El abogado del movimiento prepara el recurso de inconstitucionalidad. Tiene 10 días para presentarlo. “Esperábamos que el gobierno nos dé una respuesta y no judicialice el reclamo”, sostienen desde la CCC
4 meses. Desde el 3 de abril está
ocupado el plan de viviendas Santa Rita II, ubicado al norte de la
cuidad, en Chaco y Alsina. - Foto:Mauricio Garín
La
Corriente Clasista y Combativa recurrirá a la Corte Suprema de Justicia
para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante los fallos de la
Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal que ratificaron el
desalojo del plan de viviendas usurpado en Santa Rita II y el
procesamiento de cinco integrantes del movimiento.
Ambas medidas habían sido resueltas por la jueza correccional de la 6ta. Nominación, Sandra Valenti, el pasado 23 de abril, pero la CCC las había apelado.
Sebastián Saldaña, líder la CCC, aseguró hoy en una conferencia de prensa que el patrocinante legal, Domingo Rondina, está preparando el escrito para presentar ante la Corte. “Nosotros seguimos planteando que el gobierno, con el acta que firmó, nos dio permiso para estar ahí hasta que nos den una solución habitacional en etapas”.
Sobre este punto, el fallo de la Cámara les da la razón. Dice que no comparte el criterio que esgrime la resolución anterior cuando sostiene que “en dicha acta acuerdo nunca se autorizó la permanencia en sí” porque “si los supuestos representantes de los ocupantes firmaron el acta, aceptaban lo que se les ofrecía” (la canasta de materiales y acceso a un lote). Sin embargo, advierte que esto no los exime de dolo -como pretendió la defensa- porque la usurpación “precedió al acuerdo en cuestión y es obvio que éste de ningún modo puede tener una suerte de efecto retroactivo al momento de la invasión de las viviendas en construcción, que se produjo con pleno conocimiento del carácter ajeno que para los autores tenían las mismas, como asimismo de la carencia de legitimación para la ocupación”. Es este el argumento más fuerte para ratificar el procesamiento.
“Persecución política”
Saldaña cargó hoy contra el gobierno provincial: “En estos últimos 4 meses el gobernador Antonio Bonfatti no sólo ha planteado este tema como una problemática judicial, sino que además nos viene procesando. Es una evidente persecución política a quienes planteamos la necesidad de vivienda. Esperábamos que nos dé una respuesta y no que judicialice los reclamos”.
Respecto a qué harán en el caso de que queden firmes los fallos, Saldaña dijo que las familias plantean quedarse y resistir. Conocida la nueva resolución, los ocupantes estarían elaborando una propuesta para el gobierno provincial para “comenzar a pagar las casas como en un plan Fonavi y poder vivir dignamente”, finalizó el referente de la CCC.
Ambas medidas habían sido resueltas por la jueza correccional de la 6ta. Nominación, Sandra Valenti, el pasado 23 de abril, pero la CCC las había apelado.
Sebastián Saldaña, líder la CCC, aseguró hoy en una conferencia de prensa que el patrocinante legal, Domingo Rondina, está preparando el escrito para presentar ante la Corte. “Nosotros seguimos planteando que el gobierno, con el acta que firmó, nos dio permiso para estar ahí hasta que nos den una solución habitacional en etapas”.
Sobre este punto, el fallo de la Cámara les da la razón. Dice que no comparte el criterio que esgrime la resolución anterior cuando sostiene que “en dicha acta acuerdo nunca se autorizó la permanencia en sí” porque “si los supuestos representantes de los ocupantes firmaron el acta, aceptaban lo que se les ofrecía” (la canasta de materiales y acceso a un lote). Sin embargo, advierte que esto no los exime de dolo -como pretendió la defensa- porque la usurpación “precedió al acuerdo en cuestión y es obvio que éste de ningún modo puede tener una suerte de efecto retroactivo al momento de la invasión de las viviendas en construcción, que se produjo con pleno conocimiento del carácter ajeno que para los autores tenían las mismas, como asimismo de la carencia de legitimación para la ocupación”. Es este el argumento más fuerte para ratificar el procesamiento.
“Persecución política”
Saldaña cargó hoy contra el gobierno provincial: “En estos últimos 4 meses el gobernador Antonio Bonfatti no sólo ha planteado este tema como una problemática judicial, sino que además nos viene procesando. Es una evidente persecución política a quienes planteamos la necesidad de vivienda. Esperábamos que nos dé una respuesta y no que judicialice los reclamos”.
Respecto a qué harán en el caso de que queden firmes los fallos, Saldaña dijo que las familias plantean quedarse y resistir. Conocida la nueva resolución, los ocupantes estarían elaborando una propuesta para el gobierno provincial para “comenzar a pagar las casas como en un plan Fonavi y poder vivir dignamente”, finalizó el referente de la CCC.
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