Los ministros del máximo tribunal mantuvieron un encuentro fuera de agenda para analizar en detalle los proyectos de ley elaborados por el Ejecutivo. Inquieta en los magistrados las nuevas facultades que tendría el Consejo.
De convertirse en ley el proyecto del oficialismo, el Consejo de la Magistratura quedará facultado para nuevas atribuciones como la administración del Poder Judicial; fijar la política salarial; manejar el presupuesto y decidir sobre el personal judicial.
Frente a este escenario, que podría concretarse debido al rápido tratamiento que le está dando el oficialismo a los textos de ley sin introducir ningún cambio, los ministros de la Corte Suprema “están preocupados porque sospechan que las reformas que pretende introducir el Gobierno en la Magistratura apuntan directamente a vaciar de poder al máximo tribunal”, publica el diarioLa Nación.
Los magistrados mantuvieron ayer una reunión por la mañana, a puertas cerradas y fuera de su agenda habitual, donde se puso especial énfasis en las enmiendas al Consejo de la Magistratura. A la cita acudieron los siete jueces que integran el alto tribunal: Ricardo Lorenzetti; Elena Highton; Carlos Fayt; Juan Carlos Maqueda; Enrique Petracchi; Carmen Argibay, y Raúl Zaffaroni.
Debatieron durante una hora y todos coincidieron en el análisis que hacen de los proyectos de reforma judicial enviados por la presidente Cristina Kirchner al Congreso, afirmó el matutino, aunque ninguno de los jueces se pronunció públicamente al respecto, y tampoco lo harán, según anticipó el martes el presidente de la Corte.
Lorenzetti explicó que adoptaron esa actitud para evitar ser recusados cuando les toque intervenir en una causa. No obstante, trascendió que estarían muy preocupados por las transformaciones que tendrán las nuevas normas dado que la Corte seguirá siendo el tribunal más alto y el que tiene la última palabra a la hora de dictar fallos, pero no tendrá las facultades de manejar el presupuesto, el personal y temas de superintendencia.
Por otro lado, los jueces de primera instancia y los integrantes de las cámaras de apelaciones también “sienten temor”, según La Nación, porque el nuevo Consejo podrá conformar ternas de jueces y removerlos por mayoría absoluta, sin el requisito de una mayoría agravada que todavía obliga al Gobierno a buscar consenso con la oposición a la hora de decidir sobre el destino de un magistrado.
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