La ley de fitosanitarios de la provincia data de 1995. En los últimos años, varios proyectos pasaron por la Legislatura, pero todos perdieron estado parlamentario. Ahora, hay dos en discusión. Para las ONG hay que prohibir las fumigaciones aéreas. La otra postura indica que son necesarias en épocas de lluvia.
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Ahora volvieron a la carga con una iniciativa que ingresó el diputado José María Tessa (bloque Nuevo Encuentro-Frente Santa Fe para Todos) junto a otros legisladores de la oposición. El texto plantea básicamente una zona de 800 metros libres de fumigaciones alrededor de escuelas y lugares habitados. Pero, además, intenta prohibir la fumigación aérea y brindar herramientas para fomentar la producción campesina y agroecológica.
Pero en la Cámara baja no es el único proyecto que intenta regular la aplicación de químicos para los cultivos. La diputada Inés Bertero (Partido Socialista-Frente Progresista Cívico y Social) también viene hace años intentando una regulación sobre la temática, aunque mantiene algunas diferencias con la postura de las ONG.
“En el tema de la fumigación aérea planteamos distancias progresivas a partir de los 1.500 metros. Con productos de banda verde y azul, hasta los 3.000 metros solo en los casos en que no haya piso, que no se pueda hacer fumigación terrestre. Además, siempre tiene que estar supervisado por un ingeniero agrónomo”, explicó a Diario UNO la legisladora, que aseguró que pedir la prohibición total de la fumigación aérea “es la imposibilidad práctica”. En ese sentido, indicó que esa es la única forma de hacer las aplicaciones en las épocas de lluvias.
Al ser consultada sobre los 800 metros libres de aplicaciones, la diputada dijo: “La producción agroecológica también requiere de aplicaciones, por eso nosotros planteamos que a partir de los 50 metros y hasta los 100 o 200 metros, dependiendo de si hay barrera o no, solo se podrían hacer aplicaciones con los productos que regula el Senasa para las producciones agroecológicas. A partir de los 100 o 200 metros hasta los 800 metros, se podrían aplicar los productos de banda azul o verde. Pero no podemos avanzar a partir de la prohibición total. La ley regularía un montón de cosas como la capacitación a los operarios que trabajan con estos productos, las aplicaciones de los fertilizantes, entre otras”.
Un abordaje complejo
La ley de fitosanitarios de la provincia data de 1995. En los últimos 20 años todas las discusiones parlamentarias sobre el tema cayeron en saco roto. De todas maneras, para Bertero la gran deuda es a nivel nacional donde la última reglamentación con la que se rige el Senasa es de fines de la década del 50. “No tenemos una ley federal de fitosanitarios. Eso es lo grave”, aseveró.
En la provincia, hay varios elementos que dificultan la regulación. Sin ir más lejos hay comunas que nunca definieron su límite urbano a partir del cual se deberían empezar a contar los metros libres de aplicaciones de agroquímicos.
En las últimas semanas se intensificaron las reuniones en la Legislatura para empezar a limar las diferencias entre los dos proyectos y tratar de llegar con un documento único para ser tratado en el recinto. El tema tiene preferencia para la próxima sesión (27 de agosto), aunque las diferencias pueden hacer que se retrase el debate –algo que ya ocurrió en otras oportunidades.
Por su parte, Paulina Riera, integrante de la campaña Paren de Fumigarnos expuso: “Nuestro proyecto ya lleva años de recorrer las comisiones. Ahora lo volvió a presentar Tessa y está en la comisión de Asuntos Constitucionales”.
Al ser consultada sobre las diferencias con el proyecto del oficialismo, Riera dijo: “Ese proyecto aleja a 50 metros de las personas el comienzo del uso de agrotóxicos. Ahí, a 50 metros de donde vive la gente ya se pueden empezar a utilizar distintos tipos de agrotóxicos que se van incrementando a medida que se van alejando. A las fumigaciones aéreas, ellos las permiten a cierta distancia. Mientras que el nuestro prohíbe totalmente la fumigación aérea y aleja a la terrestre a 800 metros de donde viven personas y de las escuelas rurales”.
“Lo que nosotros planteamos es que en esos 800 metros libres de tóxicos se planten verduras sin pesticidas para el consumo de la gente. Además, eso debería tener una barrera de árboles para que haga de contención de la aplicación terrestre”, argumentó.
Sobre ese punto, Bertero consideró que serían muchas las hectáreas que quedarían comprendidas dentro de la producción agroecológica y que actualmente no hay un desarrollo de la comercialización para ubicar esa producción.
Falta de consenso
Riera mencionó que en la última reunión –que se realizó el miércoles pasado y duró cerca de cinco horas–, a la que fueron invitadas las distintas organizaciones, se estuvo hablando sobre estos temas, pero no hubo grandes acuerdos. “Ellos insisten en que las buenas prácticas minimizan estas cuestiones y nosotros decimos que no. Por ahora cada cual sigue con su proyecto. El oficialismo no se mueve mucho más allá de otorgar algunos plazos, de ir ampliando progresivamente la zona de exclusión del uso de agrotóxicos. Pero lo que nosotros decimos es que los 800 metros son necesarios ya, porque mientras tanto la gente se muere”, aseguró.
“Bertero insiste en las buenas prácticas agrarias y que de esa manera se pueden manejar los tóxicos. Nosotros decimos que las buenas prácticas agrarias minimizan los efectos de los tóxicos, pero no se puede manejar el viento. Es imposible que haya ingenieros agrónomos en el momento en que se cargan los aviones. Además, si después llega a cambiar el viento, el ingeniero agrónomo no lo puede predecir”, concluyó.
