mucho en saber en qué día estaba, la hora que era y cuánto tiempo había pasado (desde la desaparición de su hijo)", comenta. Dice que frecuentemente la inundan los recuerdos de aquellos días, cuando llegaba a la Comisaría 7ma y sólo recibía como respuestas versiones difusas de lo que podía haber pasado con su hijo. "Es muy difícil, nunca me voy a olvidar de lo que me decían cuando lo fui a buscar", dice Elsa y agrega que mantiene latente el recuerdo de ver cómo con el paso de los días las fotos de su hijo que ella iba pegando por la zona de la Comisaría y otros lugares de la ciudad, eran arrancadas de paredes y columnas.
Elsa cuenta que los días previos a que fuera hallado el cuerpo de Franco suponía que la policía tenía algo que ver con su desaparición, y hasta llegó a presentir que su hijo podía estar en el río. "Fue una intuición de madre, de la desesperación de quererlo encontrar y al mismo tiempo saber que ya no estaba", dice buscando explicaciones a tantos sentimientos.
"Cuando conocí en la plaza a las organizaciones, ahí nos empezamos a mover y me di cuenta de lo que podía pasar", agrega haciendo referencia a aquella tarde del 20 de octubre. Fue el día en que nació una relación que hoy todavía se mantiene vigente. Distintas organizaciones sociales y políticas comenzaron a reunirse para acompañar en el proceso judicial pero también en todas las necesidades de la familia. "La gente que me ayudó fueron ellos, todos estuvieron conmigo", expresa Elsa. La multistectorial se organizó para conseguir una vivienda para la familia Casco, cubrir los costos mensuales en Rosario, garantizar las necesidades sociales y educativas de los hermanos de Franco, cubrir los gastos de las visitas de Elsa y Ramón a Buenos Aires, y sostener una de las querellas que interviene en la investigación de la causa. "No les puedo pedir nada, porque me van a ayudar, pero de esto se tiene que hacer cargo el Estado. Los que tienen que estar y dar la cara no están", reclama Elsa.
A lo largo de este año la familia Casco vivió distintos sucesos que llevan a que hoy Elsa exprese su disgusto por la ausencia estatal en torno al proceso que atraviesan. Hace dos meses que sus hijos no pueden ir a la escuela por el temor despertado en la familia a raíz de dos procedimientos policiales en los cuales los chicos fueron revisados en la vía pública. "La necesidad que tengo es sentir que mis hijos están protegidos, que no tenga que pensar que les pueda pasar algo en la calle, que puedan hacer su vida normalmente", pide Elsa a la vez que afirma que en todo este tiempo ningún funcionario provincial se acercó a manifestar solidaridad u ofrecerse ante una eventual necesidad. Hoy, Elsa quiere colocar una decoración a modo de homenaje en la tumba de su hijo, que está enterrado en el cementerio municipal de Florencio Varela, y solicita que el Estado pueda hacerse cargo del mínimo gasto que implica lo que para la familia es una necesidad que no puede abordar por sus dificultades económicas.
Elsa muestra entereza y su fuerza se deja ver en su constante presencia en movilizaciones y reuniones de la multisectorial, pero confiesa que en soledad todo se vuelve más complicado. "No es que estoy fuerte y bien, la gente pensará eso, pero acá adentro es otra cosa, yo no duermo", confiesa y menciona que pasa mucho tiempo sola en su casa. "Me gustaría hacer alguna actividad, haciendo algo me voy a entretener", cuenta y vuelve a expresar la necesidad de apoyo, a través de alguna oferta laboral o un acompañamiento que le permita sobrellevar el proceso. El dolor de Elsa se traduce en constantes recuerdos: "A veces voy viajando en colectivo, y miro a los pibes que pasan y se me hace que puede ser Franco que anda por ahí y todavía no le pasó nada. Aunque yo sé que ya no está".
Organización colectiva
"La multisectorial es diversa, nos fuimos encontrando muchas organizaciones con diferencias políticas e ideológicas, sin embargo logramos articular", cuenta Laura, una joven integrante del colectivo que agrupa a distintas corrientes políticas. Para este martes 6 de octubre, día en que se cumple el primer año de la desaparición de Franco, hay prevista una serie de actividades. Primero se convoca a las 17 horas a una conferencia de prensa frente a la sede de Gobernación en calle Santa Fe 1950, y luego una movilización a Tribunales Federales donde se leerá un documento expresando la exigencia de esclarecimiento del hecho y condena a los responsables. El lema "Todos sabíamos que a Franco lo mató la policía", ya es una referencia para este conjunto.
"El gran punto a favor de la multisectorial fue que la heterogeneidad dio una fuerza que permitió aunar presencia en la calle, marchas de las más masivas del último tiempo en Rosario, y pudo combinarlo con la inteligencia colectiva que apeló a recursos institucionales muy necesarios para que avance el caso", explica Marilé, otra integrante de la multisesctorial. "Tuvimos la pata en la calle y adentro de las instituciones", agrega. Hoy acompañan a la familia en sus necesidades pero también como parte de una de las querellas que investiga en la causa judicial a la policía implicada en la desaparición forzada de Franco.
Para Julieta, también integrante de la multisectorial, la familia Casco padece una doble criminalización. Primero con la muerte de Franco y luego el proceso que atraviesa la familia en Rosario. "Tienen que asumir venir hasta acá y recomenzar una vida que si fuese por la respuesta del Estado hubiera sido imposible", apunta. Luego explica: "Reclamamos al Estado provincial y con la presión que ejercimos como colectivo logramos derechos básicos como la vivienda y ciertos ingresos económicos para la subsistencia". Incluso desde las organizaciones que forman la multisectorial se destinan recursos económicos internos para solventar los gastos necesarios en la familia y la causa judicial.
Asimismo, desde la multisectorial se mantiene vigente la crítica a la Fiscalía provincial, que en su intervención en la causa, antes de que sea elevada a la justicia federal, no logró ningún avance hacia el esclarecimiento del hecho. Las versiones de la Fiscalía hablando de la posibilidad de que Franco fuera visto con vida mendigando en la calle mientras ya hacía varios días que había sido arrojado al río, todavía resuenan en la memoria colectiva. A este aspecto lo relacionan con la distancia que el Estado provincial tomó respecto de la familia Casco: "El Estado es el responsable de la muerte de los pibes, y obviamente no se hacen cargo de las consecuencias".

EL DECANO DE HUMANIDADES DE ROSARIO DIFUNDIRÁ INFORMES SOBRE SEGURIDAD "Van a estar todas las garantías"

Así lo dijo José Goity y aseguró que que este lunes se retomarán las actividades académicas que se habían suspendido por el accidente que le causó graves heridas a una becaria del Conicet a la que le cayó un blindex que se estaba colocando en el edificio.
Rosario 12 | 
El decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), José Goity, aseguró ayer "hay voluntad" para que mañana se inicien las actividades académicas en la casa de altos estudios. Las clases se suspendieron el pasado miércoles cuando Julieta Heredia, una becaria del Conicet que vino a la ciudad para participar de un congreso, sufrió heridas de consideración al caer un blindex que estaban colocando en el sexto piso del nuevo edificio de Corrientes al 700. El viernes se suspendió la reunión del Consejo Directivo y tampoco se pudo avanzar en el encuentro que el decano mantuvo con representantes estudiantiles y docentes, que pidieron que les garanticen las medidas de seguridad, aunque allí surgió la posibilidad de que haya dos informes técnicos, uno de la UNR y otro externo, para certificar que se puede cursar en el nuevo edificio.
Luego que las autoridades de la Facultad y varios consejeros directivos decidieran suspender la sesión del Consejo Directivo, el decano y representantes estudiantiles y docentes mantuvieron una reunión en la que acordaron realizar todos los esfuerzos posibles para volver a dar clases mañana. Pero hubo diferencias en cuanto al lugar. Mientras las autoridades plantearon que los cinco pisos del edificio nuevo están en condiciones para el cursado, estudiantes y docentes no quieren retomar las clases sin las medidas de seguridad necesarias.
Por tal motivo, las partes coincidieron en que haya dos informes de seguridad e higiene para evaluar la reanudación de las actividades en el edificio de Corrientes al 700. "El lunes las garantías van a estar con los informes. El de la Universidad va a estar hoy (por ayer), y el lunes vamos a gestionar un informe de algún organismo público, por lo que probablemente tengamos dificultades el lunes para reiniciar, pero la voluntad es que se reinicien", dijo Goity.
De todos modos, las autoridades de la Facultad tomaron la decisión de que mañana se tomen exámenes pero sin dictar clases. "Vamos a priorizar la toma de exámenes en el edificio viejo o en alguna otra dependencia, en sintonía con algunas reivindicaciones estudiantiles que pidieron que no haya clases cuando se toman exámenes", precisó el decano en diálogo conRosario/12.
Goity pretende que haya una reunión de Consejo Directivo previo a que se reinicien las actividades en el nuevo edificio que "convalide lo que se resuelva". El decano dijo que "si no hay posiciones irracionales, a más tardar el jueves tendríamos que estar retomando las actividades con dos informes que convaliden las posibilidades de reiniciarlas". Pero si hay un informe negativo "no vamos a dar clases y veremos cuáles son las alternativas".
En este sentido, el presidente del Centro de Estudiantes, Felipe Porta, había pedido que hasta tanto no estén dadas las garantías para el cursado en el nuevo edificio, las autoridades de la Facultad gestionen la posibilidad de retomar las actividades académicas en otros inmuebles de la UNR como el Anexo o el ECU. "Si hay un informe negativo no vamos a dar clases y veremos cuáles son las alternativas", dijo el decano de Humanidades.
Finalmente, Goity contó que a Heredia, que fue intervenida en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA) debido a las heridas causadas por la caída del blindex, le dieron el alta ayer y en el transcurso de la próxima semana podrá retornar a Biedma, donde reside junto a su familia.

TERRITORIO SANTAFESINO Promueven una ley de patrimonio cultural y arquitectónico provincial

Actualmente, la provincia no posee una ley que ordene y clasifique los datos de los bienes culturales y arquitectónicos, ni tampoco un registro de identificación.
La Capital | 
 El Centro de Estudios Igualdad Argentina y el Colegio de Arquitectos de la provincia debatieron sobre patrimonio y gestión para elaborar un proyecto de ley que garantice en Santa Fe la protección del patrimonio cultural.
Promueven una ley de patrimonio cultural y arquitectónico provincial
   Actualmente, la provincia no posee una ley que ordene y clasifique los datos de los bienes culturales y arquitectónicos, ni tampoco un registro de identificación.
   Si bien en Rosario se ha consolidado un registro de este tipo, los municipios y comunas no poseen este elemento y el hecho de que no exista legislación a nivel de toda la provincia impide que se cuente con una herramienta al momento de proteger ciertos espacios que revisten de valor para una comunidad.
   Silvina D’Ricco, integrante de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, planteó: “Lo primero que estamos debatiendo es el concepto de patrimonio. Proponemos algo diferente a la definición mas tradicional que hace referencia a algo viejo que queremos recuperar. Proponemos un concepto de patrimonio que vaya mas allá de lo construido, del inmueble en sí, y pensar en espacios, en paisajes culturales: puede ser una calle, una plaza o un espacio abierto, aquello que se quiere re-funcionalizar y conservar para el futuro”.
   Daniel Morlas, integrante de la Comisión de Cultura y Patrimonio de Igualdad Argentina agregó que “patrimonio es lo que cada comunidad considera que tiene cierto valor simbólico y que se puede conservar y dar nuevos usos”.
A modo de ejemplo mencionó “el bar La Capilla, que revistió de gran valor para su barrio, más allá de su valor arquitectónico. A eso queremos apuntar con esta ley de preservación del patrimonio cultural y de ahí su nombre”.
   “Esta jornada es el puntapié inicial. No sólo vamos a discutir una nueva conceptualización en relación a la idea de gestión y patrimonio. También apostamos a cambiar la forma de catalogación, la sostenibilidad, la refuncionalización, el financiamiento para la protección y la preservación”, finalizó Morlas.

ROSARIO La Municipalidad quiere prohibir la tenencia de perros peligrosos

La iniciativa surge tras otro ataque feroz de un pitbull a su dueña. Admiten que habrá que regular el tema a escala regional. La jefa del Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa), remarcó que en los últimos años hubo "un crecimiento exponencial de perros potencialmente peligrosos en Rosario".
La Capital | 
La Municipalidad quiere prohibir la tenencia de perros peligrosos
 Tras otro feroz ataque de un pitbull a su dueña, la Municipalidad quiere prohibir en la ciudad la tenencia de perros de gran porte. "Hemos desaconsejado a los vecinos que tengan estos animales en sus casas, pero cada vez hay más canes de razas potencialmente peligrosas registrados en Rosario y más accidentes", advirtió la directora del Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa), Diana Bonifacio. La funcionaria confió que ya hubo contactos informales con concejales oficialistas para sancionar una ordenanza que impida la compra, venta y reproducción de 16 razas conflictivas.
Bonifacio aclaró que se trata de una idea "que recién se está analizando" en el gabinete, pero cuenta con la firme decisión política del Imusa para "por lo menos durante cinco años detener la cantidad de perros de gran porte que hay en la ciudad".
La jefa del Imusa remarcó que en los últimos años hubo "un crecimiento exponencial de perros potencialmente peligrosos en Rosario". Tanto que en el Registro Unico, obligatorio para 16 razas conflictivas, "ya hay anotados 3.000 perros", en su gran mayoría pitbull y rottweiler.
La funcionaria recordó que "hace un tiempo eran muy pocos los perros anotados. Y además, se estima que los casos registrados son apenas una tercera parte de lo que efectivamente hay en la ciudad". De ser así, la cifra treparía a 9.000 perros de gran porte.
Los perros que, por normativa local, sus dueños deben inscribirlos en el Registro y colocarles un microchip en forma subcutánea son: pitbull, tosa inu, dogo de Burdeos, presa canario, bull terrier, akita inu, mastin napolitano, fila brasilero, dogo argentino, cane corso, bull mastiff, staffordshire terrier, rottweiler, doberman, gran perro japonés y ovejero alemán.
De acuerdo a la ordenanza vigente, "son razas que por su contextura física, porte, tamaño, diámetro del cuello y potencia de sus mandíbulas, son capaces de ocasionar daños o lesiones graves a personas o animales, e inclusive la muerte, aunque no presenten rasgos de agresividad ni aptitudes de guardia o ataque".
El Registro permite identificar a los perros peligrosos ya que portan una tarjeta con sus datos y su foto. Además, si el animal es robado o se ha perdido, con sólo pasar una lectora portátil por su lomo es posible conocer quién es su propietario. También ayuda al control del estado sanitario (vacunación antirrábica, esterilización, desparasitación).
Bonifacio reiteró que para el Imusa "son razas que no conviene tener como mascotas en las casas porque pueden causar accidentes graves. En caso de tenerlos, hay que esterilizarlos al poco tiempo y estar al día con las vacunas".
La titular del organismo municipal de sanidad animal admitió que en paralelo al crecimiento de perros de gran porte registrados en Rosario, hubo un alza de ataques graves (ver aparte).
En ese contexto, surgió la idea de prohibir la tenencia de los perros potencialmente peligrosos. "Hemos tenido algunas conversaciones informales con concejales para poder avanzar con una norma restrictiva de las razas de gran porte. Falta mucho, recién estamos hablando de algunos conceptos, falta ver cómo se reglamenta, pero la decisión política está", comentó Bonifacio.
Según la directora del Imusa, "muchas ciudades de distintos lugares del mundo han adoptado normas que prohíben la compra, venta y reproducción de razas peligrosas. Y Rosario podría hacer lo mismo".
La funcionaria reconoció que será necesario coordinar la normativa a adoptar con los municipios del área metropolitana, o incluso a mayor escala, para evitar situaciones conflictivas.
"Lo importante es tomar dimensión del tema, es un problema grave que tenemos, y como tal tenemos que adoptar medidas para solucionarlo", agregó.
En lo que va del año ya hubo 20 ataques graves. En lo que va del año, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) lleva contabilizados al menos 20 casos de ataques graves de perros de gran porte. Igual, en el organismo estiman que esa cifra representa sólo el 10 por ciento del total de hechos.
"Los números que manejamos son los hechos que han trascendido, sólo hablamos de situaciones que han tomado estado público porque afectó a un tercero o bien porque intervino personal de salud pública", aclaró la directora del Imusa, Diana Bonifacio.
Según la funcionaria municipal, "hay muchísimos casos de accidentes con perros de gran porte en el seno familiar que no trascienden", como el ocurrido el jueves pasado en la zona sur, cuando una mujer fue atacada por su pitbull, que le causó gravísimas heridas (ver aparte).
Bonifacio alertó sobre otra situación conflictiva que surge tras un ataque. "Por lo general los perros son sacrificados por las propias familias o bien quedan alojados por mucho tiempo en dependencias del Imusa, en muchos casos judicializados que impiden ser entregados en adopción a otras familias", precisó.
Al respecto, mencionó que unos 15 perros de gran porte están alojados en la sede del Imusa (Francia 1940) "para lo cual hay que destinar muchos recursos humanos que se ocupan de los animales".
Bonifacio adelantó además que antes de fin de año, la dependencia que dirige efectuará campañas de control en los parques y plazas de la ciudad respecto al cumplimiento de las obligaciones de los dueños de mascotas en la ciudad.
"Fundamentalmente vamos a controlar que los perros sean paseados con correa y bozal según corresponda, y en caso de corresponder se aplicarán las sanciones que están fijadas por ordenanza", apuntó la funcionaria.
En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos hará lo propio respecto a al higiene y exigirá que los propietarios de las mascotas levanten las heces con bolsas.

San Lorenzo Gremios del Cordón Industrial se unen para ordenar la CGT

Mas de 30 sindicatos formaron una mesa tripartita de industria, servicios y “río”, con la vista puesta en la conducción nacional. Diego Bonard y Sergio Aladio son los impulsores del nuevo espacio.
La Capital | 
Gremios del Cordón Industrial se unen para ordenar la CGT

 Más de 30 gremios con gravitación en el Cordón industrial se unieron para formar una mesa de consenso de cara a la normalización de la CGT San Lorenzo, y esperan las alternativas de la confederal nacional para erigirse como alternativa de peso y conducción. La Confederal de Trabajadores del Departamento San Lorenzo (tal es el nombre del flamante espacio) está conformada, entre otros, por el poderoso gremio de camioneros, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Marina Mercante, Aduana, ceramistas, Smata (mecánicos del transporte automotor), bancarios, Supe (petroleros), mercantiles, telefónicos, carga y descarga, serenos de buque y Sutracovi (concesiones viales).
   Sus referentes aseguran que, para lograr representatividad, se estableció una conducción tripartita, una “mesa chica” formada por gremios representativos de la industria, los servicios y lo que ellos llaman actividades “de río”. Así, la conducción provisoria quedó conformada por Carlos Vergara, de Uocra (industria); Diego Bonard, de camioneros (servicios) y Marcelo Zabala, de Marina Mercante (río).
   Fue el mismo Bonard, tesorero del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y referente del gremio en el Cordón, quien recordó que “el mandato de la CGT San Lorenzo está vencido desde 2014, luego de que en 2010 la confederación quedara normalizada, con la presencia del mismo Hugo Moyano. Después, no se llamó a elecciones, y con la separación del movimiento obrero a nivel nacional, no se podía normalizar. Dijimos: va a venir la unidad, tenemos que empezar a trabajar uniendo a gremios de Moyano y de Antonio Caló” (metalúrgico de la CGT Balcarce).
  
Confluencia. El dirigente explicó que, en ese rumbo, se decidió armar una mesa de más de 30 sindicatos, donde coexisten gremios de ambas corrientes a nivel nacional. La idea es que “cuando el movimiento obrero se normalice en Buenos Aires, sólo tengan que bajar y encontrar a una San Lorenzo unida”.
   No pertenecen a la flamante confederal los gravitantes gremios de aceiterios y estibadores. Sin embargo, los referentes de la nueva mesa aseguran que las puertas están abiertas a todos los dirigentes, “teniendo en cuenta siempre el grado de humildad que se necesita para estar en este espacio”, aclaró Bonard en una charla con La Capital, acompañado por el protesorero de camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio. “No somos sectarios ni excluyentes. En la mesa convenimos, como la Iglesia, trabajar con nuestra Biblia, la de los trabajadores, y esa Biblia, para nosotros, es el estatuto de la CGT”, graficó.
   Ahora, la consigna es trabajar en la unidad y encarar acciones institucionales, como reuniones con los ministerios de Trabajo y otros organismos, acompañando a los gremios en sus luchas y reivindicaciones.
   “Estamos a la espera de la normalización de la CGT nacional, porque hay una laguna legal. Vencidos los mandatos, tienen que venir a normalizar la confederación local. Lo que pasa es que todavía no se ponen de acuerdo. Por eso, desde San Lorenzo trabajamos por la unidad, con gremios de los dos espacios y con conversaciones tanto con Caló como con Moyano”, afirmaron los sindicalistas.

SOLDADITOS A LA FUERZA Dos jóvenes que despachaban droga en búnkers de Rosario declararon como víctimas

Lo hicieron ante la justicia federal y por primera vez. Fueron considerados víctimas ya que el tribunal entendió que ambos habían sido reducidos a la servidumbre. Detalles de cómo son secuestrados y obligados a trabajar. Duros testimonios.
Rosario 12 | 
Dos jóvenes que despachaban droga en búnkers de Rosario declararon como víctimas
 Por primera vez dos jóvenes que despachaban drogas en distintos bunkers de una misma banda declararon ante la justicia federal bajo la figura de víctimas: a partir de la intervención de la Protex (Procuraduría de trata y explotación) fueron considerados por la justicia federal rosarina que entendió que ambos fueron reducidos a la servidumbre. Los testimonios abundan con lujo de detalles en la forma brutal que menores de edad son secuestrados y obligados a trabajar para las bandas narco rosarinas. También permite analizar la cadena de complicidad policial en el entramado: allí se menciona en varias oportunidades a un ex jefe de drogas local -con amplio despliegue mediático- como quien arreglaba en efectivo con sus jefes para poder seguir operando con normalidad. Según el testimonio, de mediados de 2011, la banda reportaba al asesinado Luis Medina, y su socio un conocido ladrón de autos. La madre de ambos jóvenes le aseguro al juez Marcelo Bailaque que "no se puede salir de esta banda. A un pibe que se fue, lo rociaron con combustible y lo prendieron fuego". En muchos expediente aparecen chicos esclavizados en el interior de bunkers, cuyo objetivo no es protegerse de la policía, sino del ataque de otras bandas. El último caso que puso de manifiesto esta situación ocurrió el 12 de junio pasado cuando Rolando Mansilla, de 12 años, fue asesinado en la terraza de un búnker. El chico sólo contaba con un brasero y una manta.
Esta causa comenzó en agosto de 2011, cuando una mujer denunció que sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, habían sido privados de su libertad y que le exigieron un rescate de dinero como rescate. Cuando pudieron escapar y declararon ante la Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario. De esa manera, se determinó que la organización se dedicaba a la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad, que utilizaban a niños, niñas y adolescentes menores de edad, a quienes habrían mantenido encerrados en los bunkers y los obligaban, mediante amenazas, a vender la droga en condiciones infrahumanas.
Uno de ellos Darío, narró que todo empezó en abril de 2011 cuando " un amigo me citó debajo del puente de Cerrito y Circunvalación. Pensé que era para trabajar con otra gente. Estaba el Gringo. Lo conocía de antes. Vive frente al bunker de Felipe More y Uruguay. Me llevaron ahí. La casa del Gringo es toda de chapas. Ahí es donde se juntan los jefes: Víctor, el Ema y el Gringo, estos dos últimos son los encargados de buscar la recaudación y llevar la mercadería (droga) a los bunker...Bajan mucha mercadería como faso, alita y hachís. También son los encargados de golpear a la gente. En ese búnker me hacen pasar, y cuando estoy adentro veo que están Víctor, Ema y Quique y me empiezan a pegar. Me dicen que me pegaban porque les había robado plata, y que si no lo hacían iban a matar a mi hermano".
"En el búnker que estaba se vendían cuarenta mil pesos por un turno de 12 horas. Este bunker de calle Felipe Moré tiene cámara por fuera, y uno desde adentro ve si viene alguien. Adentro te dan un handie asi que si uno ve un movimiento extraño, les avisa a los que están afuera y ellos , llaman a la comisaría porque están arreglados con la 20º y con la 32º.
Este bunker es una construcción que tiene una puertita chiquita que hay que agacharse para poder entrar. Sus dimensiones son como una pieza grande de cuatro por cuatro metros. Adentro no hay nada salvo un mueble para apoyar la mercadería, abajo tiene una silla. No tiene baño. Para mear se hace en una botella. Podés salir, vos podes abrir la puerta, pero si salís te hacen boleta, esas son las órdenes. Son más importantes la gente de afuera, que los de adentro.
La reducción a la servidumbre de Darío, comenzó con su secuestro en ese bunker que describe tan claramente. "Cuando me secuestraron no me daban de comer ni de tomar, y no me dejaban ir al baño. Además me golpeaban. Estuve secuestrado desde el jueves hasta el sábado Decían que les había robado tres mil pesos".
Sin embargo cuando la madre de Darío les dijo que iba a ir a denunciarlos, lo dejaron salir. "Volvé a la noche porque sino te vamos a buscar. Como no volví al otro día fueron a mi casa y me corrieron a tiros. Me escondí en la casa de un vecino y no me encontraron".
Puesto frente al juez Bailaque, Darío relató las condiciones en las que lo obligaban a despachar drogas. "Los turnos son de doce horas, sin baño, amenazados que si salimos nos matan, sin comer ni tomar nada. No me pagaban a mí porque decían que yo les debía plata. Me acusaron de haberles robado tres mil pesos. Era mentira, fue otro pibe. Si durante el turno uno consumía algo de la mercadería se generaban deudas y te lo cobraban como si se lo vendieras a cualquiera".
"Siempre estuve en el bunker de Felipe Moré. Al arrancar el turno te daban una determinada cantidad de mercadería con el precio. Al finalizar el turno de ellos te sacaban la cuenta de lo que faltaba de mercadería y los fajos de miles y te tenía que dar exacta la diferencia. Si faltaba lo pagabas vos", reveló el joven.
Darío afirma que sus jefes " tienen arreglos con la policía. Uno de ellos es el comisario G. S. de Drogas Peligrosas. Fue muchas veces al búnker y le daban plata delante de nosotros".
Su hermano Fernando, que tenía 17 años entonces, también declaró que "con la excusa de que mi hermano les debía plata, me llevaron a un búnker de barrio Godoy, cerca de una escuela con rejas verdes. Unos amigos y amigas me ayudaron a escapar de ahí, donde me pegaron muchos dias".
"Del búnker no se puede salir, porque te tiran los que están afuera. Si hay problemas se les podía disparar a todos, menos a la policía".
Los bunker no tienen piso, los turnos son de 12, 24 y 48 horas. No nos dejaban comida, agua, ni nada y no había salida al exterior. No tenés para sentarte ni acostarte. Todo el tiempo tenés que estar parado. Te sacan el celular y no te dan ninguno para comunicarte. La superficie era de dos por dos metros. Estábamos amenazados para seguir yendo. No nos pagaban y nos generaban deudas. Si uno consumía algo por 10 pesos te lo cobraban 100 pesos".
La causa tuvo un final deseable: el juez Bailaque procesó a cuatro hombres, que por primera vez fueron acusados de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. También les dictó la prisión preventiva a tres de ellos y les embargó los bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos por cada uno. El pedido había sido realizado por el fiscal Mario Gambacorta, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario, quien los acusó de haber captado a los hermanos, uno de ellos menor de edad al momento de los hechos, con fines de "una explotación equiparable a una reducción a la servidumbre mediante la utilización de violencia física y amenazas".

SANTA FE Para un concejal opositor, el registro de perros peligrosos es "virtual"

El edil Juan José Saleme pidió la citación al Secretario de Desarrollo Social del Municipio para que dé explicaciones sobre la norma vigente, pero su proyecto no prosperó. Dijo que llamó a Zoonosis simulando querer anotar un perro peligroso, pero “nadie sabía del registro”. Sigue la polémica.
El Litoral | 
Para un concejal opositor, el registro de perros peligrosos es
 “Nosotros llamamos a Zoonosis Municipal, simulando inscribir a un perro, al otro día de que ocurrió esto (el episodio de la niña atacada por un perro raza Pitbull, el lunes pasado) y la verdad es que nadie sabía. Nos dijeron que ahí no funcionaba ningún registro (de perros potencialmente peligrosos). Se supo luego que había tres perros inscriptos, con lo cual lo que había era un registro ‘virtual’”. Las palabras son del edil Juan J. Saleme (PJ / Santa Fe es una sola), dichas en la sesión de ayer del Concejo.

Desde la Municipalidad se informó a El Litoral que había sólo tres perros de razas potencialmente peligrosas anotados por el mismo dueño en dicho registro —lo hizo obligado, tras la denuncia de sus vecinos—, como consignó este medio el lunes.

“En la web del municipio tampoco existe el registro único. No queremos quitarle responsabilidad al dueño del perro peligroso, todo lo contrario. El propietario es el responsable directo. Pero si el Estado (municipal) se no encarga de que esto funcione y se active, de exigir el cumplimiento, un particular difícilmente pueda inscribir a un perro en un registro que no existe”, planteó el concejal.

La polémica de uno de los temas de la semana sigue, después del caso de la niña atacada por un perro mientras miraba con su familia el eclipse lunar en el Parque Federal. Saleme quiso impulsar un proyecto en el que solicita que se cite al secretario de Desarrollo Social del municipio, Carlos Medrano, “a la mayor brevedad posible” a una reunión para tratar la aplicación de la Ordenanza N° 11.180, Resolución 13.071 y Decreto Reglamentario Nº 422/09.

La ordenanza aludida, de 2005, dispone la creación -en el ámbito del municipio- del registro de propietarios de perros de razas agresivas o peligrosas que dependerá del servicio de control de Zoonosis Municipal. La resolución, de 2009, establece la realización de una campaña de difusión masiva, por sobre lo que dice la ordenanza.

El decreto N° 422, también de ese año, reglamenta la ordenanza, crea el Registro de Canes, con precisiones sobre las razas consideradas peligrosas (como Pit Bulterrier, Dogo Argentino, Dobermann) y enumera las obligaciones de los comerciantes y propietarios de estos animales.

Efectivamente hay pedidos de cumplimiento de la normativa vigente, como dijo ese edil (como las resoluciones N° 12.165, N° 12.352, o la N° 13.585), que quedaron durmiendo el sueño de los justos. Estas normas piden que se cumplan resoluciones anteriores referidas al mismo tema, en una suerte de “cascada” legislativa que no llega a ningún lugar. 

Críticas

“Esto demuestra la ausencia de políticas de parte del Ejecutivo Municipal”, disparó Saleme. “En el Código de Convivencia (que sí figura en la web del municipio), se habla de tenencia responsable de mascotas, pero en ningún momento se dice que hay que inscribir en un registro a un perro de raza potencialmente peligrosa”.

“Esperamos que en las próximas sesiones se logre consenso para citar al funcionario de (Desarrollo Social) responsable. Si bien la responsabilidad directa es del dueño del perro, hay que terminar con esto de que nadie rinde cuentas desde el Estado local”.

El concejal opositor advirtió que hay mucha legislación generada en el Concejo “pero que después no se cumple (desde el municipio). El Ejecutivo tiene que respetar lo que este Cuerpo vota”, cerró Saleme.
 
Rutra

A propósito de este tema, la presidente Cristina Fernández anunció anoche el plan Rutra, destinado al registro de mascotas en todo el país. La iniciativa busca centralizar la información en todos los distritos de los animales de compañía, con un sistema alfanumérico.

EN CERES Interceptaron en el norte de la Provincia de Santa Fe un auto con 40 kilos de marihuana

La Brigada Operativa Departamental XIII atrapó a un proveedor que llegó desde Buenos Aires para hacer un reparto en varios puntos de venta. El personal antinarcóticos trabajó en una de las viviendas allanadas en la tarde del sábado.
La Capital | 
Interceptaron en el norte de la Provincia de Santa Fe un auto con 40 kilos de marihuana
 Cuarenta kilos de marihuana compactada en 80 panes, medio kilo de cocaína fraccionada, varias armas de fuego, proyectiles, balanzas de precisión, celulares, un monto no precisado de dinero en efectivo, cheques y un auto fue todo lo secuestrado en un procedimiento realizado a lo largo del día de ayer en la ciudad de Ceres, a 440 kilómetros al noroeste de Rosario, por efectivos de la Brigada Operativa XIII de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones con el apoyo de brigadas de otros departamentos de la provincia y de agentes de la Tropa de Operaciones Especiales, todos dependientes de la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad.
Fuentes de la pesquisa aseguraron a La Capital que el procedimiento "fue el resultado de una investigación que demandó cerca de un año y se inició con el allanamiento a un quiosco de venta de droga en Ceres" a mediados de 2014. A partir de la información recabada en ese momento los investigadores "trataron de subir en la escala de distribución del estupefaciente hasta dar con el proveedor de ese punto de venta".
En ese marco, con una orden del juez federal de Rafaela Miguel Abasolo y el fiscal Claudio Kisimoto, ayer los policías "esperaron el arribo de ese proveedor afincado en el Gran Buenos Aires sabiendo que durante el fin de semana tenía que distribuir droga no sólo en Ceres sino también en poblaciones vecinas y seguir camino hacia Córdoba y Tucumán". Es que a diferencia de la mayoría de los operativos, el de ayer no fue un corte de la droga proveniente de países limítrofes sino que la misma había salido del conurbano bonaerense hacia el norte del país.
Observación. Entonces, dijo el vocero oficial, "se montó un operativo de control en varios domicilios de Ceres a fin de esperar el arribo del hombre indicado y finalmente, entrada la tarde, se lo interceptó en el casco urbano de esa ciudad al mando de un Volkswagen Voyage en el cual no llevaba la droga oculta sino en bolsas negras de consorcio sobre el asiento trasero y a la vista de cualquiera".
Desde la Secretaría de Delitos Complejos se identificó al proveedor solamente con las iniciales A.E., quien conducía el auto; y era acompañado por D.P., ambos mayores de edad y afincados en Buenos Aires.
Casa por casa. Después de haber interceptado el auto con el cargamento de droga, los pesquisas hicieron cinco allanamientos en quioscos de venta de estupefacientes en la misma ciudad de Ceres y otro en la localidad de Hercilia, ubicada a unos 20 kilómetros al sur de la primera y sobre la misma ruta nacional 34.
Como consecuencia de esos operativos hubo otros dos hombres mayores detenidos y en esas viviendas se secuestraron al menos tres armas de fuego, varios proyectiles, balanzas de precisión, celulares, dinero, cheques y pequeñas cantidades de droga que al cierre de esta edición se seguía clasificando y pesando.
Detuvieron al supuesto autor de un crimen en barrio Plata
Ayer a las 7 de la mañana la esquina de Cafferata y Boman, en la zona sudoeste de Rosario, fue invadida por más de 20 efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) que buscaban a Leonardo Sebastián F., un muchacho de 23 años acusado del homicidio de Iván Gómez, cometido el 14 de junio de 2014, cuando ambos estaban juntos y la víctima fue alcanzada por cartuchos de una escopeta de caño recortado y balas calibre 9 milímetros.
Gómez contaba con una gruesa carpeta de antecedentes penales y, según los datos de la crónica policial de ese día, todo se desató poco antes de las 5 de la mañana cuando el muchacho estaba con un grupo de amigos en pasaje Boman al 3600, a metros de la casa que habitaba junto a su familia y apareció en el lugar una moto que se acercó hacia ellos.
En el rodado se desplazaban dos hombres jóvenes que, aparentemente, conocían a algunos de los muchachos que estaban con Gómez. Casi sin darles tiempo a nada, uno de los motociclistas sacó de entre sus ropas una pistola calibre 9 milímetros y el otro hizo lo mismo con una escopeta de caño recortado. Armados y dispuestos a todo la emprendieron contra el grupo, aunque para los pesquisas Gómez era el principal blanco.
Al comenzar la tormenta de balas todos corrieron mientras Gómez quedó tendido con múltiples heridas en el abdomen, en el tórax, en la oreja derecha y en la mano izquierda. Las heridas eran tanto de la pistola como perdigones de la escopeta. En tanto Leonardo Sebastián F. fue alcanzado por varios perdigones de escopeta en el abdomen.
Pero es claro que la investigación tomó un rumbo diferente al que dieron las fuentes policiales en un primer momento y el fiscal Florentino Malaponte determinó un allanamieto a la casa de Leonardo F. como presunto autor del homicidio. En su casa de pasillo de Cafferata y pasaje Boman los pesquisas secuestraton nueve teléfonos celulares y tres cartuchos de escopeta: uno calibre 16 y otro 9 milímetros.
Según fuentes policiales, al detenido se llegó "a partir de un trabajo de calle" en el barrio. Leonardo Sebastián F. fue detenido a metros de donde murió Gómez y varios testigos, luego de pasado un tiempo del homicidio, dieron sus versiones sobre el caso. Una de ellas indica que hubo una discusión en el grupo que estaba en esa esquina y que la situación derivó en una balacera sin que apareciera moto alguna en la escena.
Lo que sí es coincidente es que cuando los tiros cesaron, vecinos y familiares de Gómez llamaron a un servicio de ambulancias que trasladó a los dos muchachos heridos al Hospital de Emergencias, lugar al cual ingresaron cerca de las 6 de la mañana: Gómez en un estado tan grave que hizo imposible que sobreviviera; mientras que Leonardo F. fue compensado y quedó internado fuera de peligro.
Entre los antecedentes penales que tenía Iván Gómez, desde Jefatura se informó que en 2007 tiene una causa por encubrimiento de robo, en 2008 por lesiones gravísimas, ese mismo año una sentencia por homicidio de 4 años y 3 meses, en 2010 registró una causa por abuso de arma y portación de arma de guerra, y en 2011 un homicidio culposo.

PROVINCIA DE SANTA FE Por un vacío legal se multiplican las uniones convivenciales

En la Justicia no entregan certificado de concubinato. Por lo tanto la gente acude al Registro Civil para contraer la alternativa al matrimonio. Pero desconoce su alcance.
Diario UNO | 
Por un vacío legal se multiplican las uniones convivenciales
 Uno de los cambios sustanciales del nuevo Código Civil vigente desde agosto es la incorporación de la figura jurídica de la unión convivencial, trámite que permite a las parejas conformar una unión familiar con derechos y obligaciones, pero sin casarse.
 
“En estos dos meses se registraron ya 1.524 uniones convivenciales en la provincia de Santa Fe. Este número está a la par de los matrimonios en promedio, que por año rondan entre los 13 o 15 mil”, dijo a Diario UNO Gonzalo Carrillo, director del Registro Civil de la Provincia de Santa Fe dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
“Las uniones convivenciales fueron una explosión. Lo que pasó en este punto es que la Justicia dejó de hacer las certificaciones de concubinato y la gente venía al Registro porque le pedían en la obra social el certificado de convivencia, o para otro tipo de trámite. Por eso se acercaban a realizar la unión convivencial, pero hay que aclarar que son dos cosas muy diferentes”, explicó Carrillo en relación al abultado número de uniones registradas en la provincia en tan poco tiempo. 
Al respecto de esta situación, el funcionario agregó: “Hablamos con el Ministerio de Justicia para que hable con la Corte por este tema, y creo que no hubo ninguna orden de dejar de emitir los certificados de convivencia. En Rosario ya lo corregimos (allí se expide el certificado de concubinato), pero sigue pasando en Santa Fe, Rafaela, y en el norte también”. 
 
Desde el Poder Judicial confirmaron a Diario UNO que no existe ninguna instrucción de la Corte al respecto, pero que debido a que cada dependencia se rige por las instrucciones e interpretaciones del funcionario a cargo, del juez en estos casos, hubo situaciones en las que se delegó el trámite al Registro Civil, indicando a las personas solicitantes la realización de la unión convivencial, en vez del certificado. 
 
Diferencias
El certificado de convivencia es un instrumento muy solicitado con el fin de incorporar a un concubino a los beneficios de una obra social o cobrar pensiones previsionales. Pero la unión convivencial es algo distinto. Se trata de una alternativa para obtener beneficios jurídicos sin necesidad de casarse. “Explicamos a los ciudadanos que se acercan a realizar una unión convivencial por el requerimiento de algún trámite específico que esta figura genera derechos y obligaciones que el certificado no genera y muchas veces la gente lo entiende y en otras no, y finalmente lleva adelante la unión”, indicó Carrillo y agregó que en esta figura “el tema del hogar convivencial, los alimentos, es casi igual que un matrimonio, con la diferencia del derecho hereditario”.
 
Lo que buscan esos derechos y deberes es que una parte de la pareja no quede en situación de vulnerabilidad si la relación se rompe. Un ejemplo es el derecho de permanecer en la vivienda durante los dos años que siguen a la ruptura aunque no le pertenezca.
 
Un problema a resolver
Consultada sobre esta situación, la abogada especializada en derecho de familia, María Magdalena Galli Fiant indicó que se trata de “un problema a resolver” y destacó que “la unión convivencial, salvo para la protección de la vivienda, no es un trámite indispensable. Esto se tendrá que definir legalmente por parte de las obras sociales, de las cajas prestadoras de pensiones; y esto va a exigir un cambio legal”, aseguró. “Hace nada más que dos meses que esto está vigente. Es típico de esta etapa de transición, sobre todo cuando los cambios son tan generalizados, que se den estas etapas de prueba y error. Tal vez no se tomaron las precauciones, porque ya sabíamos desde el año pasado que este Código iba a entrar en vigencia, pero como suele pasar, luego empiezan a surgir las dificultades interpretativas. Acá creemos que por beneficio de todos y para que no haya tanta inseguridad jurídica tienen que tomarse definiciones en forma rápida: tanto por parte del Poder Judicial, como por parte de otras áreas de Gobierno, como en este caso del Registro Civil”, consideró la abogada especialista. 
 
Requisitos
Si bien la unión convivencial es una alternativa para parejas que llevan viviendo juntos muchos años, con hijos inclusive, hasta jóvenes que deciden convivir con sus novios, no todos pueden obtenerla. 
De acuerdo al flamante código, los integrantes de la unión convivencial deben ser mayores de edad, no deben estar vinculados en parentesco de línea recta (padre-hija, nieta-abuelo), colateral hasta el segundo grado (hermanos), ni estar unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta (suegro-nuera). 
Tampoco se les otorgará el certificado si, por ejemplo, uno de los convivientes tiene un vínculo matrimonial vigente con otra persona o tenga registrada otra convivencia de manera simultánea. Además, deben tener una convivencia efectiva de al menos dos años.
 
Para realizar ese trámite es necesario que la pareja se presente en alguna oficina del Registro Civil, sin necesidad de solicitar un turno previo ni de ser acompañada por testigos. 
 
Las parejas que lo deseen pueden agregarle a su unión lo que se llama un pacto de convivencia, es decir un acuerdo entre ellos sobre cuestiones que hacen a su vida en común y que están mas allá de los deberes de alimentos y cargas del hogar que asumen de por sí, como por ejemplo, quién se quedará con el perro o con el auto en caso de separación. Si bien no es un requisito, aquellos que opten por realizar pactos de convivencia deben llevarlos ya rubricados ante escribano público.
 
La unión convivencial debutó en Santa Fe con el trámite digital que ya se implementa para los matrimonios domiciliarios. Esto quiere decir que al momento de concurrir al registro, se completará la planilla en el sistema informático con los datos personales que constatan la convivencia y se imprimen las actas para que las partes expresen su voluntad con la firma.  

SANTA FE El Gobierno Provincial financia un proyecto que el municipio rechazó por sus riesgos

A principios de año el grupo Voluntarismo Verde recibió la negativa del municipio al comenzar a construir una casa sustentable en General Paz al 8300, porque “los terrenos figuraban como reservorio”. Hoy la edificación avanza con fondos del Ingenia.
Diario UNO | 
El Gobierno Provincial financia un proyecto que el municipio rechazó por sus riesgos
 En febrero de este año, los integrantes del grupoVoluntarismo Verde, quienes estaban trabajando en la construcción de una vivienda que consideran “sustentable” para una familia de pocos recursos en General Paz al 8300, se encontraron con algunas trabas cuando llegaron hasta su lugar de trabajo integrantes de la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad (GSI) y miembros del municipio para anunciarles “que debían dejar la obra porque estaban construyendo sobre un terreno que figuraba como reservorio”. 
 
La gente de Voluntarismo Verde cuestionaba esta decisión, en primer lugar, porque afirman “no había orden judicial” que respaldara el pedido; y en segunda instancia porque “no se les presentaba una prueba” que refiera a la mencionada determinación respecto de la utilización de las tierras.

“Además, nuestra oposición a dejar el trabajo también tenía relación con el hecho de que antes de comenzar nos habíamos asegurado de que nadie figuraba como dueño de los terrenos, de hecho hace más de 30 años que no están habitados, y por otro lado constatamos que figuraban como R4 en el denominado Reglamento de Ordenamiento Urbano, es decir que son aptas para residenciales de baja densidad con características de barrio jardín”, explicó en diálogo con Diario UNO Matías Postai, uno de los promotores y coordinadores del proyecto.
 
Y agregó: “Por eso, si bien en ese momento vivimos un momento tenso, cuando tuvimos la oportunidad nos presentamos como posible proyecto a financiar por el programa provincial Ingenia (Fondo para el Desarrollo de Iniciativas Juveniles destinado a jóvenes de entre 15 y 29 años que impulsen proyectos, ideas o propuestas que estén funcionando o arranquen de cero) y salimos adjudicados”. Es en ese contexto, y gracias a los aportes económicos recibidos, que en la actualidad los jóvenes avanzaron casi en un 90 por ciento sobre la base estructural de la vivienda, y aún continúan trabajando en lo que son los detalles accesorios de la construcción.

Lo que dicen los planos y el cese
Diario UNO consultó a distintas dependencias del municipio, entre ellas la Secretaría de Planeamiento Urbano y de Obras Públicas y Recursos Hídricos, para constatar cuál es la disposición que se tiene sobre las extensiones en donde trabaja el grupo Voluntarismo Verde –General Paz al 8300– y pudo constatar que si bien en el ROU (aprobado por la Ordenanza Nº 11.748, que está vigente desde el 1º de febrero de 2011) de acceso a información pública figuran como R4, están muy cercanas a dos obras vinculadas a la Cuenca Guadalupe, el Aliviador Gada y el Reservorio French, hecho que justificaría que se quiera desplazar a los jóvenes y a su proyecto allá por febrero.
 
“De todas maneras, la vivienda a la que estamos haciendo alusión para nada afecta ninguna de esas dos obras, y además justamente cuando vinieron a querer corrernos les planteamos que desde hace años estas familias están luchando por regular su situación dominial, o su título de propiedad, y no pueden hacerlo por situaciones como esta”, comentó Matías Postai, al tiempo que detalló: “Por otro lado, hicimos hincapié en lo que implica el derecho a la vivienda, ya que nos venían a sacar sin ofrecernos ningún tipo de compensación o espacio para hacer nuestro cometido que era el de lograr que estos vecinos tengan su casa propia”.
  
En esa línea y al hacer referencia a la continuidad de su trabajo, tras el traspié inicial, el coordinador del grupo Voluntarismo Verde detalló: “Nuestra idea por el momento es poder culminar lo que empezamos y por supuesto, si logramos lo necesario para continuar, pretendemos seguir avanzando a futuro con la iniciativa, con la intención de ayudar a más familias”, concluyó Matías Postai.