El Instituto Internacional de la Prensa presentó su informe sobre la libertad de expresión en Ecuador. El país “está en medio de una crisis”, alertó la organización.
“El Gobierno de Correa ha promovido un ataque público desde varios frentes contra los medios privados. Sin embargo, es el pueblo ecuatoriano quien está pagando el precio, ya que su derecho a recibir información independiente está siendo amenazado”, advirtió.
El informe, de aproximadamente 30 páginas, detalla las estrategias del gobierno de Rafael Correa para entorpecer la actividad de los medios de comunicación privados como “la elaboración de proyectos legales diseñados para debilitar a los medios de comunicación independientes y el uso sistemático de un discurso ofensivo—difundido públicamente a través de los medios de comunicación del Gobierno—para empañar la reputación de periodistas críticos, editores y grupos que trabajan por la libertad de prensa”.
El informe, además, alerta sobre problemas recurrentes en otros países como Venezuela que se replican en Ecuador como el frecuente abuso de las “cadenas” — discursos presidenciales que las estaciones de radio y televisión deben transmitir y que son frecuentemente utilizadas por el Gobierno para silenciar o distorsionar la crítica-; el hecho de que el Gobierno controle los medios de comunicación incautados que había prometido vender; la falta de voluntad de diálogo por parte de los medios—privados y públicos—y el Gobierno; y la palpable sensación de miedo y resignación entre los periodistas y en las salas de redacción, situación que ya está generando autocensura.
El último caso resonante fue el de Janet Hinostroza, la conductora de un noticiero televisivo que recibió una llamada anónima tras difundir presuntas irregularidades en una entidad estatal y anunció en vivo que renunciaba.
La investigación incluía información sobre supuestas anomalías en la entrega de un préstamo, por parte de un banco estatal, a una persona supuestamente ligada al primo de Rafael Correa y presidente del Banco Central, Pedro Delgado.
El documento presentado por el IPI l criticó dos leyes aprobadas recientemente: la llamada “Ley Antimonopolio” y las reformas a ley electoral. “La primera parece restringir la capacidad de los medios independientes de incrementar su capital, mientras las reformas limitan de informar debidamente a los votantes”, revela el texto.
El IPI exhortó a los medios a “valorar el periodismo ético y a instaurar sistemas de autorregulación efectivos como herramientas para lograr una mayor credibilidad. Asimismo, el informe exhorta al Gobierno a cesar su confrontación con los medios; a garantizar que la prensa sea consultada para la redacción de los proyectos de ley que les afectan directamente; a eliminar todas las leyes que penalizan la difamación; y a desarrollar mecanismos que garanticen—y no pongan en peligro—al periodismo independiente”.
Correa mantiene una persecución de la prensa a la que acusa de querer desestabilizarlo en favor de poderosos grupos afectados por su gestión. El presidente, de hecho, considera a los medios de comunicación como su principal enemigo.
La ONG Fundamedios denunció que en los últimos meses, seis empresas de "línea editorial crítica" fueron cerradas por la Superintendencia de Telecomunicaciones. La ONG mantiene una tensa relación con el Gobierno ecuatoriano, que la acusa de hacer activismo político a favor de los grandes medios y de ser informante de los Estados Unidos.
El director y fundador de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte, en diálogo con América Directo, aseguró que el presidente de Ecuador representa “los más añejo y caduco de la política de América Latina el caudillismo”.
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