El secretario de Derechos
Humanos, Horacio Coutaz; el director del Programa de Protección de
Testigos, Daniel Boccoli, y el comisario a cargo de la Unidad
Especial de Protección de Testigos y querellantes de la provincia, Omar
Odriozola, mantuvieron ayer en Reconquista una reunión con el
equipo del Programa de Protección de Testigos y Querellantes, organismos
de derechos humanos, y testigos y querellantes de la causa Gil, que
comienza el 12 de julio en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de
Santa Fe.
Coutaz con con organismos, testigos y querellantes de la causa Gil
Durante el encuentro se analizaron temas relacionados con
la causa, las audiencias y las medidas de protección a testigos
y querellantes. La causa Gil es la primera que
investiga delitos cometidos en Reconquista y además,
por primera vez en la Argentina es llevado a juicio un imputado
por amenazas a testigos y funcionarios judiciales en el marco
de investigaciones por delitos de lesa humanidad.
LA CAUSA GIL
El 12 de julio comienza el debate en el Tribunal Oral
Federal de Santa Fe, en el juicio que se sigue a Juan Gil, por
delitos que se habrían cometido en la ciudad de
Reconquista.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
recordaron que se trata de la primera vez en el país que es
llevado a juicio un imputado por amenazas a testigos y
funcionarios judiciales en el marco de investigaciones
por delitos de lesa humanidad (en este caso la causa 50/06,
referida a violaciones a los derechos humanos perpetrados en
esta zona durante el terrorismo de Estado).
La denuncia fue radicada oportunamente por integrantes de
la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, dando
cuenta de la recepción de un correo electrónico donde
se cuestionaba su desenvolvimiento como integrantes de
dicho organismo de derechos humanos, al tiempo que hicieron
referencia a hechos de difamación e intimidación. Los mails
también fueron recibidos por la Fiscalia Federal de
Reconquista y el Consejo Deliberante.
Profesionales de las áreas de salud mental y del derecho, y
los miembros de la Unidad Especial del Programa de Protección
de Testigos en causas de lesa humanidad de la
provincia, brindarán su apoyo y acompañamiento a
querellantes y testigos.
EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS
El Programa de acompañamiento y protección de testigos y
querellantes en juicios de lesa humanidad fue creado por
decreto del ex gobernador Hermes Binner en el ámbito de la
Secretaría de Derechos Humanos. Tiene sedes en las
ciudades de Santa Fe, Rosario y Reconquista, con lo que suma
tres equipos de trabajo con un mismo objetivo, el de brindar
acompañamiento, contención, asistencia y protección.
“Además desarrolló acciones en las provincias de Córdoba,
Entre Ríos, Buenos Aires y Tucumán. Por otra parte, no sólo
brinda seguridad a las personas que pertenecen al programa y
así lo soliciten, sino también sus abogados
patrocinantes y familiares que lo requieran”, indicaron desde
la Secretaría de Derechos Humanos. En 2011 su labor fue
reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Con la implementación del Programa de Protección de
Testigos y Querellantes el Estado asumió el compromiso de
proteger a sus ciudadanos, y particularmente a
aquellos que son testigos, querellantes y patrocinantes,
cuyos aportes revisten fundamental importancia para el avance
de las causas por violaciones a los derechos humanos.
Creado por Decreto Provincial 1927/2008, el Programa
brinda acompañamiento, contención y asistencia jurídica, médica
y psicológica, así como protección física a testigos,
querellantes y a sus abogados patrocinantes en los
procesos penales de competencia federal vinculados a las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas por el Terrorismo
de Estado. Las medidas de protección podrán ser
dirigidas o extendidas a familiares directos, a
personas convivientes y a quienes por su relación inmediata así
lo requieran.
Las medidas de contención incluyen asistencia jurídica,
así como contención, asistencia y tratamiento psicológico o
médico en forma regular por profesionales de los
Servicios Públicos de Salud.
Por su parte, las medidas de Seguridad contemplan el
traslado de personas protegidas, la custodia policial móvil o
domiciliaria y la fijación de domicilio en la sede del
Programa o donde la persona protegida lo indique a los
fines de las citaciones o notificaciones.
La Unidad Especial, que depende directamente del Ministro
de Seguridad, se conformó en 2009 tras un proceso de consultas
con organismos de derechos humanos y la comisión de
derechos y garantías de la Cámara de Diputados de la
provincia. Desde entonces, ha realizado tareas en los siete
juicios por delitos de lesa humanidad ya finalizados en la
provincia, tramitados en los Tribunales Federales de Rosario y
Santa Fe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario