Había admitido que arregló la válvula, pero como no encontró repuestos lo hizo de forma artesanal. También citan a inspectores.
La Capital |
Un gasista que realizó reparaciones anteriores al 6 de agosto (día del fatídico estallido) en la instalación de gas del edificio de calle Salta 2141 y dos inspectores de Litoral Gas que fiscalizaron esa tarea serán indagados por el delito de "estrago culposo agravado" en el marco de la causa judicial que investiga el mayor desastre ocurrido en Rosario, que dejó el saldo de 21 muertos, más de 70 heridos, decenas de damnificados y viviendas destruidas. En su declaración, el gasista admitió que había reparado la válvula, pero como no encontró en los comercios del rubro un repuesto que le debía cambiar, hizo una adaptación artesanal.
Además, el juez de Instrucción que ahora se hizo cargo del expediente solicitó autorización a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que una reconocida empresa privada se encargue de las pericias oficiales sobre el material siniestrado.
La resolución del llamado a indagatoria de personal de la empresa concesionaria del servicio de gas y de un gasista que trabajó con anterioridad sobre la instalación donde se desató hace dos semanas el desastre supone que el juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone, tratará de determinar si existieron acciones negligentes anteriores a la fatal jornada del accidente. Puntualmente en referencia a reparaciones hechas en julio y posteriores controles de Litoral Gas sobre el regulador, la válvula de presión y las cañerías.
Hasta ahora el único formalmente imputado es el gasista José Osvaldo García, quien intentaba reparar el desperfecto en el momento en que se produjo la fuga de gas y la inmediata explosión. El trabajador recuperó la libertad bajo ciertas restricciones el sábado, aunque sigue acusado de "estrago culposo agravado" por las 21 muertes.
Aunque dijo que se tomaría varios días para examinar el expediente, Beltramone actuó más rápido de lo esperado. Y ayer confirmó que ordenó la indagatoria (sin fecha cierta hasta que no se completen las pericias) de un gasista que hizo reparaciones previas en la válvula de entrada del flujo de gas de la red pública al edificio que colapsó, y de dos inspectores de Litoral Gas que supervisaron esa tarea, entre el 26 y 27 de julio, y el 2 de agosto.
Es que la pesquisa intenta determinar si García, como lo manifestó en su declaración, se encontró con piezas rudimentarias, desgastadas y arregladas con anterioridad de manera precaria.
"Eran obsoletas y con mantenimiento cero", había dicho el gasista al ser indagado, quien además aseveró que el mecanismo tenía por lo menos "30 años de antigüedad".
Artesanal. En ese sentido, el colega que antecedió a García manifestó en Tribunales que reparó la válvula, pero como no encontró en los comercios del rubro un repuesto que le debía cambiar, hizo una adaptación artesanal.
Sobre ese punto, y la aparente ineficacia de Litoral Gas en la fiscalización del arreglo, se sustenta la acusación contra los dos inspectores y el operario, que también quedarían imputados de estrago culposo agravado.
No obstante, Beltramone dejó en suspenso y sin fecha concreta esas indagatorias hasta tanto finalice y tenga en sus manos los informes periciales.
"Hay que hacer un análisis muy puntual de los días previos, con pericias muy detalladas y rigurosas. Además, se aguarda la normativa que rige la función de Litoral Gas y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), entre otras medidas pendientes", dijo ayer el juez a este diario.
La semana pasada Litoral Gas reconoció a través de un funcionario de la empresa que el gasista García concurrió el 1º de noviembre a las oficinas que la empresa tiene en 24 de Septiembre al 200 para solicitar instrucciones y preguntar si debía abrir un expediente para realizar el recambio de la válvula. Pero según manifestó, le dijeron que no era necesario.
En otro orden, el magistrado realizó ayer una inspección en el lugar de la tragedia junto a personal del Ente Nacional de regulación del Gas (Enargás).
Se demora la demolición
Hasta el cierre de la jornada judicial, la Municipalidad no había solicitado ayer al juez Javier Beltramone autorización para establecer los plazos de demolición de las dos torres que quedaron en pie en Salta 2141, pero con daños estructurales irrecuperables. Si bien el funcionario judicial aguarda los informes técnicos y monitorea día a día el riesgo de colapso o derrumbe, antes de autorizar la demolición de las estructuras tratará de acelerar las pericias del material que todavía queda en las celdas de la red de gas del edificio que colapsó el 6 de agosto a las 9.40.
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