El Gobierno anunció la contratación de un
consultor externo para hacer la iniciativa y asomaron críticas por el gasto que
ello implicaría. No obstante, se elaborará con un crédito no reintegrable.
Según información oficial aportada por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente “el proyecto que se presentará ante del CFI (Consejo Federal de Inversiones) no implica un endeudamiento, ya que el pedido de financiamiento de la consultoría para establecer un Ente Controlador del Servicios Eléctrico en la provincia de Santa Fe se hace en el marco de los programas y acciones que desde el organismo federal se tienen previsto para las provincias”.
Es decir que no es un crédito, el dinero recibido no se deberá reintegrar. De hecho, se explicó que “el CFI recibe aporte de todas las provincias de la República Argentina y su objetivo es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias por medio del financiamiento de diferentes tipos de proyectos, entre los cuales se incluiría el de consultoría antes mencionado”.
De esa manera, el gobierno de Antonio Bonfatti descartó que el nuevo esquema del servicio eléctrico conlleve un costo económico para la provincia, como sí puede ocurrir con otros tipos de consultorías. La aclaración no es en vano, pero la crítica de entidades que defienden a los consumidores no sólo radica en la cuestión del gasto sino también en quiénes estarán a cargo del diseño del proyecto.
Al respecto, el Cesyac remarcó que el hecho de contratar a una consultora para que realice el marco regulatorio muestra que el ministro de Aguas, Antonio Ciancio, “desprecia la participación ciudadana de las entidades de defensa del consumidor”. Y se recordó que el funcionario ya demostró esa actitud “con las audiencias convocadas por el Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) durante el debate de la tarifa del agua”, donde no se tomaron en cuenta las opiniones ni las sugerencias surgidas de las reuniones.
Por lo pronto, la idea de la Casa Gris es que el marco regulatorio esté sancionado antes de que finalice la actual gestión del Frente Progresista. Y entre las ideas núcleo figura incorporar los derechos de los usuarios, el régimen de resarcimiento frente a los cortes de luz y la lógica de las audiencias públicas para evaluar los aumentos de tarifas. Fue en ese contexto que el ministro Ciancio solicitó al CFI un préstamo para desarrollar el trabajo.
Además, para evitar cualquier tipo de suspicacias, aunque algunas ya se tejieron en la Legislatura, el funcionario del Ejecutivo remarcó que “la prioridad” para la elaboración del marco regulatorio la tendrán las tres universidades públicas con asiento en la provincia: la Nacional del Litoral (UNL), la Nacional de Rosario (UNR) y las delegaciones de la Tecnológica Nacional (UTN).
No obstante, se explicó que “está la opción de llamar a licitación y abrir el juego a las consultoras privadas, pero siempre se prioriza a las universidades públicas”. Precisamente, un objetivo central de la consultoría es “saber con precisión desde dónde partimos, cómo está funcionando la EPE (Empresa Provincial de la Energía) y hacia dónde podemos aspirar a llegar en el corto, mediano y largo plazo”, dijo.
Resarcimientos a clientes
El diputado provincial justicialista, Héctor Acuña, consideró incongruente que mientras el gobierno de Santa Fe anuncia la intención de crear un ente de control para la EPE, aún no resolvió el resarcimiento para aquellos usuarios “que sufrieron innumerables cortes y siete aumentos en la tarifa de la energía eléctrica en el último tiempo”.
“La EPE tiene que resarcir al usuario por los cortes en el suministro de la energía eléctrica, conforme al artículo 30º de la ley de Defensa del Consumidor y al artículo 42º de la Constitución Nacional, no a la medida del gobierno provincial. No se gobierna con anuncios en los medios de comunicación, sino con hechos y acciones concretas que, en este caso, no se han respetado”, indicó.
“Nosotros –continuó– estamos planteando que el gobierno provincial, más que declamar, cumpla. Y, digo esto, porque en el mes de febrero del corriente año presentamos un proyecto de comunicación por el cual le planteábamos a la provincial que, efectivamente, aplique un resarcimiento serio, conforme a derecho y al sentido común, a los usuarios del servicio de energía eléctrica que sufrieron cortes en dicho servicio”.
“En ese sentido, y en función de los siete aumentos en la tarifa eléctrica y los múltiples cortes que sufrió el usuario del servicio en el verano pasado, solicitábamos a través de ese proyecto de comunicación que el último aumento aplicado por la EPE debía ser devuelto. Ese proyecto de comunicación se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados como respuesta política del Cuerpo al gobierno provincial”, agregó Acuña.
“A pesar de eso, ahora vemos con sorpresa que el gobierno en los últimos días está planteando la creación de un ente de control para la EPE y, al mismo tiempo, expresa que el marco regulatorio debe establecer un resarcimiento a los usuarios por los cortes en el servicio de energía eléctrica. Espero que este resarcimiento que el gobierno provincial intenta plantear no sea el mismo que en su momento hizo a medida, que era por corte de nueve horas o tres cortes de más de tres horas, siempre que estuviesen programados, faltándole el respeto a la gente ofendiendo la inteligencia del contribuyente y usuario”, criticó.
Frente a esa situación, Acuña remarcó: “Creo que la EPE, necesariamente, debe tener establecido un resarcimiento al usuario conforme a derecho, pero espero que el gobierno provincial comprenda que no se gobierna con anuncios en los medios de comunicación, sino con acciones y hechos concretos que, en estos casos, no han respetado”.
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