Así lo manifestó el Legislador por el Departamento La Capital, Hugo Marcucci, mostrando su total desacuerdo en cuanto a la reforma propuesta por el Gobierno nacional para la selección de los integrantes del Concejo de la Magistratura mediante el voto popular.
“Busca romper el equilibrio de fuerzas dentro de dicho cuerpo, y lo que es más grave, afecta la independencia de los jueces, al tener que buscar apoyos partidarios para ser elegidos”, expresó Marcucci. Además, remarcó que intentará que una mayoría circunstancial controle un ámbito institucional, y que el Ejecutivo impondrá sus mayorías para designar jueces leales y remover a aquellos que no se alineen dentro del Poder Judicial.
Consultado por el rol del Concejo de la Magistratura, el Senador departamental manifestó que prevé administrar todos los recursos y fijar los salarios del Poder Judicial de la Nación en un claro intento de disciplinamiento.
Por otro lado, Marcucci opinó que la creación de Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social, impone a los particulares una tercera instancia hacia el reconocimiento de sus derechos, tornándose un proceso interminable.
Por último, y en relación a la limitación temporal de las medidas cautelares contra el estado a seis meses y a tres en algunos casos, el ex Diputado provincial arrojó: “Resulta un liso y llano avasallamiento de los derechos ciudadanos. El dictado de medidas cautelares por parte de un juez, responde a la verificación de ciertos requisitos de procedencia que debe evaluar, y no todos los procesos son iguales, existen distintas vicisitudes procesales y de prueba que hacen que deba extenderse más de lo querido y para no alterar la posición de las partes en litigio o asegurar el resultado de la sentencia final, es preciso mantener vigente una medida cautelar.”
Finalmente, Marcucci concluyó que los resultados adversos obtenidos por el Estado Nacional en distintas causas de conocimiento público motivaron el espíritu de la reforma, y que la aprobación de estos proyectos seguramente serán recordados por la ausencia de debate en el parlamento, como así también con los distintos actores de la sociedad involucrados, constituyendo el proceso un claro atropello a la independencia del Poder Judicial.
Consultado por el rol del Concejo de la Magistratura, el Senador departamental manifestó que prevé administrar todos los recursos y fijar los salarios del Poder Judicial de la Nación en un claro intento de disciplinamiento.
Por otro lado, Marcucci opinó que la creación de Cámaras de Casación en lo Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social, impone a los particulares una tercera instancia hacia el reconocimiento de sus derechos, tornándose un proceso interminable.
Por último, y en relación a la limitación temporal de las medidas cautelares contra el estado a seis meses y a tres en algunos casos, el ex Diputado provincial arrojó: “Resulta un liso y llano avasallamiento de los derechos ciudadanos. El dictado de medidas cautelares por parte de un juez, responde a la verificación de ciertos requisitos de procedencia que debe evaluar, y no todos los procesos son iguales, existen distintas vicisitudes procesales y de prueba que hacen que deba extenderse más de lo querido y para no alterar la posición de las partes en litigio o asegurar el resultado de la sentencia final, es preciso mantener vigente una medida cautelar.”
Finalmente, Marcucci concluyó que los resultados adversos obtenidos por el Estado Nacional en distintas causas de conocimiento público motivaron el espíritu de la reforma, y que la aprobación de estos proyectos seguramente serán recordados por la ausencia de debate en el parlamento, como así también con los distintos actores de la sociedad involucrados, constituyendo el proceso un claro atropello a la independencia del Poder Judicial.
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