STA FE: Habrá audiencia pública para debatir el aumento en las tarifas de agua

El Gobernador Antonio Bonfatti se manifestó a favor. El responsable del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Oscar Pintos, dijo que el organismo a su cargo aún no fue notificado formalmente de la suba por parte del Ministerio de Aguas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, por lo cual no están en condiciones “técnicas” de llamar a audiencia pública hasta ser notificados del caso.

Habrá audiencia pública para debatir el aumento en las tarifas de agua. Así lo aseguró el gobernador Antonio Bonfatti en la mañana de ayer, durante la inauguración del vitral “Santa Fe, Cuna de la Bandera y la Constitución Argentina” en casa de Gobierno.

Los aumentos, que también afectan al servicio eléctrico, fueron anunciados el viernes pasado en una conferencia de prensa por Alberto Daniele, titular de Aguas Santafesinas SA (Assa), y Daniel Cantalejo, director de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Ayer, el responsable del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Oscar Pintos, dijo a El Ciudadano que el organismo a su cargo aún no fue notificado formalmente de la suba por parte del Ministerio de Aguas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, por lo cual no están en condiciones “técnicas” de llamar a audiencia pública hasta ser notificados del caso.

El anuncio de los incrementos de tarifas de EPE y Assa fue seguido por críticas desde diversas organizaciones de defensa al consumidor, de la Cátedra Libre del Agua, directores del Enress, como también de legisladores locales y provinciales.

Los incrementos anunciados son del 22% en el caso de la EPE (a cargarse 13% en abril y 9 en octubre) y del 25% para Assa (15% en junio y 10% en octubre).

Uno de los principales cuestionamientos que recibió Assa es que no hay relación entre las subas que se dieron en los últimos cuatro años con la magnitud de inversiones públicas realizadas para mejorar la calidad del servicio. “La empresa hizo rangos para efectivizar los aumentos y algunos tuvieron un alza de más del 400 por ciento como en los casos de conexión y reconexión. Pero no hace falta tomar esos cambios sino ir a la familia tipo, la de clase media, que es rango tres y que subió un 300 por ciento entre octubre de 2008 a octubre de 2012”, detalló Alberto Muñoz, miembro del directorio de Enress que además se desempeñó como máximo titular de ese organismo hasta mediados de 2012.

Según el funcionario el aumento del año pasado fue del 82 por ciento, lo que provocó una recomposición “drástica” de la tarifa. “Pero el problema es que esa recomposición tarifaria no fue acompañada por una mayor inversión del Estado sino más por una deserción respecto a lo que tenía que invertir en el sistema”, enfatizó. Además, destacó que hay que tener en cuenta que no se trata de simples números. “Estas cifras representan a gente de diferentes lugares como Cabín 9, algunos barrios del sur de Rosario o de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez que no tienen agua por semanas; representan a problemas de calidad en Cañada de Gómez o Rufino y representa que no se avance en las obras de la nueva planta de Granadero Baigorria. Son cosas concretas que traen consecuencias graves en los servicios”, puntualizó.

Falta de respuestas

Si bien el gobernador se mostró favorable a realizar la audiencia pública para analizar los motivos y aplicaciones de los posibles aumentos en las tarifas de agua, lo cierto es que quien debe realizar el primer paso formal para la constitución del encuentro es el Ministerio de Aguas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, a cargo de Antonio Ciancio, luego de que Assa le informe de la decisión y motivos de la subas. Sin embargo, al cierre de esta edición, este diario no logró comunicarse con esa cartera.

Enress, por su parte, se enteró de la decisión de Assa por los medios de comunicación, según explicó Pintos.

No obstante, el aumento es inminente pero para ello habrá que esperar que el Ministerio de Aguas lo informe a Enress para así poder convocar a una audiencia. “No es una actividad ociosa la que proponemos. De los dos encuentros que se hicieron se obtuvieron cambios ventajosos en relación a la propuesta inicial de Assa”, destacó Pintos, en referencia a las audiencias públicas realizadas en 2010 y 2012. “En la primera se eliminó la tarifa plana mediante la instauración de cinco bandas de consumo (o rangos de usuarios), y en la segunda se logró que el aumento tan importante del año pasado fuera progresivo. Además le solicitamos a la empresa que realizara un plan de micromedición con la colocación de 20 mil medidores anuales, aunque hasta septiembre de 2012 no habían llegado ni a la mitad de esos valores”, finalizó.

Cátedra del Agua

El titular de la Cátedra Libre del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Aníbal Faccendini, brindó una conferencia de prensa ayer por la tarde en la que expresó su rechazo al aumento propuesto por Assa e instó a que “el manejo del agua” pase a manos estatales. “Por el bien de la ciudadanía se necesita que la empresa tenga los suficientes recursos económicos para que sea eficiente y eficaz pero con recursos que deben provenir del presupuesto provincial y no de las tarifas”, destacaron desde la Cátedra del Agua.

“Por ello, rechazamos el aumento porque no da respuestas a los problemas estructurales del manejo estatal del agua, y porque el incremento que quieren aplicar no condice con lo que necesita la gente, que es que el acceso al agua y al saneamiento se respete como un derecho humano esencial”, finalizó.

La EPE sigue sin regulación

En el caso de la Empresa Provincial de la Energía, donde también habrá incrementos en las tarifas, la situación es diferente a la de Assa porque la empresa estatal carece de ente regulador. En la actualidad hay un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia, y que propone la creación del Ente de Control del Servicio Eléctrico Provincial. Pero espera el OK del Poder Ejecutivo para ser tratado en sesiones extraordinarias en la Cámara alta. De esta manera, y si el Ejecutivo lo avala, el tratamiento se adelantaría tres meses, debate que muchos –tanto diputados, como senadores y organizaciones por los derechos del consumidor– consideran imprescindible. El proyecto en cuestión pertenece al diputado por el Partido Justicialista, Mario Lacava, y su principal objetivo será “ejercer un auténtico control sobre la empresa estatal de energía eléctrica”, que actualmente no tiene injerencia externa.