STA FE: Podrían obligar a motociclistas santafesinos a que usen chalecos reflectantes en la calle

Es una propuesta que presentó la diputada provincial del PRO, Alejandra Vucasovich. La iniciativa pretende mejorar la seguridad pública y la vial.

 Ante la aparición de nuevos métodos delictivos en la provincia de Santa Fe, como los “motochorros”, la diputada Alejandra Vucasovich presentó un proyecto de ley para implementar el uso del chaleco reflectante con el número de dominio en el frente y el dorso del conductor y del acompañante de motocicletas, ciclomotores o cuatriciclos.

La iniciativa establece el carácter obligatorio de los chalecos, con la previsión de importantes multas para quienes incumplan la norma e incluso la inhabilitación para conducir de hasta seis meses. “Es a los efectos de mejorar la seguridad de quienes viajan en este tipo de vehículos, en especial por la noche, por un lado, y para prevenir la modalidad delictiva popularmente conocida como motochorros, tan difundida en nuestra provincia últimamente, por el otro”, indicó la legisladora del PRO.

Vucasovich fundamentó su proyecto en “un estudio realizado por el Cesvi para comprobar la efectividad del uso de los chalecos reflectivos durante la noche”. En ese sentido, dijo que en pista situaron a dos personas frente a un auto a diferentes distancias, con distintos chalecos y sin este elemento, respectivamente, para probar cómo se los distingue desde el habitáculo con las luces bajas encendidas y apagadas.

“Como primera medida se comprobó que un individuo con chaleco se percibe a más de 200 metros antes que uno que no lo lleva puesto. Esto justifica ampliamente su implementación. Al que se ubicaba sin indumentaria lo observamos correctamente recién a 41 metros de distancia del auto. Algo tremendo si tenemos en cuenta que para poder detener un vehículo antes de colisionar con una persona que se encuentra sobre la calzada se precisan 110 metros. O, en su defecto, circular en todo el recorrido a una velocidad inferior a 60 kilómetros por hora”, argumentó.

“Además el carácter reflectivo de la identificación permite ser observado tanto de día y de noche por lo cual propende a la seguridad vial y a la protección del conductor del motovehículo. Existen antecedentes en nuestro país de aplicación de este tipo de propuestas, como es el caso de la provincia de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” destacó la legisladora.

Nuevas medidas
Asimismo, recordó que “en el mundo existen antecedentes de aplicación de este tipo de propuestas. Originalmente, en Colombia, con la utilización de un chaleco reflectivo y la calco reflectiva en la parte posterior externa de los cascos, se busco disminuir la gran cantidad de accidentes de tránsito, producto del enorme parque motociclístico, lo cierto es que también contribuyó a disminuir y combatir aquellas modalidades delictivas que hacen uso de los moto-vehículos”.

“Se sabe también –continuó la diputada del macrismo– que la medida apuntaba a frenar la utilización de las motos para cometer atentados terroristas, como así también el accionar de los sicarios colombianos” (asesinos que trabajan para narcotraficantes)”.

Al respecto, Alejandra Vucasovich aprovechó el caso colombiano para justificar el trazo grueso de su proyecto. “La creciente modalidad delictual acaecida en el último tiempo, llamada motochorros, y siendo el espíritu de esta norma el otorgar medidas de seguridad a nuestros ciudadanos mediante medidas que tiendan a proteger a los vecinos, así como evitar y prevenir la delincuencia, aparece motivado el imponer determinadas obligaciones a los conductores de motovehículos”, manifestó.

“El fin del proyecto –agregó– tiende a aportar en la lucha contra la comisión de esta modalidad muy reiterada de cometer delitos, ya que se podrá controlar de manera más sencilla a quienes utilizan motos. Además, si sumamos el alto porcentaje de hurtos cuyo objeto son ciclomotores y biciclos en general, la identificación del vehículo y su conductor se impone como prioritaria a la hora de impedir el hurto o robo de éstos y su posterior utilización en otros delitos”.

“No menos relevante resulta el factor seguridad que viene a completar una mixtura de cuestiones que obligan a los distintos estamentos del Estado a tomar rápida intervención para generar una solución a todos ellos. Utilizando y agudizando el trabajo de la autoridad de control encargada de verificar el cumplimiento de la normativa en cuanto a tránsito y requisitos indispensables para la circulación, se vería una disminución de delincuencia y de accidentes”, advirtió la integrante del bloque Federal en Unión PRO.

“Así, se cumple el objetivo de proveer medidas de seguridad, y aplicar sanciones que sin afectar el derecho a la libertad de tránsito de los ciudadanos, imponga ciertas restricciones que resultan propias del ejercicio de la potestad de todo Estado de reglamentar el ejercicio de los derechos y obligaciones”, finalizó Alejandra Vucasovich.

En tanto, el proyecto establece que el incumplimiento de utilizar los chalecos deberá ser sancionado con multa de 150 UF hasta 500 UF o inhabilitación para conducir de 15 días a seis meses. El valor de la UF (Unidad Fija) lo determina la Agencia Provincial de Seguridad Vial cada mes de acuerdo al valor del litro de nafta súper en las bocas de expendio de YPF y para septiembre pasado fue de 6,147 pesos.

SANTA FE: Finalizó con gran éxito el Encuentro de Teatro Estudiantil

El acto de cierre giró en torno al reconocimiento oficial a las diez instituciones participantes. La 29ª edición del tradicional encuentro artístico se desarrolló desde el miércoles y reunió en el Teatro Municipal a unos 3000 alumnos santafesinos.

Tras tres intensas jornadas a puro teatro, culminó el viernes una nueva y exitosa edición del Encuentro de Teatro Estudiantil. Se trató de la XXIX entrega de este valioso espacio cultural y fue protagonizado por más de 200 estudiantes pertenecientes a elencos de diez escuelas santafesinas que congregaron en la sala Mayor del Teatro Municipal 1º de Mayo a cerca de 3000 alumnos de nuestra ciudad.

La ceremonia oficial de cierre giró en torno a la entrega de reconocimientos a las instituciones participantes y fue encabezado por el secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Damián Rodríguez Kees, y por rector de la EEM Nº440 “Simón de Iriondo”, Alberto Roblero. Además, participaron la coordinadora del Encuentro, Silvia Corti; y la coordinadora del Teatro Municipal “1º de Mayo”, Susana Formichelli.

Apuesta al futuro

“El éxito, la repercusión y la continuidad de este Encuentro habla a las claras de una organización que piensa al teatro y a la cultura como una herramienta de formación integral y de comunicación con la sociedad”, afirmó el secretario de Cultura al tomar la palabra y completó: “Para el Gobierno de la Ciudad es un orgullo, un compromiso y un placer ser parte activa del Encuentro de Teatro Estudiantil, una valiosa propuesta artística que apuesta fuerte al futuro de nuestra capital y que, sin dudas, ya es parte del panorama cultural santafesino”. En esta línea, Rodríguez Kees aseguró que el Municipio “no puede ni quiere estar fuera de un proyecto tan potente y maravilloso como este. Por eso nos comprometemos continuar trabajando junto a este equipo encabezado por la Escuela Simón de Iriondo y comenzar a proyectar la próxima edición: el Encuentro llegará a su trigésima entrega y tendremos que celebrarlo como el acontecimiento lo amerita”.

Finalmente, el funcionario felicitó “a los profesores y a los estudiantes que conforman cada uno de los elencos que participaron de este Encuentro por su aporte y por el difícil trabajo realizado. Este festival escénico forma parte de la construcción de la ciudad que queremos, proyectamos y por la que trabajamos cotidianamente de forma colectiva”.

Teatro por y para jóvenes

Al dirigirse a la sala, Roblero comenzó por agradecer “al Gobierno de la Ciudad por el incondicional y valioso apoyo que nos brinda. El aporte de esta gestión es trascendental para el éxito del Encuentro, incluso arriesgaría que sin este apoyo sería imposible llevarlo adelante”.

En la continuidad de sus palabras, el rector de la EEM Nº440 aseguró que “la concreción de esta propuesta implica un esfuerzo enorme para todos los que trabajamos en la organización pero, al mismo tiempo, conlleva una inmensa satisfacción. Aquellos que abrazamos a la educación como el bien fundamental de un país, depositamos nuestro trabajo y nuestra confianza en los jóvenes. Por eso quiero valorizar el trabajo de todos los que protagonizaron esta propuesta cultural, tanto a los que suben a escena como a los que se dan cita en el Teatro para apoyar y alentar a sus pares, disfrutando de las obras”.

Finalmente, Roblero instó a “comenzar a proyectar y programar la próxima edición del Encuentro, para potenciar su propuesta y hacerla crecer aún más”.

Veto a la comision de control de la autopista Santa Fe - Rosario

El veto del Poder Ejecutivo a la ley que crea la comisión bicameral de control de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario metió esta semana ruido político en el Senado. Y coincidió con un plantón de casi una hora que colmó la paciencia de los senadores del PJ, que se fueron de la comisión de Labor Parlamentaria, cansados de esperar a sus colegas del Frente Progresista.

  El portazo hizo fracasar la sesión del jueves por falta de quórum. "El veto es una falta de respeto. Hasta ahora hemos sido muy respetuosos del PE en el tratamiento de las leyes, pero en esta decisión no hemos sido correspondidos", dijo a Rosario/12 el autor de la ley y jefe del bloque del Frente para la Victoria, Armando Traferri. "Es muy preocupante cuando se esquivan los controles y la transparencia que debe haber en toda gestión. Si uno no tiene nada que esconder, no tiene por qué preocuparse", agregó.

El gobernador Antonio Bonfatti vetó la ley 13.289 que crea una comisión bicameral de control de la concesión de la autopista Santa Fe?Rosario y propuso que se transforme en una "comisión de seguimiento" integrada por la misma cantidad de legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), pero sin las atribuciones de la anterior. Un "veto parcial" con enmienda ?lo calificó? porque "la norma colisiona con principios esenciales del régimen constitucional vigente".

Sin embargo, Traferri lo interpretó como un "veto total" porque "el único artículo que no vetó es el de forma", dijo con cierta ironía. Efectivamente, Bonfatti vetó seis de los siete artículos de la ley 13.289 y sólo dejó intacto el séptimo que dice: "Comuníquese al PE". El mensaje 4027 (decreto 2828) ingresó al Senado el lunes a la tarde, horas antes de que se cumpliera el plazo constitucional para la promulgación de la norma.

Bonfatti vetó la ley por considerarla de dudosa constitucionalidad al crear una comisión que controle el negocio de la autopista y asignarle competencias que son propias del PE. "Resulta constitucionalmente cuestionable que se integre un órgano al que se le atribuyen competencias administrativas, con representantes de los otros poderes del Estado", dice el dictamen de Fiscalía de Estado que le recomendó el veto. "La asignación generalizada e indeterminada de competencias administrativas a un órgano integrado exclusivamente por legisladores y fuera de la organización provincial cuya cabeza es el Poder Ejecutivo, en el caso, relacionadas al desenvolvimiento, desarrollo y control de un servicio público, aparece violentando el esquema constitucional de distribución de competencias", agregó.

El veto cayó como un baldazo en el Senado. Y coincidió con un plantón que padecieron los senadores del PJ en la comisión de Labor Parlamentaria, donde esperaron a sus colegas del Frente Progresista casi una hora. El secretario legislativo llamó dos veces a los senadores de la UCR, hasta que la demora colmó la paciencia de Traferri. "Nosotros nos vamos. Esto es una falta de respeto", protestó. Y se fue de la Legislatura, junto con sus pares del Frente para la Victoria. El bloque de los otros seis senadores del PJ, que preside José Baucero, se sumó a la protesta en solidaridad y así se cayó la sesión del jueves. Baucero es el otro autor de la ley.

"El veto de Bonfatti es una falta de respeto", sostuvo Traferri. "El proyecto de ley fue acordado con los senadores del oficialismo y sancionado por unanimidad en el Senado. Tuvo 19 votos. Lo mismo que en Diputados, donde también salió por unanimidad (con la abstención del bloque oficial porque se trató sobre tablas)".

"Me parece que el gobierno no quiere que se controle la concesión de la autopista como corresponde, con la transparencia que tiene que haber en toda gestión", advirtió Traferri.

Indagaron al primer interventor de la dictadura militar en Santa Fe

El represor fue indagado junto a otros militares y policías por el juez Rodríguez, en el marco de la causa por los tormentos al ex intendente de Santa Fe ya fallecido, Noé Adan Campagnolo y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda.

El juez federal Reinaldo Rodríguez indagó esta semana al primer interventor militar de la dictadura en la provincia, coronel José María González; al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Jorge Roberto Diab y al ex oficial de la Policía santafesina, Ricardo José Salomón por los tormentos al ex intendente de Santa Fe ya fallecido, Noé Adan Campagnolo y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda. Ambos fueron secuestrados tras el golpe del 24 de marzo de 1976 en la Guardia de Infantería Reforzadas, donde Campagnolo sufrió un martirio que nunca pudo relatar ante la justicia, pero sí en un programa de TV, veinte años después: "Los milicos intentaron matarme. Me introducen por el ano un objeto cortante, me rompen el intestino y la vejiga. Si la picana eléctrica hubiera estado encendida, me hubieran matado", le dijo al periodista Guillermo Tepper, en 1996. Y exhibió un documento que acredita los suplicios: "Setentas hematomas en distintas partes del cuerpo, siete costillas fracturadas, rotura de vegija e intestinos, ano contranatural por seis meses".

La ronda de indagatorias se cerró el viernes a la mañana con González. Antes, habían declarado los otros dos imputados: Diab y Salomón, este último dos veces. Los tres quedaron detenidos en la causa, aunque los militares bajo arresto domiciliario, por la edad.

El coronel González ya cumple una condena a prisión perpetua por la desaparición del militante peronista Mario Osvaldo Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini, en diciembre de 1975. Y la semana pasada, el juez Rodríguez elevó a juicio oral una megacausa de los crímenes del terrorismo de estado en Santa Fe, en la que González y Diab deberán responder como partícipes necesarios de 23 y 35 homicidios, respectivamente, más otros delitos, entre ellos el de asociación ilícita.

La causa por el martirio de Campagnolo se reactivó en los últimos meses con el aporte de pruebas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La tarea estuvo a cargo de un equipo de investigadores que dirige Alejandra Romero Niklison, coordinadora de la Dirección General de Investigación, Apoyatura y Seguimientos de causas de Lesa Humanidad. "Es muy importante avanzar en esta causa que es emblemática para Santa Fe", dijo la abogada a Rosario/12.

Romero Niklison recordó que ya en el alegato en el juicio al ex juez Víctor Brusa y otros cinco represores, en diciembre de 2009, se pidió a la justicia que investigue los tormentos aberrantes a Campagnolo. "Después, se realizó un relevamiento, encontramos abundante información en fondos documentales y libros de guardias de la Policía de la provincia y ofrecimos testimonios, entre ellos el de quien oficiaba como la mano derecha del ex intendente de Santa Fe. Todo eso se plasmó en una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos", agregó.

Campagnolo nunca pudo hablar ante la justicia. Lo hizo sí en el programa "Entre líneas" del colega Guillermo Tepper, por Cable y Diario, el 21 de agosto de 1996. Fue su único testimonio, donde relató cuando lo fueron a buscar la madrugada del 24 de marzo de 1976 para que entregue la Municipalidad de Santa Fe al interventor de la dictadura, teniente coronel Roberto Pedro Arrieta -uno de los que zafó en la megacausa- y se negó a firmar el acta. "Cuando salí del Palacio Municipal -contó- un tal Zalazar, al que le decían \'El loco de la ametralladora\' me pegó un culatazo en la espalda". Volvió a su casa. Y esa misma noche del 25 de marzo, otro grupo de tareas lo vuelve a secuestrar y lo entrega en la Guardia de Infantería Reforzada, donde siguió su calvario. Lo torturan hasta el borde de la muerte. "Intentaron matarme", dijo. "Me introducen por el ano una cosa cortante. Me rompen el intestino y la vejiga. Si la picana eléctrica hubiera estado encendida, yo no cuento el cuento".

"El saco y el pantalón lleno de sangre" llega a manos de su esposa, que le suplica ayuda al entonces arzobispo de Santa Fe, monseñor Vicente Zazpe. El cura reacciona, se cruza desde el Arzobispado hasta la Casa de Gobierno, donde le pide explicaciones a González y le dice que hay pruebas. "¿Qué pruebas?", le pregunta el militar. "Sí, acá las tengo yo", le responde Zazpe y le muestra la ropa ensangrentada.

Campagnolo fue internado en el hospital José María Cullen. "Me hacen radiografías y estudios, y a los tres días ya me operaron. Y pasé ocho meses en la Sala Policial, con un milico en la puerta y otro en la ventana. Yo digo que el culpable de todo lo que me pasó a mi era (el entonces jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, comisario inspector Jorge Alberto) Marquez con todo el equipo de oficiales que estaba ahí, porque lo permitieron", concluyó.

STA FE: Mas derivaciones del recurso interpuesto por el aborto no punible

Causó malestar en el foro rosarino que el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Gerardo Casadei, haya sido quien promovió el amparo ante el juez Bermúdez para frenar un aborto no punible en Santa Fe.

La suspensión del protocolo para atención de abortos no punibles que pidieron -y que por algunas horas lograron- los abogados Gerardo Casadei y Gabriela Quadri causó malestar en el foro rosarino. También la aprobación en otros casos. Pero amén de la decisión del juez Claudio Bermúdez, denunciado por prevaricato, lo que molestó fue que uno de los letrados que promovió esa acción sea el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. A más de uno eso le parece una contradicción y le irrita que en el medio quede una entidad colegiada que nuclea a más de 8.000 profesionales.

Como el titular de la entidad, Ignacio Del Vecchio, no atendió los llamados, este diario requirió el parecer de las dos presidentas de la comisión de Derechos de la Mujer, que también integra el cuerpo de institucional del Colegio de Abogados como la mesa que dirige Casadei. Una de ellas, Liliana Urrutia, se abstuvo de opinar. "No tengo opinión formada. Desde lo institucional no puedo porque las comisiones respondemos al Directorio, y personalmente no lo haré tampoco", eludió.

Rosa Acosta, la otra co presidenta, sí respondió: "La Corte Suprema de la Nación ha hecho una correcta interpretación del artículo 86 del Código Penal y eso ya está fuera de discusión. Entonces, esa acción (la cautelar solicitada por Casadei y Quadri) está lesionando el derecho de la mujer que ha sido producto de largas luchas, inclusive la interpretación de la norma positiva existente en nuestro país sobre aborto no punible", dijo.

Acosta, que supo desempeñarse en el Area de la Mujer de la Municipalidad y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia bajo las gestiones de Hermes Binner, consideró que "sería un retroceso si hubiera que pedir autorización judicial (para realizar un aborto no punible) por las creencias de sectores sociales que son dignas de tener en cuenta, pero que perjudican a la mujer. No se tiene que victimizar más aún a una persona que ya ha sido víctima. La declaración jurada de la mujer no es ligera, está acompañada por un consentimiento informado, por equipos interdisciplinarios".

-¿Cómo puede ser entonces que quien promueva una acción judicial en ese sentido sea un directivo del Colegio de Abogados, que encima preside la comisión de Derechos Humanos?, preguntó Rosario/12.

-Bueno, todavía hay sectores que pueden manifestar su creencia y su interpretación de la norma, y expresarse. Para eso acuden a la Justicia. La clave es cómo resuelve finalmente la Justicia. No digo \'desgraciadamente\', pero hay que aceptar la diversidad, el consenso en las instituciones, y sobre todo, el respeto de la ley. Quizás, en todo caso, (Casadei) debiera abstenerse, pero él piensa de esa manera y utiliza los medios que la norma le da para resguardar derechos, entonces acude a la Justicia. El problema es que el juez no actuó en forma rápida conociendo el derecho y la jurisprudencia existente, y desoyó los dos fallos de la Corte, el caso F.A.L. y el de la mujer violada y embarazada que fue víctima de trata en Ciudad de Buenos Aires".

-A priori, parece que hay una contradicción interna que el Colegio tendrá que dirimir.

-Sí, pero no he conversado con el doctor Casadei, y no he estado en Rosario en estos días (NdR: Acosta atendió a este diario telefónicamente, desde Santa Fe). Puede ser que la comisión de Derechos de la Mujer emita una opinión. En lo personal, considero esto que dije, en sintonía con la Multisectorial de Mujeres de Rosario: que es un avasallamiento a derechos conquistados, máxime cuando cobran valor en Latinoamérica, como acaba de demostrarlo Uruguay (con la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación). Es un tema polémico, cada uno actúa según le indique su conciencia y su creencia, pero insisto, un juez tiene que aplicar las normas que están hechas para todos y todas.

-¿Como titular de la comisión de Derechos de la Mujer planteará algo en concreto en el Colegio?

-Voy a charlar.

El abogado Vildor Garavelli presidía la comisión de Derechos Humanos hasta la asunción de Ignacio Del Vecchio como titular electo del Colegio por la lista Defensa Profesional en alianza con dos listas, una vinculada al socialismo y otra relacionada con el peronismo. Este letrado, con trayectoria en la defensa de derechos humanos, renunció al rechazar el ofrecimiento que Del Vecchio le hiciera de co dirigir dicha comisión junto con Casadei. Consultado sobre la posición que jugó su colega, en tanto dirigente del partido Demócrata Cristiano, Garavelli opinó: "En ejercicio de la profesión, él tiene el derecho de representar a quien quiera, pero su posición es contraria a los fallos de la Corte, y no corresponde, por lo tanto, que lo haga siendo presidente de la comisión de Derechos Humanos del Colegio. Es contradictorio porque la Corte, precisamente, en sus dos fallos lo que hace es ratificar la vigencia de los derechos humanos y se da de patadas con la posición de Casadei, de evidente corte confesional, vinculada a un credo en particular, y que trata de imponérsela a toda la sociedad. Por supuesto que -aclaró- la responsabilidad es de los jueces, sobre todo".

El antecesor de Casadei señaló que "desde el punto de vista ético y político, es una posición que tiene que ver más con lo confesional que con lo que debe representar y defender la comisión de Derechos Humanos de un colegio de abogados tan importante como el de Rosario".

SANTA FE: Subite a la Bici: incorporan más unidades para grandes, y ahora también para chicos

El Gobierno de la Ciudad incorporó nuevas bicicletas para las diferentes terminales del servicio gratuito. Pero además se sumaron unidades para los más pequeños, que podrán utilizarse en los Juegos Callejeros y en los ciclos como Domingos en Candioti. El sistema de préstamo de bicicletas ya suma 4.500 usuarios inscriptos.

El Gobierno de la Ciudad creó a fines de 2010 el Sistema de Bicicletas de uso Público “Subite a la Bici”. A poco de cumplir 2 años, el programa -que es totalmente gratuito- cuenta con 4.500 usuarios registrados, y se realizaron más de 13.300 préstamos.

El sistema -que es único en la región y que ha tenido muy buena aceptación de los vecinos y turistas que llegan a la capital provincial-, sumó en el último mes un total de 149 ciclistas nuevos, e incorporó en los últimos días más de 10 unidades nuevas, equipadas con su respectivo casco y sistema de seguridad.

De todas formas, una de las novedades más destacadas es la incorporación de bicicletas para los más chicos, bajo el mismo sistema de préstamo -el tutor a cargo debe presentar su DNI, como parte de los requisitos que se deben cumplir-.

Desde la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, se remarcó que la idea es sumar unidades en todas las terminales, y que en el caso de los padres que se acerquen a la sede de la Costanera, podrá realizar paseos recreativos junto a los pequeños con sólo presentar el DNI.

Cabe señalar que este servicio también podrá ser utilizado en Domingos en Candioti, el ciclo que ha sumado una importante cantidad de visitantes.

Entre los principales objetivos del programa “Subite a la Bici”, figuran fomentar el bienestar personal, comunitario y ecológico aportando a una vida mejor y más sana para todos. Al mismo tiempo, estimula una bici-cultura y una concientización a la ciudadanía sobre el uso cuidadoso de lo público.

Requisitos

Como se sabe, el programa es gratuito y los requisitos que se deberán cumplir para el uso público de las bicicletas son: tener 18 años, presentar DNI y realizar la firma para el préstamo. Por otra parte, se puede hacer una preinscripción online en el sitio web del Gobierno de la ciudad, www.santafeciudad.gov.ar, en la sección “Registro Subite a la bici”.

En tanto, se aclaró que el uso de las bicicletas se redujo a tres horas por ciclista debido a la alta demanda de usuarios y así poder lograr una mayor cobertura para los ciudadanos.

En el caso de Domingos en Candioti, donde concurren muchos niños, los padres deberán presentar un DNI en el caso que requieran el servicio.

Las terminales

Desde septiembre, el Sistema de Uso de Público de bicicletas cuenta con 8 puntos terminales: Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150), Estación Guadalupe (Dorrego y Risso), sede de la Dirección de Deportes del Gobierno de la ciudad (Almirante Brown 5294), Prado Español (General Paz y Hernandarias), Mercado Norte (Santiago del Estero y Urquiza), el Palacio Municipal (Salta 2951), el Rectorado de la UNL (Bulevar Pellegrini 2750), y Ciudad Universitaria (Paraje El Pozo).

Según se detalló, las bicicletas pueden retirarse y devolverse en cualquiera de las terminales indistintamente.

Horarios

- Estación Belgrano: lunes a domingo, de 8 a 18.

- Dirección de Deportes: lunes a domingo de 8 a 18.

- Palacio Municipal: lunes a viernes de 8 a 18; y sábado de 8 a 13.

- Mercado Norte: lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 17 a 18; y sábados de 9 a 13 y de 17 a 18.

- Prado Español: lunes a domingo, de 8 a 18.

- UNL Rectorado: lunes a domingo, de 8 a 18.

- UTN: lunes a viernes, de 8 a 18.

- Ciudad Universitaria: lunes a viernes de 8 a 18.

STA FE: "Para mejorar la seguridad hay que bajar los niveles de violencia"

El consejo corresponde a Gabriel Felipe Chumpitaz, un empresario rosarino y consultor en seguridad de 36 años que acaba de ser distinguido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del país por una organización internacional que participa de Naciones Unidas. "Para mejorar la seguridad la primera responsabilidad es del ciudadano. Hay que bajar los niveles de violencia colectiva, desde el tránsito hasta el estadio de fútbol. Muchas situaciones delictivas se originan por cuestiones emotivas", sostuvo Chumpitaz.

La Capital | 

Chumpitaz fue seleccionado entre 200 postulantes y distinguido con el premios Toyp (Ten Outstanding Persons) que entrega la red internacional JCI (Cámara Junior Internacional). Se trata de una organización no gubernamental que alienta a jóvenes de 18 a 40 años a iniciar un "cambio positivo en sí mismos y su comunidad".

Bajo ese precepto, el pasado 27 de septiembre se otorgaron las distinciones en distintos rubros como el de superación y logros personales que fue para Sebastián Crismanich, el taekwondista que obtuvo una medalla de oro en los últimos juegos olímpicos.

En el caso del empresario local, la distinción fue en materia de logros comerciales, económicos o empresariales. Lo propuso el presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Reno Arcadigni, quien destacó su "capacitación y compromiso con su labor y el desarrollo de tareas humanitarias a partir de la creación e un Plan Social de Coexistencia.

Casado, con una hija de 1 año, Chumpitaz fue jugador de rugby en Gimnasia y Esgrima y entre 1999 y 2000 jugó a nivel profesional en el Parma de Italia.

En la crisis de 2001 regresó al país. Fundó la consultora Security Management y la revista que lleva el mismo nombre. Además es socio fundador del Grupo Triana de Seguridad.

"Hay que desterrar la percepción negativa de esperar mucho habiendo entregado poco. Es una mala costumbre que tenemos. El 80 por ciento de los emprendimientos muere antes de los 5 años y pocos llegan a subsistir. Emprender es fácil. Lo difícil es mantenerse. Yo no diferencio entre lunes, miércoles, domingos o feriados. Disfruto trabajando y las mayores satisfacciones las tuve en actividades colectivas", apuntó Chumpitaz, quien participa en el consejo directivo de la Federación Gremial.

"La actividad gremial empresaria es como una enfermedad positiva: uno empieza a participar y cada vez quiere más, entonces empieza a priorizar lo colectivo sobre lo individual", agregó el empresario, que también integra las cámaras de empresas de seguridad a nivel provincial y nacional.

A su vez, lleva adelante el Plan Social de Coexistencia. Uno de los principales programas consiste en la inclusión de discapacitados o de aborígenes a puestos de trabajo.

En materia de seguridad el joven manifestó: "Debería establecerse un pacto social de coexistencia donde no interfieran las diferencias políticas. Cualquier político, oficialista u opositor, que diga que tiene la solución a la inseguridad está mintiendo", apuntó.

SANTA FE: A un año del cierre de Naranpol, ex empleados mantienen la lucha y reclamos

La empresa Productora Alimentaria SA (Naranpol) cerró sus puertas en forma definitiva el 28 de octubre del año pasado, luego de varios meses en conflicto. En la provincia de Santa Fe se perdieron en ese momento más de 470 fuentes laborales. Esperan que en los próximos días se declare la quiebra, para reabrir como cooperativa de trabajo.

En un raconto de lo ocurrido entre 2011 y 2012, Cristian Farieri, delegado de los trabajadores, hoy por hoy ex empleados de esa compañía, explicó:“Como trabajadores denunciamos una quiebra fraudulenta y el vaciamiento de la empresa en mayo del año pasado y desde ese momento los tres jueces que intervinieron en la causa fueron funcionales a la empresa y nunca escucharon nuestros reclamos”.

En el mismo sentido, continuó: “El primer juez que intervino fue Eduardo Sodero, que aplicó la ley de quiebra; desde ahí empezamos una serie de reclamos, cuyo punto más alto fue el paro del 28 de octubre pasado, que es cuando la empresa cierra definitivamente sus puertas”.

A partir de allí, la lucha fue incesante, aún en estos días, a punto de cumplirse un año del cierre de la empresa. “Los trabajadores nos encontramos resistiendo y acampando en la puerta de Naranpol, en Blas Parera 9.358, y no hemos recibido ningún respaldo ni del Poder Ejecutivo provincial, ni del Poder Judicial”, denuncia Farieri.

En el relato de los hechos, desde mediados de 2011, el delegado recordó: “Acudimos al entonces gobernador Hermes Binner y nos dijo que esto era un conflicto de una empresa privada y que él no iba a intervenir, tampoco hemos obtenido ningún respaldo, ni respuesta del actual gobernador Antonio Bonfatti”.

Y continuó: “En abril de 2012 apareció un nuevo dueño, Carlos de los Santos, que reconoció la deuda y firmó un convenio colectivo de trabajo y se compromete a pagar cinco mil pesos como parte de la deuda histórica, pero luego se borró y a los trabajadores nadie nos pagó nada”.

Este año
“Desde ese momento, estamos en una situación de abandono total, han pasado otros jueces por la causa, como Gustavo Ríos que nos amenaza diciendo que va a suspender el concurso de acreedores, luego se excusa y el expediente vuelve a Sodero, que vuelve a excusarse hasta que la causa cae en manos del juez Dávila”, relató.

Ahora, explicó Farieri: “Luego de que se excuse también Dávila, la causa volvió a Sodero, quien después de tomarse 10 días de licencia debe declarar la quiebra de la empresa, y esa licencia se cumple el lunes (mañana)”. Y concluyó: “Esperamos que la situación se encauce y tengamos alguna respuesta, que hasta ahora no obtuvimos”.

Hace un mes, un hombre de 32 años, ex empleado de la empresa Naranpol, amenazaba con arrojarse a la laguna Setúbal desde el Puente Colgante, en Santa Fe.

El sujeto que fue identificado luego por la policía como Leonardo Gasman, se trepó a la antena oeste del Puente Colgante y luego se condujo por la altura por los cables tensores donde permaneció entre las 8.30 y 11.20.

Durante las horas en las que amenazó con arrojarse del puente, el hombre fue contenido por la policía, que le gestionó una entrevista en la Justicia para que pueda expresar su situación social.
Una vez en tierra, Gasman fue conducido hacia los Tribunales santafesinos donde fue atendido por la jueza de la Cámara de Apelaciones Civil Nº 3.

En la Legislatura
Hace 10 días, el diputado provincial justicialista Marcelo Picardi, presidente de la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados de la provincia, acompañado por otros miembros de la misma, se reunió con el empresario Carlos De los Santos, nuevo propietario de la empresa Productora Alimentaria SA.

Según manifestó el legislador, la intención fue tratar de “solucionar de alguna manera el problema y, por supuesto, contemplar principalmente la situación de los trabajadores que quedaron en la calle”.
“Estuvimos charlando con él, como del mismo modo lo venimos haciendo con los trabajadores, para saber cuál es la situación de la empresa, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como desde la óptica de este empresario que, por distintos motivos, desde la compra que hizo de la empresa Naranpol, no ha podido ponerla en marcha todavía”.

“Nuestra idea es seguir avanzando en el tema con el objetivo de, en lo posible, solucionar de alguna manera este problema, contemplando principalmente la situación de los trabajadores que, como todos sabemos, han quedado en la calle y sin sus puestos de trabajo”, concluyó Picardi.

Un proyecto
Por su parte, a fines de junio pasado, el diputado provincial del PJ Avelino Lago presentó un proyecto de ley que propone expropiar el predio industrial de Productora Alimentaria.

La expropiación en cuestión se plantea bajo el concepto de “uso temporal” y se encuadra bajo el entendimiento de que el proceso concursal –en trámite en la Justicia santafesina– está pronto a culminar y puede tener como desenlace la quiebra. A su vez, se contempla que existe una cooperativa que, en una primera instancia, reuniría las condiciones legales para hacerse cargo “temporalmente” de la empresa.

El autor del proyecto, fundamentó al respecto que “la ley de apropiación de uso temporal establece que las cooperativas de trabajadores, constituidas y autorizadas a la explotación de un inmueble industrial, al cumplimiento de una cantidad importante de requisitos en el caso que permita, al menos, en la instancia de una eventual quiebra de la empresa coronar en una correcta explotación de parte de la cooperativa de trabajadores, por lo menos por el término de dos años”.

El amague
En mayo de este año, los empleadores se comprometieron a la cancelación de las deudas con los trabajadores en cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 152/91 (por el cual debía incluirse también el pago de diferencias salariales).

Se reincorporaría a los trabajadores despedidos al tiempo que se acompañaría al gremio y a los trabajadores a la gestión del Repro y “reconoce la deuda proclamada por los trabajadores y ofrece abonarla en 18 cuotas iguales y consecutivas”.

El acuerdo rubricado preveía además “la apertura inmediata de la empresa, previo reacondicionamiento de las máquinas, en un plazo no superior al 4 de junio del 2012”. La empresa nunca cumplió. 

SANTA FE: Marchan a buen ritmo las obras de iluminación en Villa del Parque

En el marco del Plan Urbano Integral del Oeste, el intendente José Corral observó la evolución de los trabajos de alumbrado público que se llevan a cabo en 16 cuadras del barrio. Las tareas iniciaron hace poco menos de un mes, demandaron una inversión que ronda los 360 mil pesos y están a cargo de la empresa Electromecánica Tacuar SRL.

Acompañado por vecinos de la zona y funcionarios municipales, el intendente José Corral supervisó el avance de las obras de iluminación que se llevan a cabo en un sector de Villa del Parque. En la zona se instalarán 34 columnas tubulares de acero de 7,5 metros con artefactos lumínicos con equipos y lámparas de sodio de alta presión de 250 W.

En las 16 cuadras donde se colocarán estos artefactos ya se hicieron las bases y se instalaron las primeras columnas en calle Centenera. También se dispondrán en las calles Liberación entre Centenera y Vías del Ferrocarril Belgrano; Justicia entre Centenera y Vías del Ferrocarril Belgrano; Cristo Obrero desde Pasaje Mitre a Padre Catena; y Centenera desde Presidente Perón a Cap. Giacchino.

“La iluminación es importante por la seguridad, pero además mejora la calidad de vida de los vecinos. Un barrio iluminado es un barrio más seguro, más confiable y permite apropiarse del espacio público de noche”, consideró el mandatario local tras la recorrida en la que estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas y Recursos Hídricos, Roberto Porta; el subsecretario de Obras Urbanas, Marcelo Alico; y el coordinador del Distrito Oeste, Horacio Centurión, entre otros funcionarios, además de integrantes de la vecinal Villa del Parque y residentes de la zona.

Los trabajos comenzaron hace cerca de un mes y están a cargo de la empresa Electromecánica Tacuar SRL, quien presupuestó ejecutarlos en casi 360 mil pesos tras ganar una licitación pública que se realizó en julio. El año próximo, estas obras se replicarán en avenida Presidente Perón desde el Parque Juan de Garay hasta el Cementerio Municipal.

Hacia una mejor calidad de vida

Estas obras que se realizan hoy en Villa del Parque forman parte del Plan Urbano Integral del Oeste, que también involucra a los barrios Villa Oculta, Barranquitas Oeste, Unión, Progreso y Libertad de Barranquitas, y Barranquitas Sur. Por lo tanto, se suman a los trabajos que se desarrollan en Barranquitas de cordón cuneta; limpieza y construcción de desagües; y el cierre, con la creación de una calle, de la trama urbana en el oeste para evitar la ocupación de los reservorios, entre otras acciones que, remarcó el Intendente, “ya comienzan a mejorar la calidad de vida y se realizan con la idea de llevar la totalidad de los servicios elementales a los vecinos”.

Para este sector de la capital provincial, además de la construcción del Jardín de Infantes que se lleva cabo sobre calle Iturraspe, está prevista la ampliación de la red de cloacas, obra que se ejecutará en “el transcurso de esta gestión a fin de que este servicio llegue a toda la ciudad”.

Asimismo, a raíz del temporal que tuvo lugar días atrás y que afectó principalmente el oeste de la capital provincial “el Municipio se encuentra mejorando el acceso a la zona para conectar los barrios del sur con los del oeste” y se acordó “con la Dirección de Vialidad Nacional y el concesionario de la autopista la apertura de calle Iturraspe para permitir una comunicación más fluida para que se conecte Villa del Parque con Barranquitas Sur y Pro Mejoras Barranquitas. Hay mucho por hacer, pero estamos manos a la obra”, concluyó José Corral.

SANTA FE: "No sabemos dónde está. Cuando lo detengan, de acuerdo al lugar donde eso se produzca, resolveremos donde será indagado"

Escueto pero claro, el juez federal Carlos Vera Barros sintetizó en dos oraciones la situación del ex jefe de la policía Santa Fe, Hugo Tognoli.

La Capital | 

 El juez y la fiscal federal Liliana Bettiolo esperaron en vano ayer en los tribunales de Alvear al 900 al depuesto jefe de la policía santafesina. Tognoli renunció el viernes por la mañana tras hacerse pública una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la que se lo vinculaba a narcotraficantes. Por la tarde desde el juzgado federal 3 se emitió una orden para su "inmediata detención". A partir de ese momento se mantiene prófugo.

La inesperada situación provocó perplejidad general y acentuó la incomodidad en el gobierno provincial que ayer hizo silencio ante la situación. Frente a la no comparecencia, el juez Vera Barros dio instrucciones para que Tognoli no pueda salir del país y pidió que se lo busque dentro y fuera de la Argentina.

También se le bloquearon sus cuentas bancarias y se emitieron oficios a organismos tributarios, como Afip, y registrales —automotores y propiedades— para conocer la situación patrimonial del ex jefe de la policía santafesina. Por paradoja los mismos hombres que Tognoli comandó hasta el viernes por la mañana desde ayer recibieron orden de buscarlo, ahora dirigidos por el comisario general Cristián Sola.

Fuentes tribunalicias indicaron que en el Juzgado Federal 3 "no hay constancias de quien es el abogado defensor de Tognoli, por lo que no pudo haber ningún tipo de contactos". El representante del ex jefe policial es Eduardo Jauchen, catedrático de la Universidad del Litoral, que tuvo entre sus defendidos al fallecido monseñor Edgardo Storni y a Mario Fendrich. Jauchen no pudo ayer ser localizado por este diario.

A Tognoli lo buscaron el viernes por la tarde en la ciudad de Santa Fe. Efectivos de la PSA fueron a su casa y a las oficinas de 1ª Junta al 2800, donde funciona el Ministerio de Seguridad. En ambos lugares quedaron efectivos de consigna. Con el correr de las horas allegados a Tognoli y los que fueran sus camaradas comenzaron a manifestar "máxima preocupación" ya que nadie se podía comunicar con él. "Es obvio que si usara su celular delataría su posición", explicó una fuente allegada a la pesquisa. Su ausencia, se especulaba, era para evitar la ingrata imagen de aparecer como detenido ante la prensa que lo esperaba.

La acusación. La orden de detención que se emitió el viernes por la tarde era clara. "Deberá proceder a la inmediata detención de Hugo Damián Tognoli, con el objeto de ser trasladado a la sede de este Juzgado a fin de recibirle declaración indagatoria el día 20 de octubre a las 9.30", firmado Carlos Vera Barros, juez federal.

Y en los tribunales federales se dieron cita todos los actores. Bien temprano llegaron el juez, la fiscal Bettiolo, el comisionado general y referente del área de Delitos Complejos y Antinarcóticos de la PSA, Fernando Telpuk. Pero el comisario Hugo Tognoli no se presentó. A las 12.45, el juez Vera Barros dejó los tribunales y diez minutos más tarde hicieron lo mismo los hombres de la aeroportuaria.

La causa que marcó el final de Tognoli al frente de la policía santafesina comenzó a gestarse hace un año, cuando ante diversas irregularidades de jefes policiales detectadas en investigaciones de narcotráfico y trata de personas, se abrió el expediente 282/12A para investigarlas.

Inicialmente se lo caratuló "Sumario Investigación ley 23737 (conocida como la ley de drogas). Investigación preliminar" y quedó en manos del juez federal número 3, Carlos Vera Barros, y comenzó a ser investigado por la fiscal Liliana Bettiolo, quien subroga ese cargo en la Fiscalía 2ª.

En Villa Cañás. La funcionaria, ante la calidad de los sospechosos, decidió convocar a pesquisas de la PSA. Entre los datos que se acumularon y se investigaron hubo dos causas que apuntaban a Tognoli, entonces Director General de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas).

En uno de los expedientes, un comisario mayor de la policía provincial le dice al dueño de un prostíbulo de Villa Cañás en un mensaje de texto que para vender cocaína en su local debe pagarle 30 mil pesos mensuales a Tognoli y abastecerse con el proveedor local, Carlos Andrés Ascaíni.

   La otra se refiere a un intento fallido de detención de los PSA contra el vasco Ascaíni el 25 de noviembre de 2011 en la casa del sospechoso en Villa Cañás. En ese contexto, según la denuncia, Tognoli con su clave y código personal, habría ingresado al banco de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) para averiguar a quién pertenecían dos autos que estaban tras los pasos del narco. Y luego se los proporcionó a Ascaíni advirtiéndole que quien los perseguía eran de la PSA.

   Ese día cuando los aeroportuarios llegaron a la casa de Ascaíni encontraron un mate recién cebado y una foto suya. Fue 18 días antes de que el gobierno de Santa Fe nombrara a Tognoli jefe provincial.

   Ascaíni, al final, fue puesto preso por los antinarcóticos santafesinos. Ocurrió el 8 de mayo pasado y la detención dio origen al expediente 118/12 del Juzgado Federal 4ª de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque. Esa detención generó un escándalo cuando el traficante, al ser detenido, soltó que sus proveedores eran policías de la ex Drogas Peligrosas y dio nombres. Fuentes de la causa indicaron que pronto Ascaíni sería desvinculado.

   “Cuando fui jefe de Drogas Peligrosas yo mismo ordené una investigación contra Ascaíni que llevó adelante el jefe de la Brigada de la Unidad Regional VIII”, dijo Tognoli a La Capital el viernes por la tarde antes de pasar a la clandestinidad.

   —¿Pero usted hizo las consultas al RNPA?

   —No. Desde mi cargo yo solicitaba las claves al Registro con el nombre y el documento de cada uno de los jefes y subjefes de Brigadas. Cuando me llegaban, en sobres cerrados, se los daba uno por uno a quien correspondía y les hacía firmar el recibo. Que busquen cuándo gestioné un código para mí y cuándo firme haberlo recibido. Nunca.

“La respuesta que da Tognoli es infantil”, dijo ayer una fuente de la PSA. “Las claves y contraseñas para realizar esa clase de consultas son personales. Es infantil plantear que otro la pudo haber utilizado. También se tiene identificado el IP (el número que identifica a un dispositivo en una red, compatible con un número de teléfono) de la computadora desde donde realizó el pedido. Si esa es su explicación, está más que complicado”, indicó el vocero.

   Como siempre lo estuvo, el destino de Tognoli está en sus manos. Desde hace dos meses los corrillos de pasillo sobre su alejamiento fueron trepando día a día. Pero muy pocos imaginaban que el que fuera jefe de la policía de Santa Fe hasta el viernes se iría por la puerta trasera.

ROSARIO: Sin elecciones desdobladas se pondría en riesgo la boleta única

Docentes, juristas y politólogos debatieron en la Facultad de Ciencia Política de la UNR. El diputado Lacava presentará un proyecto para que se fije una fecha cierta de convocatoria.

La Capital | 

La polémica por las fechas de los comicios de 2013 en la provincia de Santa Fe llegó a una instancia académica. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR fue sede de una jornada de trabajo sobre "boleta única, escenario 2013 y desafíos institucionales en Santa Fe", ante una convocatoria del decano, Franco Bartolacci.

Según lo que se escuchó de boca de los expertos durante las casi 4 horas de encuentro, será muy dificultosa —y de dudosa aplicación— la utilización de la boleta única si los comicios a intendente, presidente comunal o concejal no son desdobladas de las nacionales.

Participaron los constitucionalistas Domingo Rondina y Oscar Puccinelli, el legislador Mario Lacava, Lilia Puig (en representación de la UNL) y docentes de la Facultad anfitriona como Hugo Quiroga, Osvaldo Iazzetta, Gastón Mutti, Lourdes Lodi, Raúl Borello, Gabriela Benetti y Cintia Pinillos. La relatoría estuvo a cargo de Sofía Perotti.

Comenzando por el eje de discusión, referido al desdoblamiento de las elecciones nacionales y provinciales del próximo año, Borello diferenció los abordajes jurídicos, sobre el cual se explayó, de los políticos, que dejó para los referentes de la ciencia política.

Para el profesional, si en Santa Fe quieren hacerse elecciones simultáneas tendrían que realizarse según el sistema previsto por el Código Electoral nacional. Los argumentos residen en la vigencia de una ley nacional (15.262) y de una ley específica en Santa Fe (12.121), que para este docente no fue derogada por la ley 13.156, de boleta única.

Rondina admitió que "con la ley de boleta única se nos pasó la cuestión de la simultaneidad: se nos escapó la tortuga. En este contexto hay que plantearse si esto es inconstitucional, ante la imposibilidad de hacer las elecciones el mismo día (la ley de boleta única bloquea dos días al gobernador para llamar a elecciones porque no es compatible con el sistema nacional). La boleta única está afectando las facultades del gobernador. Por ello, si se quiere simultaneidad de las elecciones habrá que derogar la ley de boleta única y trasladar el tema a la Legislatura".

Puig, señaló que "la fracción política gobernante necesita conquistar poder territorial, y como esto es un problema político, no jurídico, se va a resolver en términos de las voluntades y consensos que se construyan en la Legislatura provincial y en la opinión pública."

Fecha cierta. El diputado provincial Mario Lacava acordó con Puig en que ningún sistema electoral es neutro, y que cuando se pretende cambiarlo siempre hay un interés político que lo está fundamentando.

De todas maneras, destacó que la provincia de Santa Fe viene transitando un proceso de mejora de su sistema electoral con la introducción del sistema de primarias y luego el de boleta única.

El legislador propuso aprovechar el dilema para avanzar en cuestiones importantes que hacen al mejoramiento institucional: por ejemplo, la definición de fechas ciertas para la realización de las elecciones, ya sea estableciendo un plazo o un día específico. "Si se pretende defender la boleta única que se desdoblen las elecciones", dijo, y trazó un ejemplo gráfico: "Una cosa es marcar a quien se quiere votar y otra arrastra una lista con 5 cuerpos". También opinó que habría que derogar todas las leyes provinciales que chocan con la boleta única.

El antes y el después. Retomando lo expuesto por Borello sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los sistemas electorales nacional y provincial y las posibles interpretaciones de la legislación vigente, el constitucionalista Oscar Puccinelli señaló que cuando se legisló la ley 15.262 (año 1959) no existía boleta única en Santa Fe. Y en ese sentido, propuso una interpretación flexible en virtud de la ausencia del fenómeno. Citando a Sagüés, Puccinelli indicó que una norma redactada hace 50 años no podría prever lo que vendría después. "Esa sería la salida", señaló.

Como cierre de la jornada, el decano Bartolacci requirió el compromiso de la dirigencia provincial, "a la que seguiremos convocando desde la Facultad de Ciencia Política junto a académicos, referentes políticos, partidarios y sociales a discutir estos temas con el propósito de construir consensos estratégicos, amplios y participativos para el desarrollo institucional de la provincia de Santa Fe".