Critican la decisión judicial de anular beneficios otorgados a represores

Familiares de Eduardo Ramos -uno de los represores condenados por delitos de lesa humanidad- expresaron su disconformidad con el fallo de la Sala de Casación Penal que anuló el beneficio de las salidas transitorias otorgadas a fin de 2011.

 Un grupo de familiares de Eduardo Ramos se acercó a nuestra redacción para dar a conocer sus opiniones ante la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el 16 del corriente el otorgamiento de salidas transitorias para tres condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe. La medida restrictiva afectó, además de Ramos, al ex juez federal Víctor Hermes Brusa y la ex carcelera de la Guardia de Infantería Reforzada, María Eva Aebi.

Cabe recordar que el 22 de diciembre de 2009 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Roberto López Arango, Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna, condenó a Brusa y cinco ex policías a penas que van de los 19 a 23 anos de prisión y, en estos tres casos, como la sentencia fue apelada y no estaba firme, la Justicia les concedió, el 29 de diciembre de 2011, el beneficio de las salidas transitorias por el tiempo que llevaban detenidos en prisión preventiva.

Ante la decisión adoptada ahora por la Sala de Casación Penal los familiares y allegados a Eduardo Ramos señalaron que “resulta llamativa la celeridad en la decisión judicial” y que “los detenidos pasaron a ser presos políticos porque el accionar de la Justicia va más allá, hasta convertirse en una persecución”.

En pocas horas

Explicaron que quedaron “sorprendidos” por la celeridad con la que la Sala trató la anulación de las salidas transitorias que el fiscal Martín Suárez Faisal había recurrido cuando se conoció el beneficio a fines del año pasado: “El expediente llegó a la reunión previa de la Sala de Casación Penal el día 15 y el 16 dio a conocer su fallo. Es llamativa la rápida decisión cuando tenía 10 días para resolver (el pedido del fiscal)”.

“Sentimos que algunos cuerpos judiciales actúan más como una escribanía que como órganos independientes. Por eso decimos que ellos pasaron a vivir una persecución y no un proceso judicial y que Eduardo Ramos es un detenido político”.

Agregaron luego que “las condiciones no son las mismas por las que atraviesan los presos comunes. No tienen taller (en la cárcel de Las Flores) y tampoco los dejaron estudiar. En el caso de Eduardo primero intentó cursar en la Universidad Nacional del Litoral y se lo negaron. Luego había acordado hacer un profesorado de Letras y Literatura en un instituto privado, pero las autoridades del Servicio Penitenciario tampoco accedieron y dieron diferentes argumentos”.

Los familiares de Ramos puntualizaron luego que “estamos también en abierto desacuerdo con los fundamentos de la Sala ya que señala, al anular las salidas transitorias, el supuesto ‘peligro de fuga’. En realidad el beneficio comenzó a fines del año pasado pero limitado a 24 y 48 horas alternadas cada 15 días. Y eran con arresto domiciliario. No podía salir ni a la vereda. ¿cómo se iba a fugar?”, se preguntaron.

También objetaron el “entorpecimiento de la investigación” que la Sala apuntó como fundamento. “Sostenemos que eso es imposible, ¿cómo va a haber entorpecimiento cuando ya hay sentencia? El cómputo doble se hizo por el tiempo en que la sentencia estuvo apelada pero no lo reconocen. Además hablan de dos causas más, pero en esas está en libertad”, expresaron.