Este lunes, a las 11, en el
salón Blanco de Casa de Gobierno. El año pasado, el Ejecutivo reconoció
por primera vez el derecho de esta joven transexual a modificar su
identidad sexual sin recurrir a las vías judiciales comunes.
El gobierno provincial entregará este lunes en forma
oficial el Documento Nacional de Identidad (DNI) a una persona
transexual que cambió su nombre y género por el camino administrativo,
sin recurrir a las vías judiciales comunes (el decreto del Poder
Ejecutivo fue refrendado por la Justicia).
El acto tendrá lugar a las 11 en el salón Blanco de la Casa de
Gobierno, en la ciudad capital, con la presencia de los ministros de
Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Gobierno y Reforma del
Estado, Rubén Galassi, entre otros funcionarios provinciales.
El pasado 28 de junio, el entonces gobernador Hermes Binner firmó
el decreto a través del cual instruyó al Registro Civil a rectificar la
partida de nacimiento de una persona trans de apellido Ironici,
reemplazando el nombre de pila “Víctor Alejandro” por el de “Alejandra”,
así como el sexo masculino por el femenino; y a gestionar un nuevo DNI
con los datos rectificados.
El decreto registra como antecedente fundamental el dictamen Nº 129
del fiscal de Estado provincial, Jorge Barraguirre (h), primero en su
tipo en la provincia y en el país, que surgió a partir de un planteo de
Ironici formulado ante la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de
2010.
Alejandra Ironici nació en la ciudad de Tostado y vive en la
capital provincial. El derecho a modificar su identidad sexual es hoy
una realidad.
“El derecho a la identidad sexual es un derecho integrante del más
amplio derecho a la propia identidad. Forma parte a su vez del plexo
mayor de derechos humanos sustanciales”, se señaló en uno de los
párrafos del extenso dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos.
Por su parte, en el dictamen el fiscal de Estado propuso una
intervención activa del Estado contra la práctica habitual de tener que
recurrir o a juicios de amparo o a juicios de sumaria intervención.
En ese sentido afirmó que tal interpretación “desnaturaliza el
reclamo, invisibiliza la marginación de las personas trans, y desconoce
los compromisos de la administración pública en un Estado Social -
Constitucional de Derecho”.
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