sábado, 11 de febrero de 2012

La Defensoría del Pueblo Nacional advierte sobre el uso indebido de agroquímicos

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó el Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad, que da cuenta de la alta probabilidad de la vinculación entre el uso indebido de los agroquímicos, y su consecuente toxicidad, con la génesis de la discapacidad. El organismo advirtió también acerca de la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades públicas en general por la demora en la adopción de medidas preventivas.

"Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos", dice el informe publicado por la Defensoría Nacional. La investigación asegura que la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos no funciona con la regularidad necesaria y cuestiona una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Documentos e informes. Los datos recabados se basan en testimonios, documentos e informes. Entre ellos, figuran el realizado por la Comisión Investigadora de Contaminantes del Agua de la provincia del Chaco (del 2 de diciembre de 2009) y una investigación llevada a cabo por el Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.
Estos trabajos habrían sido claves para determinar que "las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención", asegura el informe.
Además, el trabajo refiere que la toxicidad de los agrotóxicos en la salud humana requiere sin más opción que la aplicación inmediata del principio precautorio, dado que los daños y la discapacidad sobreviniente, como resultado de la ausencia de medidas para aplicar ese principio, activarían la responsabilidad de quien no lo previene.
En Misiones, se tuvieron presentes los testimonios de la situación que atraviesan varias familias de las localidades de Artistóbulo del Valle, El Soberbio y Colonia Alicia, aportados por una ONG local y una investigación televisiva que dan cuenta de observaciones sistemáticas, que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos.
En Córdoba, se citan el "Encuentro de Pobladores de zonas rurales y periurbanas", y el de "Médicos de Pueblos Fumigados" cuyas conclusiones dan cuenta que la salud de sus comunidades está siendo afectada por las fumigaciones con agroquímicos que utilizan distintas producciones agrarias, por la manipulación y depósito de esos químicos en zonas pobladas, el desecho de envases y el acopio de granos impregnados de químicos dentro de los pueblos.
En cuanto a la provincia de Santa Fe, se consigna el fallo de San Jorge, donde la Justicia resolvió mantener las medidas restrictivas a las fumigaciones en las cercanías del barrio Urquiza y que, al hacerlo, invocó el principio de precaución, en respuesta a una acción iniciada por un grupo de vecinos.
Apelada la sentencia, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió confirmar lo resuelto por el Juez de Primera Instancia y dispuso mantener las medidas ordenadas, por seis meses más, recuerda el informe.
Reclamo a la Nación. Por la investigación realizada, la Defensoría del Pueblo le reclamó al Ministerio de Salud de la Nación (que tiene a su cargo la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, CNIA) que adopte medidas preventivas.
Asimismo, el organismo pidió a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, a sus comités Técnico y Asesor y al Consejo Federal de Discapacidad que lleven a cabo las acciones necesarias para la asistencia y los cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos y ante situaciones similares que se detecten en todo el país, como así también las acciones de prevención primaria de la discapacidad, "tal como lo establece la legislación internacional y nacional que versa sobre el tema".

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