En el escrito, el Gobierno
relata lo sucedido en los dos barrios de la Ciudad Capital que fueron
tomados y menciona que el acta acuerdo firmado hace una semana dejó de
tener válidez, por no cumplirse los términos del mismo.
El gobierno de la provincia presentóeste miércoles un escrito ante la
jueza Sandra Valenti -que entiendeen la causa de las usurpaciones-, como
respuesta a un pedido de lamagistrada, que solicitó la realización de
informes relativos a lasituación en los barrios Santa Rita II y Las
Delicias, donde seocuparon de forma irregular los planes habitacionales
de 180 y 84viviendas, respectivamente.
Asimismo, el gobierno ratificó sudecisión de dialogar y resolver la
situación de aquellas familiasque tienen reales necesidades, siempre y
cuando abandonen lasviviendas.
Según informó el secretario de Estadodel Hábitat, Gustavo Leone,
“respondimos al oficio del juzgado queentiende en la causa, informando
sobre lo sucedido en los últimosdías”.
El escrito, presentado en horas de lamañana y firmado por la
directora provincial de Vivienda y UrbanismoAlicia Pino, deja en claro
que “en fecha 4 de abril un gurpo depersonas, que se trasladaban en
colectivos urbanos de la línea 18,usurparon mediante la utilización de
violencia y con el fin deapropiarse, destruyendo cerco perimetral y
forzando las puertas deaquellas viviendas que las poseían, el predio
propiedad del EstadoProvincial, el que se encontraba cercado y con
policía adicionalcomo custodia, encuadrando esta acción en lo tipificado
por elartículo 181 inciso 1° del Código Penal” (delito de usurpación).
Asimismo, el informe indica que elpredio usurpado (el primero de
ellos, de 180 viviendas) presentaba almomento de la ocupaciòn un avance
del 77,31% en el rubro vivienda ydel 32,7% en infraestructura, por lo
que las viviendas no seencuentran en condiciones de habitabilidad. "En
cuanto a lasmedidas de seguridad, desde 2009 a la fecha, la dirección
deVivienda y Urbanismo se encuentra abonando adicionales por
guardapolicial, mientras se avanzaba con los trámites de rigor
pararetomar la conducción de la obra", prosigue el escrito.
El acta original, caído
Más adelante, Pino relata que luego detomar conocimiento de la
usurpación, la DPVyU formuló la denunciapertinente, concedió audiencia a
los usurpadores y mantuvo reunionescon el Ministerio de Seguridad.
"En tal sentido se suscribió unacta en fecha 4 de abril, con el
único objetivo de lograr ladesocupación de las viviendas y de este modo
hacer cesar los efectosdel accionar ilícito", reza el escrito, para
luego afirmar que"en el transcurrir de ese día se verifica la
consolidación dela usurpación, mediante el arribo de más ocupantes,
muebles,conexiones clandestinas de luz y agua, valiéndose de un abuso
deconfianza derivado del desconocimiento de lo acordado, noverificándose
voluntad de desocupación pacífica de las viviendas,sino que se agravó
la situación, lo cual dio origien a que la DPVyUtuviera por decaída el
acta acuerdo, por el incumplimiento de losocupantes".
Diferentes situaciones
Por otro lado, Leone sostuvo que"sabemos de las reales necesidades
de muchas familias, quefueron utilizadas políticamente por la CCC.
Queremos decirle a estasfamilias que estamos dispuestos a dialogar y
encontrar juntos unasolución, pero siempre y cuando devuelvan los bienes
que son detodos".
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