Fueron aprobadas en el Senado
por unanimidad y por mayoría abrumadora, respectivamente. Introducen
cambios sustanciales en la legislación vigente y nacieron de reclamos
populares.
El Senado convirtió en ley anoche los
proyectos de muerte digna y de identidad de género, en sendos debates
que insumieron toda la tarde. La muerte digna (que permite la
desconexión de medios artificiales a los pacientes terminales) fue
aprobada por unanimidad con el voto de 55 senadores, en tanto que la
identidad de género obtuvo la misma cantidad de voluntades positivas
(55) pero se registró una abstención.
Ambas normas, se supone, serán
reglamentadas y sancionadas por el Poder Ejecutivo en breve tiempo y
surgieron por reclamos populares que encontraron primero eco en
Diputados. En el caso de la muerte digna fue vital el reclamo de Selva
Herbón, mamá de Camila Sánchez, una beba de tres años que nació muerta,
fue reanimada y vive desde ese momento conectada a un respirador: no ve,
no camina, no habla, no respira, no siente.
En la de identidad de género resultó desencadenante la movilización de las minorías sexuales.
La muerte digna autoriza a los
pacientes a rechazar procedimientos, cirugías y "medidas de soporte
vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionados en relación a las
perspectivas de mejoría".
Votaron a favor 55 senadores pero
cuatro de ellos hicieron la salvedad a un par de artículos, el primero y
el segundo. Se trató del santafesino Carlos Reutemann, Sonia Escudero,
Blanca Monllau y Roberto Basualdo. La justicialista disidente Escudero
pidió expresamente modificar la mencion del derecho del paciente a no
ser alimentado ni hidratado, sin torcer la voluntad del resto.
La ley modifica los derechos del
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la
salud. El paciente que presente una "enfermedad irreversible, incurable o
que se encuentre en estado terminal" tiene el "derecho a rechazar
procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de
medidas de soporte vital". Y "ningún profesional interviniente está
sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa".
La norma no implica la legalización de
la eutanasia ni el suicidio asistido, y fue analizada por especialistas
rosarinos en La Capital el domingo pasado.
En el debate participaron 23 oradores.
El primero fue el titular de la comisión de Salud y Deporte, el radical
tucumano José Cano, quien afirmó que la medida apunta a "mitigar el
dolor y los sacrificios de los pacientes y sus familiares".
Los santafesinos Roxana Latorre
(justicialista) y Rubén Giustiniani (socialista) lo hicieron luego.
Latorre expresó que la nueva ley impedirá "el encarnizamiento
terapéutico" para los casos de pacientes "irrecuperables o
irreversibles".
Giustiniani manifestó que "damos una
respuesta para terminar con el sufrimiento de miles de familias, que
padecen la extensión artificial de la vida de los pacientes". La ley "es
producto de la lucha de madres como Susana Bustamante, mamá de Melina, y
Selva Herbón, mamá de Camila, que han trabajado intensamente para
lograr esta legislación", apuntó el socialista.
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