El Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia desestimó el pedido formulado
por la fiscalía y las querellas de inmediata detención en cárcel común
para cuatro procesados por la Masacre de Trelew, en el primer día del
juicio oral y público que comenzó ayer por la mañana en Rawson.
La fiscalía, que hizo la solicitud a la que adhirieron las querellas,
"no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio",
tras un cuarto intermedio, el juez Enrique Guanziroli, quien integra el
tribunal junto a los camaristas Pedro De Diego y Nora Cabrera de
Monella.
Antes de dar por concluida la audiencia inaugural
del juicio, que se reanudará esta mañana, Guanziroli aludió a decisiones
de la Cámara Nacional de Casación Penal que revocó resoluciones de
tribunales inferiores que habían dispuesto cárcel efectiva para
procesados en diversas causas por delitos de lesa humanidad.
El rechazo unánime del Tribunal al pedido de la fiscalía y las
querellas fue recibido con exteriorizaciones de descontento por el
numeroso público que presenció la primera jornada del juicio oral y
público a los imputados por la llamada Masacre de Trelew, que ejecutaron
el 22 de agosto de 1972 miembros de la Armada.
La acusación
había pedido el encarcelamiento efectivo de Luis Sosa, Emilio Del Real,
Rubén Paccagnini y Carlos Morandino, acusados de homidicio doblemente
agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.
Esta solicitud invocó jurisprudencia acumulada en numerosos juicios
por delitos de lesa humanidad y solo exceptuaba "por el momento" a Jorge
Bautista, acusado de encubrimiento del fusilamiento de 19 prisioneros
políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de
agosto, hace 40 años.
La concurrencia desbordó la capacidad
de la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson y en
buena parte siguió la primera jornada del juicio en la aledaña plazoleta
de la Legislatura chubutense por pantalla gigante, ya que lo trasmitió
en directo la televisión pública provincial, Canal 7.
Constituido el Tribunal a las 10, el juez Guanziroli ordenó la lectura
del requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía en
2009, que acusa a los imputados por homicidio doblemente agravado de 16
prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base
aeronaval Almirante Zar.
El requerimiento detalla los hechos
desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson,
el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en
el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior
fusilamiento en el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22
de agosto.
Por estos hechos están acusados los capitanes
Sosa, Del Real, Paccagnini y Bautista, éste último por encubrimiento, y
el cabo Carlos Marandino.
Eludieron estar en el banquillo
de los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de
Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está
condiciones de defenderse en juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya
extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.
Breve cronología
Sobre los hechos de 1972, la acusación subraya que la negociación con
oficiales navales tras la cual se entregaron 19 evadidos, luego de
obtener la promesa de garantías, fue presenciada por el juez Alejandro
Godoy, abogados y periodistas.
No obstante esos compromisos
tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del
22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30", los acusados
Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido
Herrera "se presentaron en el lugar de detención".
"Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los
detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los
dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector,
luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo".
Les ordenaron luego que se formaran, "algunos orientados hacia el
ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista
hacia el suelo, "tras lo cual (Sosa) junto con los otros oficiales y
suboficiales abrieron fuego contra los detenidos", consigna el mismo
texto acusatorio.
Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.
Fueron asesinados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto
Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel
Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello,
Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos
Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli,
Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
"En el caso de Antonia
Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el
resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente
están desaparecidos en hechos posteriores al relatado", puntualiza la
elevación a juicio.
Los tres sobrevivientes señalaron a
Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un
disparo de gracia en la nuca a los fusilados, desde que un Tribunal les
tomó testimonio en octubre de 1972, donde seguían encarcelados y
convalecientes.
Morandino, el suboficial que estaba de
guardia en los calabozos, declaró que Sosa y los otros tres oficiales le
ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo
que le ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista,
para encubrir después el fusilamiento.
La fiscalía señala la
responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura
encabezada entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad
penal de los imputados en la causa como ejecutores materiales del
fusilamiento ordenado por la superioridad y, en un caso, por
encubrimiento.
Acusan en la causa los fiscales federales
Horacio Arranz y Fernando Gelves, mientras que por la querella lo hacen
abogados que representan a familiares de las víctimas, la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS).
Todos los acusados tienen abogados particulares excepto Morandino, representado por un defensor oficial.
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