“Tortura con picana eléctrica, submarino seco y vejámenes” a tres jóvenes de la localidad de Florencia, en sede policial, llevó al legislador justicialista y al defensor público provincial, Gabriel Ganón, a presentar un hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para “denunciar los apremios ilegales, dar cuenta de la gravedad de la situación y –sobre todo– preservar a los jóvenes detenidos de cualquier tipo de represalias que pudieran sufrir”.
Cuando todavía resuenan los ecos de la dura acusación contra los policías de la mencionada comisaría, Toniolli reconoció que le llegó una nueva denuncia que involucra a los mismos agentes y la misma dependencia por la que se recurrió a la Corte días atrás. En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, manifestó su preocupación por la reiteración de denuncias sobre apremios ilegales.
En ese contexto, la Coordinadora Contra el Abuso Policial de Reconquista manifestó: “Nos alarma una vez más la constatación de graves abusos policiales. Tanto en Florencia (donde hasta el presidente comunal presentó una denuncia por abusos policiales contra su hijo), como en otras localidades del norte provincial han sido denunciados estos hechos de violaciones a los derechos humanos sin que las instituciones de la provincia den una respuesta adecuada a la gravedad de esta situación”.
“No menos alarmante es la conducta del Poder Judicial ante estos hechos, donde las víctimas de las torturas policiales sufren a la vez, en la mayoría de los casos, la complicidad de los jueces con el ilegítimo accionar policial”, manifestaron desde la ONG. Por tal motivo, se preguntaron “qué son los derechos humanos”, y a la vez clarificaron: “Son los derechos que tenemos todas las personas que habitamos el planeta y fueron reconocidos por la mayoría de los Estados del mundo en una declaración aprobada el 10 de diciembre de 1948”.
“¿Quienes violan los derechos humanos? Los Estados que manifestaron su acuerdo con esa declaración. Y como la policía es una institución del Estado, en los casos denunciados viola los derechos humanos, y eso es inadmisible en un país democrático. Como también es inadmisible que algunos jueces sean cómplices de esas violaciones”, expresó la coordinadora.
“A las instituciones de la provincia y al poder político le reclamamos tomar cartas en este tema tan peligroso para la seguridad institucional. A toda la comunidad la invitamos a sumarse a esta campaña en defensa de las garantías constitucionales que garanticen una vida digna, dentro de la ley, para todos los ciudadanos de la provincia. Que los derechos humanos no sean una variable de ajuste cuando legítimamente reclamamos más seguridad”, manifestaron desde la ONG reconquistense.
El defensor provincial
Sobre el primero de los casos, que involucra a tres jóvenes acusados de robar una motocicleta, el diputado Toniolli dijo: “Los muchachos describen las torturas que les realizaron, hablan de submarino seco, picanas, golpes, vejaciones y degradaciones a que fueron sometidos donde se les sacaban fotos desnudos y se los humillaba constantemente durante siete días, en el medio de esta presión les hicieron firmar declaraciones sin que ellos puedan leer lo que firmaban y el juez los termina procesando en base a esas declaraciones obtenidas bajo torturas”.
“Nosotros presentamos un hábeas corpus ante la Cámara y no ante el juez competente porque dio por cierto estas declaraciones obtenidas en sede policial” señaló el dirigente del PJ. Además, aseguró que los tormentos eran fáciles de detectar a simple vista y remarcó su desacuerdo con la posibilidad de que se tomen declaraciones en sede policial sin la presencia de un abogado defensor.
Por su parte, el defensor público provincial, Gabriel Ganón, dijo que se trata de “un hecho sumamente grave del que tomamos conocimiento con el diputado Toniolli, y que debido a la crudeza y la violencia de los hechos a los que habían sido sometidos los tres jóvenes, decidimos interponer un hábeas corpus extraordinario ante la Justicia”, expresó.
Para el defensor “es un hecho de extrema gravedad institucional no sólo por el tenor de las torturas, sino porque estas personas estuvieron detenidas e incomunicadas en la comisaría de Florencia durante siete días, tiempo en el que no pudieron hablar con su familia ni tuvieron acceso a un abogado, ni cuando declararon ante la policía ni cuando lo hicieron ante el juez (Virgilio) Palud, a pesar de que ellos mismos lo pidieron”, indicó.
De igual manera el defensor general calificó el accionar del juez Virgilio Palud como “contrario al Estado de derecho: porque es un juez que no aseguró que una persona sometida a un proceso criminal entre en contacto inmediato con un abogado antes de prestar declaración”, argumentó.
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